La administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) está bajo la lupa de la Justicia. En dos meses, su sede central en Lavalle 1653, en la ciudad de Buenos Aires, fue allanada en tres oportunidades. También hubo procedimientos en el domicilio particular del director, Aldo Tonón, cuyas funciones fueron recortadas.
La particularidad que presenta es que se trata de un organismo que presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país, que depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más concretamente de la vocalía de uno de sus ministros, el cordobés Juan Carlos Maqueda.
PERFIL CÓRDOBA es testigo del malestar, desde hace años, de afiliados disconformes con la prestación y el anquilosado sistema de autorizaciones para acceder a las prestaciones. Mueve cifras importantes porque se nutre de aportes de afiliados que pertenecen a un sector con alto nivel salarial.
El expediente judicial se abrió el 14 de septiembre por la denuncia de un empleado informático de la OSPJN. A partir de ahí, se descubrió una caja de Pandora. Se detectó una lista de supuestos ‘afiliados VIP’, con coberturas mayores al resto. Pero lo más importante fue que se desnudó la vulnerabilidad de la gestión informática, administrativa y financiera.
Auditoría. La Corte Suprema encargó una auditoría a una comisión de cinco especialistas, después de recibir un informe lapidario de la Secretaría General de Administración del alto tribunal. El 4 de octubre último los ministros habían recibido un informe rotundo por parte de funcionarios de la Corte que analizaron la estructura de la obra social.
Es una radiografía del desorden: carencia de gestión, sin sistemas que permitan los controles, contrataciones directas, sin presupuesto, con diferencias en los inventarios de la farmacia. Tan solo con leer las observaciones y sugerencias cabe la pregunta sobre cómo pudo funcionar en esas condiciones.
El expediente está radicado en el Juzgado de Daniel Rafecas y la fiscalía de Carlos Rívolo.
En la enorme lista de presuntas irregularidades en la gestión y administración de la obra social, se mezclaron aspectos personales con consecuencias funcionales. En efecto, la acusación que pesa sobre Tonón es por el presunto uso indebido de herramientas del organismo con las que habría ejercido persecución contra empleados de la entidad. En el mar de señalamientos, hay referencias a Córdoba.
Según la presentación que hizo la semana pasada uno de los gremios en el juzgado de Rafecas, para constituirse en querellante, figuran dos empresas cordobesas sospechadas de irregularidades. PERFIL CÓRDOBA tuvo acceso al contenido del pedido del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju).
Las dos empresas mencionadas son Emergencias Médicas Integrales SA (EMI) y Farmandat.
EMI. Según la denuncia, la firma dedicada al servicio de urgencias no tendría cobertura en todas las provincias y habría accedido al contrato a través de una licitación en la que flexibilizaron los requisitos para que pudiera ganarla. “Conocemos ahora que esa empresa no cumplía con los requisitos mínimos, pues en el pliego se requiere patrimonio mínimo equivalente a 24 meses de prestación del servicio, y el piso fue reducido a 12 meses para que se pudiera adjudicar a dicha empresa, pero tampoco cumplió con ese requisito”, puntualiza el escrito que agrega que durante 10 años recibió por los contratos alrededor de $100 millones.
Farmandat SA. El gremio advierte que tendría la función de controlar las recetas que presentaban las farmacias en todo el país, cuando en realidad figura con sede solo en la ciudad de Córdoba. “No existiría ninguna infraestructura de empresa y solamente sería una empresa fantasma”, denuncia al señalar que el contralor de las prescripciones es realizado por los empleados de la obra social. El objeto social declarado por Farmandat es: asesoramiento técnico y profesional a los financiadores de servicios de salud, para optimizar sus relaciones con los fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos para sus afiliados. Sobre esa afirmación, denuncian que “se llevaba una suma millonaria para brindar asesoramiento a los funcionarios de la obra social”, es decir, cumplir el mismo rol que debían desarrollar los directivos de OSPJN.
Como titular de Farmandat figura Oscar Bonangelino. Es una de las firmas sospechadas en otra causa judicial, referida a la “mafia de los medicamentos” y en la que se investigan a unas 80 obras sociales.
El otro blanco de las críticas es el ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, un hombre de trayectoria política y cargos en la función pública provincial durante el gobierno de José Manuel de la Sota. Denuncian el nombramiento de una sobrina del supremo como tesorera de la obra social judicial.
Connivencia. El Sindicato de Trabajadores Judiciales pidió al juez Rafecas ser parte del expediente en representación del interés de los afiliados que son empleados del Poder Judicial. Y, además, porque la sola intervención del Ministerio Público Fiscal no da garantías por “las conexiones existentes entre los distintos miembros de la Justicia, que no garantizan la debida transparencia”.
RADIOGRAFÍA DEL DESCONTROL
El informe de la Secretaría General de Administración elevada a la Corte el 4 de octubre pasado advierte respecto a la situación económica-financiera de la OSPJN:
◆ Carencia de sistema de gestión económicafinanciera.
◆ Las áreas contables y de tesorería no disponen de sistema informático adecuado.
◆ La Tesorería funciona como una caja pagadora, sin un sistema que permita realizar el proceso de conciliación bancaria.
◆ Para elaborar los estados contables, se contrató a contadores externos.
◆ No se formulan los presupuestos institucionales ni se establecen proyecciones de ingresos y gastos.
◆ Se registran importantes compras directas.
◆ Hay diferencias en el inventario de medicamentos e insumos de la Farmacia Social.
◆ Se destruye material farmacéutico como práctica normalizada.
“No tenemos inconvenientes en presentar los requisitos que pidan”
El gerente de Emergencias Médicas Integrales SA (EMI), Christian Sancho, dijo estar sorprendido por el señalamiento a la empresa en la investigación judicial a la obra social de los trabajadores judiciales nacionales. “No tenemos información”, respondió a la consulta de este medio sobre si habían sido convocados desde el juzgado o si conocían el tenor del expediente.
Explicó que realizan la prestación de emergencias a la OSPJN desde 2006 y que, periódicamente, participan de las licitaciones para continuar con el contrato. El servicio de emergencias de EMI abarca a todo el interior, en las localidades donde tienen sus sedes los tribunales federales, excepto en Buenos Aires.
Aclaró que en todas las provincias contratan, a la vez, otras prestadoras. “Son redes de empresas de ambulancias, en todas las ciudades se brinda el servicio aunque no todos los equipos pertenecen a EMI”, indicó aclarando que no hay una firma que cuente con unidades propias en todo el país.
Respecto a si flexibilizaron las condiciones para posibilitarles participar de la compulsa de precios, Sancho dijo desconocer los motivos por los que se establecen los requisitos. “No tenemos problemas para cumplir lo que se pide en los contratos. Si piden 10 ponemos 10, si piden 20 tenemos 20 y si piden 100, veremos si podemos presentarnos”, sentenció.
