"Tres días de tranquilidad en los mercados no significa que las cosas se hayan resuelto", admitió el presidente Mauricio Macri. La nueva estrategia de ‘cable a tierra’ que asumió el discurso oficial se hará más necesaria en los próximos días, seguramente, cuando se conozcan los datos sobre pobreza. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA anticipó que se ubicaría en torno al 33% y que la indigencia afecta a uno de cada diez argentinos.
“No es el FMI lo que preocupa a Macri sino un último informe de la Ocde que incluye a la Argentina”, confió a este medio una fuente próxima al Gobierno. Se trata del paper titulado "¿Un elevador social descompuesto? Cómo promover la movilidad social", donde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) establece que para salir de la pobreza un niño argentino tendrá que esperar seis generaciones. Son 150 años para superar el estado de postración económico-social-psicológica de colectivos vulnerables, donde cada vez hay más niños, según la UCA.
El relato de la ‘pobreza cero’ quedó enterrado por las montañas de evidencias de la crisis estructural que atraviesa la Argentina. El próximo martes, esa crisis tendrá un histórico enfoque de fondo con el cierre del Presupuesto 2019. Y no porque ese enfoque sea creativo en las respuestas que propone sino porque por primera vez se plantea como objetivo llegar a un déficit cero, a partir del acuerdo de políticas entre la Nación y las provincias. Pero, ¿de verdad hay acuerdo?
Verdades ‘de cajón’. No fue el debate profundo sino la realidad lo que llevó a Casa Rosada y a gobernadores a coincidir en tres realidades: la primera y más relevante es que no se atravesaba “una tormenta” sino una “emergencia por crisis terminal”; la segunda demostró que el ajuste se tornó inevitable y, la tercera, que el punto de partida era, una vez más, el reacomodamiento de precios relativos. Lo explica el economista del Ieral, Jorge Vasconcelos: “El gradualismo no ha sido un sustituto del shock, sino que sólo lo postergó, hasta un momento inoportuno en términos políticos y con efectos muy serios sobre la inflación, la conflictividad social y la pobreza”.
El punto de quiebre de esta tensión acumulada se dio cuando el dólar rozó los $42. Según coincide todo el espectro de economistas, desde los más críticos hasta los más afines al Gobierno, el overshooting (sobrereacción de los mercados) “ya pasó” y ahora cabría esperar oscilaciones en la banda de $38 a $40, conforme se vaya comportando la inflación y la capacidad del Banco Central para actuar frente a nuevas pulseadas del mercado y eventos externos.
Paradójicamente, esta delicada tranquilidad cambiaria trasladó la tensión al escenario de los ajustes, allí donde los funcionarios tienen que definir qué recortar, qué mantener subsidiado, dónde y cómo aumentar impuestos para llegar al déficit cero sin terminar de hundir la economía. Mientras tanto, ‘la calle’ espera las decisiones soportando una inflación mensual del 4%, tasas del 60%, presión tributaria total del 33,8% y una caída de la actividad del 6,7%. Claramente, “tres días de tranquilidad cambiaria no indican que las cosas se hayan resuelto”. Entonces ¿quién pondrá el esfuerzo adicional?
Puja de intereses. Cuando el presidente Macri pidió que en esta emergencia “todos pongan un poco”, las provincias tomaron al pie de la letra la consigna y sugirieron “ampliar la base recaudatoria” poniendo al Poder Judicial en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía en materia de pago de impuestos a las Ganancias. Pero, parece ser que “todos, no son todos-todos”.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, salió a desmentir que se estudie esta posibilidad que había sido anticipada por los ministros de Finanzas provinciales. “No se analizan impuestos sobre otros poderes”, dijo Frigerio.
Como el Ejecutivo nacional, aparentemente, no se atreve en la actual coyuntura a dar este paso sobre la corporación judicial, existe el riesgo de que la actividad privada y la ciudadanía en general (entre ellos los sectores más vulnerables) terminen compensando la ‘frazada siempre corta’ de los recursos.
¿Qué está en juego? Por ejemplo: los $15.000 millones de subsidios para la tarifa social eléctrica. Primero era un gasto transferido a provincias; el viernes, el ministro Nicolás Dujovne anunció que lo regresaba a la Nación; pero, este sábado trascendió que el ministro Frigerio daría una última pelea para que lo absorban los gobiernos federales.
Otro tema urticante: el cumplimiento del Consenso Fiscal. Con las nuevas retenciones, la disminución de reintegros y el incremento de tarifas (en el caso de Córdoba, en todos los servicios: eléctrico, de agua, de gas), las empresas esperan es que se cumpla con la agenda de reducción de Sellos e Ingresos Brutos. Sin embargo, los gobernadores buscan una adenda al Consenso para postergar su cumplimiento, al menos en el gravamen sobre Sellos.
No se descarta también que haya alguna sorpresa final sobre el impuesto a los Bienes Personales, e incluso Monotributo.
"Hay que decirle la verdad a la gente y bajar los gastos de la política. Dar el ejemplo y después sentarse a hablar sobre qué privilegios estamos pagando, en este presupuesto, que no corresponden", dijo el presidente Macri durante su visita a Córdoba, en mayo, cuando participó de la Mesa Productiva Automotriz. “Córdoba quiere que haya un presupuesto donde el esfuerzo que hay que hacer sea justo y equitativo", aseguró por su lado el gobernador Juan Schiaretti, el 29 de agosto pasado.
Las declaraciones van y vienen, mientras las facturas adicionales siguen a cargo del contribuyente. De parte de ninguna de las 24 provincias se conocieron programas sustanciales de reducción de gastos, sobre todos los relacionados a la política. El año electoral está a la vuelta de la esquina.
Mientras ese tiempo se aproxima, Argentina transita un nuevo ciclo recesivo. “Es uno más de un prolongado ciclo de stop-and-go en el que se encuentra atrapada la economía desde 2011. Las fases expansivas del ciclo ocurrieron en 2011, 2013, 2015, 2017 —coincidiendo con los años electorales— y las recesivas en 2012, 2014, 2016 y, probablemente, 2018”, concluye el economista e investigador Martín Rapetti, director de Desarrollo Económico del CIPPEC.
