El conflicto con la Ley de Biocombustibles radica en que la prórroga vence en mayo y fue uno de los puntos que se acordó en Diputados para llamar a sesiones en enero y febrero, pero el presidente Alberto Fernández no solo no lo incorporó al temario, sino que ahora expresó su opinión de que la ley 26.093 debería mejorarse.
Esto provocó malestar entre los representantes cordobeses, quienes siguen reclamando la incorporación del tratamiento en este período legislativo excepcional.
También la oposición. Si bien los parlamentarios de Córdoba Federal, con el diputado Carlos Gutiérrez a la cabeza, y el interbloque, ya exigieron al Gobierno nacional el tratamiento de la ley de biocombustibles, es ahora el turno de los legisladores de la oposición, quienes también reclaman que se cumpla con lo pactado antes de que comiencen las ordinarias.
En este sentido, el diputado de Juntos por el Cambio Diego Mestre, señaló a PERFIL CÓRDOBA que “las extraordinarias vienen complicadas”.
“El jueves pudimos tratar cuatro proyectos porque lo que pasó en diciembre fue prórroga de ordinarias, se convocó a extraordinarias y recién ahora se pudo hacer la sesión. Queríamos que se incluyera la ley de biocombustibles, que según lo había anunciado Sergio Massa se iba a tratar el 19 de enero, pero parece que no hay acuerdo en el Frente de Todos. Las provincias petroleras del sur, sobre todo, hacen lobby para que no se prorrogue la ley. Para nosotros es fundamental el tratamiento, ya nos juntamos con representantes del sector. Es más, creo que no solamente hay que prorrogarla, sino aumentar el porcentaje de corte. Cuanto menos lo que queríamos, entendiendo que hay 10 provincias que se benefician con la prórroga de la ley, pero no hay acuerdo. También se venció el protocolo de funcionamiento, porque hay que volver a discutirlo y solo quedan dos semanas para que empiecen las ordinarias”, valoró el radical y añadió: “Deberíamos juntarnos los diputados de la Región Centro y hacer un planteo general, que a su vez sea avalado por los gobernadores, porque en nuestro caso, para Córdoba, la ley tiene una implicancia muy grande para todo el sector productivo por lo que deberíamos demandar su tratamiento dentro de las sesiones extraordinarias. Pero no debemos dejarnos presionar por los sureños y son las provincias petroleras del sur, junto a las grandes petroleras, que están haciendo lobby para que esta ley no salga”, finalizó Mestre.
Por su parte, y en una línea más dura, el diputado Luis Juez declaró a este diario: “Es increíble cómo el lobby petrolero se opone a un tema que al país le vendría bárbaro. Era uno de los asuntos por los cuales habían llamado a extraordinarias y no cumplieron. Entonces, creo que si no podemos poner sobre la mesa una agenda que tenga que ver con la realidad propia de la provincia, habría que condicionar nuestra participación en este tipo de sesiones, porque si no podemos discutir un tema importante para la economía de las provincias productoras de materia prima, me parece que tenemos que condicionar nuestra presencia en las próximas extraordinarias”.
Ganancias sí. No todo es materia de discordia en la Cámara baja del Congreso de la Nación. Un punto de acuerdo es la reforma a la ley del Impuesto a las Ganancias.
Si bien la oposición pidió que se incluyeran algunas modificaciones relacionadas con los autónomos —que no son abarcados por ningún tipo de beneficio— y para quienes pasan el tope de los 150 mil pesos a 150. 001 pesos, que seguirán tributando con la misma escala.
A pesar de estas modificaciones, desde la oposición acompañarían esta iniciativa. Al respecto, Juez señaló: “Si hay alguna dificultad por la ley de ganancias es dentro del oficialismo y no en la oposición; es imposible estar en contra de los trabajadores, de que una vez por todas no se les cobre Ganancias”.
“Lo que debería plantear el Gobierno en una discusión de fondo –sumó Mestre–. Apelamos a una modificación integral de la ley, en todas las escalas, y las promesas del Presidente de ampliar la reforma tributaria, que es una discusión que se tiene que dar, porque los impuestos en Argentina son confiscatorios”.
“Otro tema es que el Frente de Todos dice que este proyecto va a tener un costo de $40.000 millones, pero según los datos que manejamos es por lo menos el doble de ese monto y no dijeron de dónde los sacarán; porque si lo van a financiar con más emisión y más déficit, se va a traducir en más inflación. Esto se contradice con la idea de hacer las Paso, que las quieren suspender con el pretexto del costo económico y ahora quieren elevar el mínimo no imponible que saca a la caja del gobierno unos $80.000 millones. Sin embargo, de igual manera acompañaremos el proyecto”, finalizó el diputado.
Soledad Romero García
Si bien la medida que beneficia a 10 provincias, entre ellas Córdoba, ya tiene media sanción del Senado, sigue sin incluirse dentro del temario de las sesiones extraordinarias.
