Intendentes redoblan la presión ante los legisladores por la re-reelección

Un grupo numeroso de intendentes autoconvocados de diferentes extracciones partidarias —suman más de 250— formalizaron una nueva avanzada por la re-reelección ante la Unicameral, de cara al escenario 2023. Cansados del “manoseo” político del tema, advierten que este es el último intento y se la juegan “todo por el todo”.  Por eso la presión ya llegó a su punto máximo. Proyectan una jugada en dos tiempos. En la mañana del miércoles, una comitiva reducida encabezará el diálogo con los legisladores. Si no hay respuesta favorable, los autoconvocados amenazan con una “movilización histórica” para las próximas semanas en las puertas de la Unicameral.

El reclamo está centrado en modificar el artículo 7 de la ley 10.406 que vino a poner fin a la reelección indefinida en los municipios. No buscan “eternizarse en el poder”, argumentan los intendentes una y otra vez. El punto de la discordia es la “retroactividad” de la norma, es decir: el legislar para atrás. 

A través de las notas presentadas en la Legislatura, avaladas por el conjunto de los autoconvocados, los jefes territoriales demandaron una serie de reuniones con el vicegobernador Manuel Calvo y los jefes de los distintos bloques políticos que componen el cuerpo parlamentario.

El presidente de la bancada de Juntos UCR, Juan Jure, ya les confirmó a los jefes comunales que los recibirá en su despacho, junto a sus pares de bloque, el miércoles a las 10. Ese mismo día, los intendentes afectados por el cepo de la ley en cuestión buscarán un mano a mano con el resto de las representaciones parlamentarias. 

En paralelo, el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, del bloque Mucora, activará su jugada en el terreno judicial, que es avalada por sus pares. El radical le confirmó a PERFIL CÓRDOBA que esta semana hará una presentación ante la Justicia en contra de la “retroactividad” de la ley que impide a casi 300 intendentes de todos los colores políticos no poder pelear por un nuevo mandato en 2023. 

Reclamo formal. El volumen político de la demanda de los intendentes se plasmó en las notas dirigidas al vicegobernador Calvo y a los presidentes de los ocho bloques legislativos, firmadas por cuatro jefes territoriales (Oscar Fasoli, Pablo Alcalino, Daniel Delbono y Gastón Tomatis) que integran la Mesa Ejecutiva del conjunto de autoconvocados que suman más de 250 intendentes y jefes comunales de distintas extracciones políticas.

Este alineamiento variopinto exige puntualmente la reforma del artículo 7 de la ley para que se tome como primer mandato el período 2019-2023, y no el 2015-2019. «No es una reelección indefinida», remarcan. Este es el punto central del reclamo conjunto en torno a que, tal como está la ley, “incluye períodos de gobierno o mandatos en curso al momento de su sanción”, argumentan. Cabe recordar que la norma en cuestión fue sancionada en diciembre de 2016 y promulgada en 2017.

“El artículo 7 de la ley 10.406 claramente contradice el principio de no retroactividad de las leyes. Por lo tanto, debe ser eliminado o modificado”, afirmó Oscar Fasoli, intendente de James Craik (Comupro), al tiempo que advirtió: “No estoy de acuerdo con la reelección indefinida de nuestros gobernantes”.

En la misma línea se pronunció su par peronista Daniel Delbono (Pasco), quien se quejó de que “la ley se promulgó en 2017 y se cuenta como primer período el 2015-2019”. Se busca exponer en una mesa de diálogo a favor de un consenso “este pedido que para las localidades pequeñas tiene mucho fundamento”, acentuó.

El intendente de Huinca Renancó, Oscar Saliba (Foro Radical), abogó por una resolución consensuada a esta cuestión que motorizan los autoconvocados. “El artículo 7 desde mi punto de vista es inconstitucional. Las leyes son para adelante, no son para atrás”, aseveró a PERFIL CÓRDOBA el radical ante el pedido de que se corrija dicho articulado para poder ir por “un período más”.

Por su parte, el peronista afín al Frente de Todos, Marcelo Agustín (Alejo Ledesma), criticó duramente el cepo de la ley 10.406. Al respecto, calificó de “avasallamiento” a los municipios y aseguró que la pelea que están dando es por “el respeto a la autonomía municipal”.

