Muchos de los conflictos que, con mayor o menor intensidad, emergen en los últimos tiempos en los hospitales provinciales tal vez pueden explicarse a través de los números del presupuesto de la Provincia de Córdoba.
En los fondos que se aplican a cada área de gobierno y a cada partida es donde mueren las palabras y se patenta la realidad. De la misma manera, de la previsión anual del gasto surge lo que vendrá. Es decir, lo que el Estado dispone para cada área y programa.
¿Qué “dicen” entonces los presupuestos de la Provincia de Córdoba con respecto a la salud?
Para empezar, que el porcentaje de recursos del total del presupuesto destinado al Ministerio de Salud tanto en 2017 (de acuerdo con la cuenta de inversión) como en 2018 (sobre el gasto previsto) es el más bajo desde 2007, es decir el menor de los últimos 12 años. Ambos indicadores, además, están por debajo del promedio para el período.
De los datos surge, además, que ya en el interior de la cartera sanitaria, en los dos últimos años el mayor ajuste se aplica a personal y bienes de consumo (insumos). La información proviene de un estudio realizado por Iván Ase, médico, magíster en administración pública, docente e investigador del Iifap (UNC) a pedido de PERFIL Córdoba.
En la provincia, 1.250.000 personas no tienen cobertura médica y dependen del sistema público, a las que se suman otras 350 mil que, aunque tienen obra social, se atienden en los hospitales, así como 68 mil del programa Profe, según datos oficiales de la cartera sanitaria.
Una porción que se achica. En concreto, el año pasado la porción del presupuesto provincial adjudicada al Ministerio de Salud se redujo del 9,3% correspondiente a 2016, y del 10 por ciento de 2015, a sólo el 8,56% del total. Para 2018, mientras tanto, el porcentaje sólo llega al 8,6 por ciento. En el período 2007- 2017, a su vez, el promedio del gasto en salud en la provincia fue del 9,39%. Además, si bien en 2017 el gasto de la cartera sanitaria se incrementó nominalmente un 21,71% con respecto a 2016, lo hizo por debajo de la inflación de ese año (24,8% IPC Nacional Indec), con la consiguiente pérdida de recursos. Para Ase, esa situación implica un ajuste real del gasto de casi el 5%.
Para este año, entretanto, también se prevé un aumento, en este caso del 23,96%, que en función de las últimas mediciones de la inflación, seguramente volverá a quedar por debajo, y por lo tanto, otra vez con ajuste.
Recursos humanos en la mira. En ese contexto, los crecientes reclamos por parte de gremios y de profesionales que denuncian que los hospitales carecen de suficientes recursos humanos para poder funcionar en forma adecuada, también encuentran una contrapartida en el presupuesto provincial.
Y es que se advierte una significativa merma en los recursos destinados a personal sobre el total de los fondos asignados al Ministerio de Salud. “Esa partida venía en aumento y tragándose la mayoría de los recursos, por lo que se advierte un cambio en la estrategia para reducirla y volver al porcentaje que representaba años atrás”, señaló el investigador.
Mientras en 2016 esa partida insumía el 70,5% de los recursos de la cartera, en 2017 se redujo al 67,4 para llegar a sólo el 62% este año, que constituye el indicador más bajo de los últimos 11 años (en 2007 el personal representó el 61,2 por ciento del gasto de Salud). “Y esto, con el agravante de que estos números son sobre el ya menor porcentaje de recursos destinados al Ministerio de Salud sobre el total de gasto provincial también de los últimos 11 años”, advirtió Ase.
De esa manera, los recursos humanos sufren dos ajustes: el que la Provincia hace sobre la cartera sanitaria, y el que ésta hace en sus propias partidas. “En 2017 la partida de personal solo se incrementó un 16,26%, es decir que ni siquiera cubre los aumentos salariales que, según el Gobierno provincial, rondaron ese año en promedio el 25%. Implica que el ajuste indudablemente se hizo sobre los cargos ocupados”, explicó el investigador.
En la misma dirección, alertó que este año el número de cargos presupuestados son 12.857, mientras que en 2017 habían sido 13.308 (incluyendo personal de planta permanente, interino, suplente y contratos), lo que significa que presupuestariamente se perdieron 451 cargos. “Además, no necesariamente los cargos que se incluyen en la previsión de gasto se ocupan luego de que se producen vacantes por jubilaciones, renuncias o fallecimientos. De hecho, esa ha sido la principal estrategia de reducción de personal en los últimos dos años: no cubrir las altas por bajas en forma sistemática”, indicó.
