La creación del grupo de élite GOC fortalecerá la presencia de la DEA estadounidense en Córdoba

El de Córdoba será el tercero en el país. Hasta ahora los que están funcionando desde 2017 son los Grupos de Operación Conjunta (GOC) del NEA, con sede en Posadas, y del NOA, con sede en Salta. Ambas son zonas fronterizas.

Hace pocos años, Aníbal Fernández, quien se desempeñó como ministro de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, intentó crear otro en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, pero la idea no prosperó. Estos grupos de élite se caracterizan por integrarse con efectivos de distintas fuerzas provinciales y nacionales y la DEA (Drug Enforcement Administration), la agencia que administra el control de las drogas en Estados Unidos, es su mentora y artífice.

La semana pasada uno de los principales anuncios conjuntos de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par cordobés, Juan Pablo Quinteros, fue la creación del GOC Córdoba. La puesta en marcha parece avanzar decididamente en un contexto preocupante de extrema violencia narco en la vecina provincia de Santa Fe. El otro factor gravitante es la centralidad geográfica de Córdoba, atravesada capilarmente por rutas que conectan a todo el país.

La intervención de la DEA en un grupo que, además de ser operativo realiza inteligencia criminal, plantea varias incógnitas. Argentina, y Córdoba en particular, ¿ceden el monopolio de información estratégica a un organismo norteamericano? ¿Éste es efectivo en el pretendido combate contra las drogas si su país de origen está altamente conflictuado por el consumo de estupefacientes? Estados Unidos atraviesa una crisis de salud pública a causa de la ingesta desmedida de fentanilo que puebla sus calles de personas en estado ‘zombie’.

A ello se agrega un dato revelado por el periodista Julio Maradeo en su libro ‘La DEA en Argentina, una historia criminal’, editado por Plantea en 2022 respecto a las “cajas negras” que maneja la agencia norteamericana. Es dinero no blanqueado que se entrega como “estímulos” a quienes colaboran, trabajan o tienen vínculos en organismos de su dependencia. Allí entra una amplia gama de ‘situaciones grises’ con abogados, delincuentes buchones, jueces y efectivos de diferentes fuerzas, todos posibles receptores de esos incentivos.

En el Gobierno provincial son conscientes de este contexto, pero hoy apuntan a sumar una política de shock para mostrar la firme decisión de frenar el avance narco desde Santa Fe. Y garantizan que se cumplirá la ley a rajatabla. Pragmatismo puro.

PERFIL CÓRDOBA obtuvo definiciones de quien fue designado coordinador entre los ministerios de Seguridad provincial y nacional, Walter Gómez, un comandante mayor retirado de la Gendarmería Nacional que actualmente es subsecretario de Coordinación Operativa de la cartera que conduce Quinteros. Gómez aclaró en reiteradas oportunidades durante la charla con este medio que el GOC actuará “en conocimiento y con intervención de los juzgados federales”.

Informó que el grupo se conformará con 20 efectivos que serán seleccionados entre los miembros de la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico provincial (FPA), Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía Federal Argentina. Cada fuerza ofrecerá postulantes y de ese ‘casting’ saldrán los efectivos del GOC. Entre los 20 integrantes aseguran que habrá mujeres.

Este medio también consultó sobre qué marco legal regirá su actuación. La respuesta fue: “Lo que fijan las leyes de estupefacientes y la de inteligencia, vigentes en nuestro país”.

Primer filtro
El polígrafo es una herramienta tecnológica que arroja el perfil de la persona que es sometida a su escrutinio a través de cables conectados en su cuerpo. Permite ver las reacciones químicas y neurológicas al cuestionario que se le formula, cuyas preguntas se alternan y replantean para indagar la contundencia y coherencia de las respuestas.

En Argentina tuvo sus idas y vueltas. Durante la gestión de Sabina Frederic –primer tramo de la presidencia de Alberto Fernández– se prohibió su uso ante la sospecha de que información recabada por esa vía se utilizaría luego para extorsionar a los agentes del GOC. Poco duró esa decisión ya que su sucesor, Aníbal Fernández, lo restituyó.

En el GOC Córdoba el polígrafo será el primer filtro. Quien no lo supere, no avanzará a la siguiente fase, que será la capacitación que se desarrollará en Argentina y en Estados Unidos. A la cabeza estará el coordinador general que reportará a Bullrich y Quinteros, ambos en total sintonía en el modo de encarar al fenómeno narco local.

“El lavado de activos es clave”, puntualizó hace pocos días el ministro Quinteros al señalar la importancia de desbaratar a las grandes bandas que podrían ampliar sus operaciones en la provincia. La inteligencia criminal narco que desplegará el GOC incluirá ese aspecto. Los integrantes del grupo de elite cobrarán los sueldos de sus respectivas fuerzas y es posible que sumen algún incentivo de parte de la DEA.

Reunión en la Justicia Federal 
“Si se ataca el tema económico, se ataca el corazón del narcotráfico”. La frase pertenece a Abel Sánchez Torres, presidente de la Cámara Federal de Córdoba, quien recibió el viernes pasado a las autoridades provinciales de Seguridad, encabezadas por el ministro Juan Pablo Quinteros. Así, marcó la importancia de avanzar con más decisión hacia la investigación criminal de las grandes bandas.

Sánchez Torres admitió que el diagnóstico compartido es que “hay causas menores pero que se nota que las grandes causas contra narcotraficantes han descendido en volumen y cantidad”. Fue claro al señalar que no atribuye ese dato a la inexistencia de bandas que actúen en Córdoba sino en que es necesario “retocar algo” para generar cambios.

Además, abogó por acciones conjuntas entre las jurisdicciones provincial y federal y consideró positiva la celebración de convenios que permitan la creación del GOC del Centro, para nutrir a las fuerzas de mayor capacidad. En ese sentido, hizo hincapié en que también es necesario avanzar en forma rápida en el congelamiento de activos, el decomiso y confiscación de bienes de los narcotraficantes, pero “todo debe ser regulado por ley”.