Al descartar que se trate de “una reelección indefinida”, Agustín hizo foco en la demanda: “Queremos tener la posibilidad de ir de candidato en 2023, aquellos que hoy estamos imposibilitados por una ley que consideramos que es inconstitucional”.

Rosca política.  Ante este escenario, en la Legislatura hay espadas tanto oficialistas como opositoras que reconocen este “error”, pero la bancada de la mayoría —en línea con el planteo del gobernador Juan Schiaretti— demanda que el radicalismo y Juntos por el Cambio (JxC) asuman su cuota de costo político a pagar con la modificación de la ley que, en su momento, fue aprobada con el consenso opositor. En ese sentido, el peronismo busca votos en la bancada Juntos UCR, aunque sus nueve miembros se muestran firmes en la negativa. El miércoles pasado volvieron a hablar del tema y no hubo cambios en la postura grupal. 

En un pase de factura, los radicales retrucan que Hacemos por Córdoba “tiene los votos para sacar la modificación”. En el caso de JxC se muestran más proclives a atender el pedido de los intendentes, pero no quieren quedar “pegados” al oficialismo, ante el rechazo de sus pares radicales.

Ahí se encuentra el foco de presión y el tironeo que suma volumen a la rosca política. En la lectura entrelíneas, se observa que los popes de la coalición opositora (por caso, Luis Juez, Mario Negri y Ramón Mestre) y la cúpula de la UCR dan señal de cierta flexibilidad en la negativa, que inicialmente era muy cerrada. No obstante, siguen exigiendo que el PJ pague el mayor costo.

Algunos intendentes quieren retener vehículos 
Dos temas se sumarán al debate legislativo que involucra a los intendentes y jefes comunales. Ya tomó estado parlamentario la reforma a la ley 8.550 acerca del depósito de automotores secuestrados en causas penales a cargo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Este proyecto girado por el Ejecutivo —también existen otros dos de la oposición— viene a dar respuesta a la polémica por el uso de “autos judicializados” de alta gama otorgados por el TSJ “en guarda” al oficialista Oscar González y otros cinco legisladores, en su rol de presidentes de bloque, los cuales ya fueron devueltos. 

Para ver la foto completa, hay 3.432 vehículos a disposición del máximo tribunal, unos 2.500 están en poder del Estado provincial y de municipios y comunas. También funcionarios judiciales hacen uso de esos autos. 

Ante las derivaciones del ‘Caso González’, un legislador confió a PERFIL CÓRDOBA que le estalló el teléfono con llamados de intendentes pidiendo que no se les sacaran los coches que tienen asignados. Por el impacto social de supuestos “privilegios” de la casta política, el Gobierno decidió que los jefes comunales deberán devolver esos vehículos. 

Así lo plasmó en el proyecto de ley que empezará a ser tratado en los próximos días por las comisiones. Solo quedarán en manos de los municipios y comunas los vehículos para la prestación de servicios (por caso ómnibus, furgones tipo combi, tractores, maquinaria agrícola o vial). A su vez, se espera que el Poder Ejecutivo envíe una iniciativa para unificar criterios en el otorgamiento de licencias de conducir que acordará la Provincia con los municipios. Ya se empezó a hablar del tema con los intendentes.

En líneas generales, se trata de una actualización del concepto de licencia válida para conducir en todo el territorio provincial. En el borrador del proyecto se indica que la única licencia con validez para circular en la provincia será aquella emitida por centros autorizados bajo sistema Repat o Renat. Por lo tanto, las licencias que otorguen municipios no adheridos solo serán válidas en el ejido municipal, pero no fuera de ellos. En la iniciativa quedará en claro que la autoridad competente para el otorgamiento de la licencia es la del domicilio del peticionante, esto es, su municipalidad o comuna.

Desde el Gobierno afirman que la futura ley va a facultar a la autoridad de aplicación a controlar procedimientos fijados por la ley nacional y provincial en todos los organismos emisores de licencia de conducir. 

En la norma que se sancionará se determinarán las sanciones correspondientes ante posibles incumplimientos, tanto hacia el portador de la licencia no válida como hacia el organismo emisor. “Se prevén duras sanciones para quienes incumplan o vulneren la legislación”, advierten desde el Centro Cívico.