En off y en voz baja –porque sigue vigente el memo que prohíbe a los funcionarios de Salud hablar con la prensa sin autorización previa del nivel central- algunos directivos se lamentan de esa situación. Admiten que las vacantes que se cubren son muchas menos que las bajas que se registran y que eso genera dificultades en el funcionamiento de los hospitales.
“Hoy la falta de recursos humanos es por lejos el principal problema que tenemos, porque la infraestructura se fue mejorando, y también la aparatología”, reconoció uno de ellos.
“Una estimación de los últimos años es que cada ocho bajas hubo sólo un alta en el sistema. Y eso trae como consecuencia que hay áreas, muchas de ellas críticas como las guardias, terapias intensivas y unidades de cuidados intermedios, que son muy difíciles de cubrir en forma adecuada”, dijo.
Además, ese achicamiento se da en un contexto de ampliación de hospitales y apertura de nuevos servicios. “La estrategia del Ministerio fue redistribuir personal entre los distintos establecimientos con pases en comisión, y con eso se pudo paliar algo, pero está lejos de ser la solución”, señaló la fuente.
Los otros grandes perdedores a la hora de ajustar el cinturón sanitario son los insumos, según surge de los números del presupuesto. La partida de bienes de consumo, en efecto, sólo crece el 13,73 por ciento entre 2016 y 2017, muy por debajo de la inflación de 24,8 por ciento.
Lo que aumenta. En cambio, en consonancia con el modelo elegido por el Poder Ejecutivo, lo que aumenta en forma significativa en el mismo período son las partidas de bienes de capital (aparatología, bienes durables) que crece un 159% (de 93,5 millones de pesos a 242,7), y la de trabajos públicos (obras nuevas), que trepa el 1000% (de 22,7 millones a 250,6 millones).
En esa línea, en la presentación del presupuesto 2018 en la Legislatura provincial en diciembre pasado, el ministro de Salud, Francisco Fortuna, se explayó sobre las numerosas obras que están en marcha en los hospitales de Capital e interior y la nueva aparatología que, según la versión taquigráfica, representará una inversión que estimó en dos mil millones de pesos.
A su vez, solo hizo referencia a los recursos humanos ante una pregunta de la legisladora opositora Liliana Montero, que advirtió un achicamiento, lo que fue negado por el funcionario. “Las obras legitiman política y electoralmente ante el conjunto de la sociedad. Los déficits de funcionamiento y la pérdida en la calidad de los servicios, en cambio, los padecen sólo quienes los usan, y muchas veces esos problemas son invisibilizados”, consideró Ase.
Además, de acuerdo con el investigador, ese aumento escondería en realidad una reasignación de fondos que antes se ejecutaban en otro ministerio provincial. Y esto, en la práctica, no es otra cosa que un nuevo ajuste que se suma a la merma global del gasto provincial asignado a la cartera sanitaria.
“Lo habitual era que las obras nuevas y el mantenimiento se incluyeran en el Ministerio de Obras Públicas, pero en los dos últimos años ese gasto comenzó a desplazarse al Ministerio de Salud”, explicó.
Así, mientras en 2017 el plan de obras de la cartera sanitaria implicó un gasto de 247,5 millones de pesos, en 2018 esa partida salta a 464,2 millones de pesos, lo que representa un incremento del 87,5%. Pero en forma paralela, las obras destinadas a Salud gestionadas desde el Ministerio de Obras Públicas caen de 174,4 millones en 2017 a 71,5 millones para este año, con una merma del 59%.
En cualquier caso, lo que develan las cifras frías del presupuesto es que la estrategia encarada en la última gestión provincial para que los números cierren en el Ministerio de Salud, no se modificará.
“Los recursos asignados son suficientes”
El ministro de Salud de la Provincia, Francisco Fortuna, aseguró que los recursos dispuestos por la Provincia para la cartera sanitaria “son suficientes”, al tiempo que afirmó que la asignación de las partidas por parte de ese ministerio “responde a las nuevas demandas del sistema sanitario”.
“La ejecución del presupuesto es dinámica”, dijo Fortuna, al tiempo que señaló que crece la inversión en infraestructura y equipamiento tanto en los hospitales de Capital como del interior porque lo consideran necesario, en tanto que “en recursos humanos es suficiente”.
