La violencia familiar y de género es el principal motivo de las denuncias

El Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, que comenzó a funcionar a fines de diciembre, hasta el 8 de abril pasado inició 765 causas para investigar a policías, penitenciarios e integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

En su primer informe de gestión, el dato sobresaliente es que la mayor cantidad de esos expedientes fueron iniciados por presuntos hechos de violencia familiar o de género. Representan el 37%. Le siguen causas por mal desempeño (28%), violencia Institucional (20%), corrupción (11%) y conflictos laborales (3%).

No sorprende, más bien confirma la presunción. Cuando se redactó la ley que puso en marcha el Organismo de Control Disciplinario (OCD) se partió de un diagnóstico que acusaba como preocupante el fenómeno de violencia familiar y de género entre los efectivos de las fuerzas de seguridad. El dato complementario –y lógico– es que seis de cada 10 víctimas de los hechos investigados son mujeres.

El informe indica que se ha observado la predominancia de la violencia doméstica; aunque se considera que los hechos sucedidos en el ámbito laboral suelen revestir mayor gravedad porque se superponen distintos tipos de violencias, como acoso, abuso de autoridad y violencia sexual. El informe posee varios datos relevantes.

◆ Casos. Entre el 28 de diciembre pasado y el 8 de abril se recibieron 765 denuncias. Fueron identificados 668 autores de esas faltas. En ese universo, los policías investigados representan 91% que implica que el 2,6% de toda la fuerza está señalado en al guna pesquisa. La incidencia es menor entre el personal penitenciario (0,9% del total) y de la FPA (0,7%). Del total de causas iniciadas, el 25% ya tuvo algún tipo de resolución. De cada 10 denuncias, seis se generaron en Capital y cuatro en el Interior.

◆ Medidas cautelares. Se dictaron 111, de las cuales la mayoría fueron situaciones pasivas del personal investigado (105). Un alto porcentaje por violencia de género. También se decidió momentánea - mente en cinco casos la suspensión sin goce de sueldo y en un caso el retiro de armamento. Los números no son estáticos. A la par que se dictaron medidas cautelares, también se solicitó el levantamiento de ellas en 14 expedientes.

◆ Quién presentó la denuncia. Las causas se iniciaron en su mayoría por partes emitidos por las fuerzas de seguridad (71%); por denuncia presencial o telefónica efectuada en la sede del Organismo (17%); remitida por el Poder Judicial (9%); de Oficio (2%), o informada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

◆ 25% de resolución. A tres meses, uno de cada cuatro expedientes ya fue resuelto. El resto sigue en investigación. Las posibilidades que se abren en cada caso son: archivo o cierre, la remisión al anterior tribunal por hechos anteriores o, si son leves, se envía a las propias fuerzas de seguridad.

◆ 91% en situación pasiva. Una innovación de la ley que puso en marcha el nuevo organismo, son las medidas cautelares. El antiguo tribunal sólo tenía la posibilidad de dictar el pase a situación pasiva, que consiste en separar al efectivo mientras se sustanciaba la investigación. Ahora hay otras medidas cautelares: suspensión con o sin goce de sueldo y el pase a situación pasiva (se aplicó en el 91% de los casos). Esta última implica que no pueden trabajar, tampoco hacer adicionales, cobran el 30% de su salario y se les retira credencial, chaleco y arma.

◆ Investigaciones genéricas. Hay un centenar de causas en las que los denunciados fueron hechos, sin identificar a sus responsables. En esos casos, las primeras medidas investigas indagan quiénes serían los responsables.