La rosca legislativa al borde del estallido ante las acusaciones contra Myrian Prunotto y Nadia Fernández, por el destrato a radicales, y las amenazas oficialistas de apartar a cambiemistas imputados por la justicia –apuntan a Carlos Briner y Gloria Pereyra–, entró en el terreno de máxima tensión al sumarse el repudio peronista a Rodrigo de Loredo y el embate opositor contra el PJ en el poder por la corrupción en altos mandos de la Policía.
Estos dos últimos casos avivarán el fuego cruzado entre las espadas oficialistas y los halcones cambiemistas que promete escalar en la sesión de este martes, aunque está por verse la magnitud del asunto. Será un día antes de lo habitual ya que el miércoles la mayoría participará del megaevento de la Conferencia Climática Internacional en el Centro de Convenciones.
“Todas nuestras sesiones son tensas”, comentó un oficialista consultado por el fuerte roce de este martes que se proyecta afuera y dentro del hemiciclo legislativo. El PJ y Juntos “ampliado” cruzarán fuego, pero casi siempre se desmadra por las chicanas subidas de tono. Las últimas sesiones fueron “un chiquero”, lo advierten más de uno, en ambos bandos.
El oficialismo fogonea el repudio y rechazo de la Cámara al diputado De Loredo por el uso “injuriante” de la IA en un video contra el gobernador Martín Llaryora. Por su parte, los halcones cambiemistas –y hasta el libertario Agustín Spaccesi– desplegarán su embestida contra el peronismo en el poder por la corrupción en las cúpulas policiales tras estallar el escándalo de la detención del jefe de la Policía Caminera, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, y otros comisarios acusados de integrar una red de estafas.
La andanada de proyectos de un lado y del otro ingresarán al recinto con pedido de tratamiento sobre tablas. Tanto el PJ como la oposición necesitan reunir los 2/3 de los votos (46), que ninguno los tiene por la paridad, para habilitar el debate, con el riesgo posterior en las votaciones. En la previa, Labor Parlamentaria volverá a ser una batalla campal por fijar la agenda y la dinámica del plenario que será el último, antes del receso invernal.
En un primer momento se habló de una posible “negociación”, una especie de toma y daca, para dar paso a la discusión de los dos temas candentes. En el oficialismo la descartaron de plano. Es que el nuevo escándalo en la Policía cobró real magnitud y se instaló en la opinión pública.
Para salir del atolladero, oficialistas y funcionarios repitieron como un mantra la frase acuñada por el PJ en el poder: “Cuando interviene la justicia, la política se calla”. Fue la expresión que utilizó Quinteros para contrarrestar las duras críticas de la oposición cambiemista que salió a coro a pedirle la renuncia, pero que también apuntó más arriba: al propio gobernador.
“Nosotros no encubrimos”, afirmó el ministro en su descargo, al tiempo que insistió que el gobierno actual está llevando adelante “la mayor transformación histórica de la policía”. “Trabajamos para depurar la fuerza policial”, remarcó Quinteros.
Arremetida opositora
El juecista Walter Nostrala le pidió a Llaryora que se haga cargo de “un ministro que no tiene ni plan, ni equipo ni experiencia” para combatir la inseguridad. “El ministro Quinteros ascendió a Ochoa Roldán”, lanzó el halcón opositor al insistir en su reclamo de que sea apartado del cargo.
Su líder, Luis Juez, fue al hueso en su demanda: “Que el gobernador le pida la renuncia al inútil del ministro de seguridad que tenemos que es el responsable de este jefe de Policía (Leonardo Gutiérrez) y de su secretario privado, que es el jefe de la Caminera (Ochoa Roldán)”.
La representación radical no se quedó atrás en su embate contra Quinteros y el peronismo en el poder. “¿Nadie sospechaba nada? Evidentemente el ministro Quinteros no. De hecho, volvió a premiar con un ascenso a un efectivo que termina tras las rejas por corrupción”, cuestionó.
“Este nuevo escándalo responde a 26 años de un gobierno que, evidentemente, se está cayendo a pedazos. Que ya no puede esconder con la mano la impunidad y la negligencia con la que se maneja”, fustigó en un pronunciamiento la bancada conducida por Matías Gvozdenovich. “Esto evidencia más de 20 años de improvisación combinado con corrupción: una bomba explosiva”, completó la deloredista Alejandra Ferrero.
En el cúmulo de munición pesada que prepara Juntos por el Cambio “ampliado” –entre interpelaciones, apartamientos y el análisis de un eventual juicio político– el radical Dante Rossi insistió con su proyecto de “intervención” de la Policía de Córdoba y avanzar hacia “un triple control” de las fuerzas de seguridad.
El mileista Gregorio Hernández Maqueda fogonea una consulta popular “para ver si la gente quiere mantener la Caminera o no” y una denuncia al fiscal Guillermo González. “No puede hacer una conferencia de prensa con el jefe (por Quinteros) de los tipos que metió detenidos. Es una locura, lo tendría que estar citando, mínimo en calidad de testigo, si no imputado”, dijo.
Al fijar postura, Agustín Spaccesi expresó su rechazo por la “corrupción” en la Policía y cargó duro contra el oficialismo. “El silencio también es complicidad”, aportó. “Este nuevo escándalo no es un hecho aislado sino un síntoma de un sistema podrido”, advirtió.
“Mientras el gobierno provincial tapa el sol con las manos, los cordobeses seguimos desprotegidos frente a una fuerza que, lejos de cuidarnos, parece estar dedicada a negocios paralelos con información sensible del Estado”, remató el libertario al exigir “una purga real” de la Policía.
Réplica oficialista
Miguel Siciliano acusó a Juntos de tener “doble vara” e intentar “sacar rédito (político) de una causa judicial tan sensible”. “Lo que en Buenos Aires, bajo la gestión de Patricia Bullrich, es celebrado como un gesto de valentía, en Córdoba es utilizado por dirigentes como Juez o De Loredo, para hacer política barata”. “Aquí la Justicia actuó –y sigue actuando– sin interferencias ni condicionamientos”, dijo y enfatizó que el gobierno garantiza que en Córdoba “no haya impunidad”.
Por su parte, el legislador Facundo Torres buscará que la Cámara repudie y rechace el falso video que publicó De Loredo que recrea con inteligencia artificial (IA) la imagen y la voz del gobernador Llaryora, lo que se conoce como "deepfake". Es de “una gravedad institucional inusitada", aseveró Torres al fundamentar el proyecto que llevará al recinto.