“Pero con respecto al personal, de ninguna manera proyectamos reducirlo. Sí ocurre que es un número muy dinámico que va cambiando en la medida en que hay personas que se jubilan, pero en forma permanente venimos incorporando altas por bajas, a lo que se suman situaciones especiales donde también se agregan recursos humanos y unidades críticas, como ahora con el Plan de Contingencia por las infecciones respiratorias”, dijo.
Al respecto, aseguró que actualmente el número total de agentes a los que se pagan sueldos asciende a 15.345, sin contar las locaciones de servicios. También dijo que en 2017 hubo 636 altas, aunque no precisó cuántas fueron las bajas.
“Además, estamos realizando un proceso de mejora del sistema que permite optimizar los recursos, por ejemplo de la mano de la historia clínica electrónica, la nueva gestión del sistema de farmacias, la compulsa electrónica para comprar insumos, o incluso sumando tecnología, como los respiradores de alto flujo, que requiere menos personal. Pero a los recursos humanos los vamos adecuando a las necesidades del sistema”, indicó.
“El sistema sanitario es muy eficiente en la resolución de las urgencias y emergencias, con gran capacidad operativa, pero debe mejorar en la asistencia programada”, sostuvo, y señaló que eso implica una organización más racional de los recursos y una mayor adhesión.
“Por ejemplo la reducción de las inasistencias (con especial referencia a las carpetas médicas en enfermería) y el cumplimiento del contrato laboral”, dijo. “Para eso es necesario un cambio cultural que modifique la forma histórica de funcionamiento del sistema de salud, poniendo el eje en el servicio al vecino para que reciba una mejor prestación”, finalizó.
“Se pone el eje en la enfermedad y no en la salud”
Desde la oposición, hay una mirada crítica a las prioridades que fija el Gobierno provincial en materia de salud.
Para la legisladora opositora Liliana Montero, el principal problema que surge de las prioridades sanitarias que fija en su presupuesto el Ejecutivo provincial, es que la mirada, y por lo tanto el eje de la gestión, están puestos en la enfermedad y no en la salud.
“Por eso hay una gran inversión en obra pública y una absoluta desinversión en materia de prevención, que se basa en los recursos humanos, lo que puede resumirse en una mirada hospitalocéntrica en lugar de una perspectiva sanitarista, que es hacia donde avanza el mundo”, sostuvo.
“Además, esta inversión en infraestructura es computada por el Gobierno como recursos de Salud, cuando deberían ser de Obras Públicas. Pero al hacerlo así, mentirosamente se pretende mostrar que hay mayor presupuesto destinado a la cartera sanitaria”, agregó.
“Y es grave que se sigan construyendo hospitales o servicios dentro de los ya existentes, y que esto no vaya acompañado de los recursos humanos necesarios, o que se incorporen en forma precarizada y después esas áreas terminen tercerizadas al sector privado”, dijo.
“También es altamente preocupante la baja en el porcentaje del presupuesto de salud en los últimos años, que es, en promedio, más bajo que en la primera gestión de Juan Schiaretti (9,26 %) y también que en la última de José Manuel de la Sota (9,91%), lo que pone en evidencia que ha existido una decisión política de recortar en esa área. Y ese desfinanciamiento, aunque afecta a todos los cordobeses, impacta en particular sobre los más vulnerables”, advirtió.
Por su parte, la legisladora provincial Elisa Caffaratti, integrante del Bloque de la UCR/ Interbloque Cambiemos, señaló que “lo que se ve es que cada año hay muchas obras prometidas, algunas desde hace mucho tiempo, que se repiten de presupuesto en presupuesto, que no se inician o no se terminan de concretar”.
“También hay como un modelo que es que ante cada elección prometen construir dos o tres hospitales, como el de Avenida Japón, que vienen anunciando desde 2011 y recién ahora está avanzando.”
Y subrayó la situación del hospital de Río Tercero, y el de San José de la Dormida, “que también vienen demorados desde hace muchos años”.
Mencionó el caso emblemático del hospital Florencio Díaz de la ciudad de Córdoba, que fue inaugurado por el gobernador Juan Schiaretti en agosto de 2011 durante su anterior gestión, y puesto en funcionamiento recién el año pasado. “Eran unas instalaciones magníficas, que no eran otra cosa que un cascarón vacío, porque no había sido dotado del personal necesario para funcionar como había sido concebido”, puntualizó.
