La situación de Javier Rojo, vocal de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, está actualmente en manos de la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Por presuntos hechos de maltrato laboral a una asesora letrada y a una funcionaria de su vocalía, se instruyó un sumario administrativo y está a dictamen del fiscal General. Una vez que se pronuncie, lo hará el TSJ adoptando una decisión.
Los hechos merecieron antes la intervención del Tribunal de Ética Judicial, que concluyó con un correctivo al juez Rojo para que cese en el trato hostil que dispensa a algunas mujeres.
El organismo encabezado por Armando Andruet analizó la presentación de la asesora letrada Alejandra Heredia, quien fue amenazada por Rojo en malos términos durante una audiencia en tribunales. El fiscal (ahora jubilado) Raymundo Barrera hizo constar en actas lo ocurrido y denunció la situación. A partir de ese momento, Rojo pidió que en los juicios interviniera la fiscal de Deán Funes en reemplazo de Barrera. En paralelo, una funcionaria judicial subordinada de Rojo también lo acusó de malos tratos.
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Los hechos se produjeron entre fines del 2020 e inicios del 2021. Al cabo de su investigación, el órgano deontológico comprobó que el camarista, además, “delegaba la totalidad de la confección de las sentencias correspondientes a su sala, en sus dependientes. Al respecto, el vocal ha aclarado que es él quien decide, marca criterio y proporciona herramientas y modelos que permanentemente actualiza, dando las directivas correspondientes”, se lee en la resolución final.
El Tribunal de Ética advirtió todas estas situaciones y recomendó al juez Rojo modificar sus expresiones al dirigirse al resto de las personas. En un “destacado especial” puso en consideración del TSJ que pondere “si estas consideraciones éticas realizadas desde el mejor espíritu son suficientes para reencauzar sanamente la armonía dentro de la oficina judicial y evitar que de futuro se repitan sucesos análogos. O si acaso es necesario una consideración de mayor impacto atento la inusitada y persistente gravedad que, se ha conocido, ejercitaba como una práctica corriente el doctor Rojo”.
En otras palabras, le pidió al TSJ que evalúe si era necesario aplicar sanciones al juez. Eso no ocurrió. Aparentemente, a pesar de las intervenciones relatadas no cesaron los hechos de maltrato laboral porque, en una nueva presentación realizada el mes pasado por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), volvieron a denunciar a Rojo por la forma en que se dirige a sus empleadas –todas son mujeres–. Varias pidieron traslados a otras oficinas.
Hay una nueva intervención de la Oficina de Sumarios. Se encuentra en el análisis preliminar para determinar si corresponde abrir otro proceso de investigación administrativa.
Sólo con las causas administrativas y éticas abiertas, mencionadas en esta nota, es posible imaginar el clima laboral en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, a la que Rojo se incorporó como vocal a fines de 2019.
