Mañana lunes, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones realizará una audiencia para revisar procesamientos y sobreseimientos -dictados por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja- al empresario Euclides Bugliotti, su contador Javier Fernando Guevara, directivos de Centro Motor y Siemens, en el marco de la megacausa penal económica CBI.
Según la descripción que consta en el expediente, las dos empresas ingresaban dinero en efectivo a la financiera ilegal a partir de las ventas de autos, en el caso de los representantes de Toyota; y de la recaudación del pago de cospeles en el transporte público de la ciudad, en el caso de Siemens. Esta integraba una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Rivelux y CBI. El dinero entraba a Cordubensis y, a cambio, las firmas recibían valores que depositaban en cuentas bancarias eximidas del impuesto al cheque. En el “rendimiento” del cambio de efectivo por valores y la evasión estaba la ganancia.
De Siemens, los procesados son Juan Dabusti, Carlos Abril y Raúl Alberto Toscano. Por resolución del juez quedaron desvinculados por sobreseimiento Sebastián Viano y Federico Pucheta, apoderados de la firma. En lo que se refiere a Centro Motor, el tribunal resolverá si confirma o revoca los procesamientos de Darío Onofre Ramonda (padre), Darío José Ramonda (hijo) y de Alejandro Miguel Yacopini, perteneciente a la concesionaria de Mendoza.
Guevara y Bugliotti. El tribunal debe decidir la apelación de la defensa de Javier Guevara a su procesamiento y de la Unidad de Información Financiera (UIF) a su sobreseimiento parcial. Se le atribuye el depósito de cientos de cheques provenientes de la obra social de Comercio a Cordubensis. La defraudación asciende a unos 53 millones de pesos. También analizará si se mantiene el sobreseimiento de Euclides Bugliotti por el delito de asociación ilícita.
En ese contexto, llama la atención que Guevara esté procesado por intermediación financiera ilegal y lavado de activos por los mismos hechos por los que su jefe directo, el empresario Euclides Bugliotti, fue beneficiado por la falta de mérito. Aunque la falta de mérito no implica la desvinculación total de la causa, sino que indica que las pruebas no alcanzan para un procesamiento y se debe profundizar la investigación. De todos modos, desde que se decidió la falta de mérito de Bugliotti no se incorporaron nuevas pruebas, lo que podría colocar al empresario ante un virtual sobreseimiento, y quedaría falto de reproche de todos los delitos por los que había sido imputado.
Fiscal cuestionado. El viernes 20 se realizará otra audiencia para abordar los cuestionamientos al fiscal Enrique Senestrari. Los defensores de Darío Ramonda, los abogados Manuel de Allende y Justo Casado, recusaron al funcionario atribuyéndole parcialidad al excluir el análisis de algunas pruebas en la causa. El planteo fue rechazado por el juez, Miguel Hugo Vaca Narvaja y, por apelación, ahora deberá ser tratado por la Cá- mara Federal.
No es la primera vez que el tribunal de segunda instancia debe decidir sobre un planteo de recusación. En septiembre de 2015 apartó al juez Ricardo Bustos Fierro. Paralelamente al incidente en el expediente judicial que se tramita en tribunales federales de Córdoba, los mismos abogados solicitaron el juicio político a Senestrari, con el objetivo de que sea destituido. Varios de los argumentos son los mismos sobre los que deberá pronunciarse la Cámara Federal de Córdoba. En caso de que el tribunal local los adopte y termine apartando a Senest ra r i, esa decisión podría tener un efecto directo en el pedido de Jury.
◆ Socios. En estos hechos también ingresan al análisis del tribunal la participación de los socios de la financiera: Eduardo Daniel Rodrigo, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Américo Altamirano y Aldo Hugo Ramírez.
◆ Sobreseimientos. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), por su parte, cuestionaron los sobreseimientos de Guillermo Antonio Mateo, Antonio Casado, Víctor Alaniz y de José Luis Weissbein.
ESTHER WAISER, DE PROCESADA A ESTAFADA
El 16 de agosto de 2011, por una denuncia de Afip, la Justicia realizó más de 30 allanamientos en Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Se comprobó que una banda ingresaba mercadería desde China, Panamá y Estados Unidos al menos desde 2006, tras una investigación del Juzgado Federal 1 de Córdoba, con participación del fiscal Enrique Senestrari. La banda estaba liderada por Jaime Waiser, detenido e imputado junto a otras 27 personas.
La maniobra consistía en ingresar ilegalmente al país, con facturación apócrifa, productos electrónicos. En aquel momento se calculó evasión por más de US$ 100 millones. En la actualidad, la causa está radicada en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de un planteo de competencia. De la banda habría participado, según la investigación, Esther Liliana Waiser. En el expediente de CBI, la mujer está entre las “estafadas” y reclama U$S 50 mil.
El 28 de junio de 2013 -según declaró Waiser- fue a la sucursal Dino de CBI, donde se entrevistó con Eduardo Rodrigo para informarse sobre una “operación de plazo fijo que pretendía realizar invirtiendo ahorros personales”. Así, firmó un contrato de Asistencia Financiera (mutuo y por 30 días) con CBI por U$S 60 mil, acordando el pago de un interés del 12 por ciento anual.
Según el reclamo que presentó en sede judicial, cumplido el plazo retiró solo $10 mil. Cuando se agudizaron las versiones sobre la caída de la financiera, en febrero de 2014, reclamó en la sede central de CBI el resto de sus depósitos. En su relato, Waiser señaló que Rodrigo le dijo que no le podía entregar el dinero pero “que no se preocupara, que no pasaba nada, que en dos meses iba a abrir otra sucursal”. Le ofreció cheques de pago diferido, la tranquilizó y decidió finalmente no retirar el saldo. En la actualidad su reclamo es uno como el de los tantos “ahorristas estafados” por el perjuicio patrimonial que motivó la imposibilidad de retirar los fondos.
