Causó estrépito, el viernes por la tarde, la resolución del Tribunal Oral de La Rioja que absolvió al exjefe del Ejército, César Milani por el secuestro de Pedro Olivera, en 1977, y torturas a su hijo, Alfredo. Un par de horas después de la lectura del fallo, el militar recuperó la libertad después de permanecer 30 meses detenido.
Apenas conocido el veredicto y antes aún de leer los fundamentos, las querellas –que en sus alegatos habían pedido condenas de entre 18 y 20 años para Milani- confirmaron que irán en casación para que la Cámara Nacional revise el fallo.
Claudio Orosz, abogado querellante por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de La Rioja, sostuvo que las pruebas son concluyentes en la responsabilidad de Milani sobre los hechos analizados. Dijo, además, que en uno de los casos los jueces votaron en disidencia por lo que hay un voto que les da la razón y que, de ser necesario, irán hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El propio secretario del área a nivel nacional, Claudio Avruj sostuvo que seguirán acompañando a la familia Olivera en su búsqueda de la verdad.
El caso. El juicio comenzó el 3 de mayo. Fue contra 11 personas, entre ellas un exjuez federal riojano. En el caso de Milani, llegó acusado por el secuestro de Pedro Olivera, ocurrido el 12 de marzo de 1977. Era un empleado municipal y tenía en ese momento 51 años. Fue sacado de su casa, en presencia de su esposa y sus cinco hijos.
Según la investigación judicial, fue llevado al Batallón de Ingenieros 141, en la misma ciudad capital de La Rioja. Milani tenía el grado de subteniente. En sus testimonios, los hijos de Olivera aseguraron que quien daba las órdenes era Milani.
Mientras estaba secuestrado en la dependencia militar, Olivera sufrió un accidente cerebrovascular. Lo devolvieron a su casa dos días después. Luego, se llevaron a su hijo, Alfredo, quien también era empleado municipal. El muchacho fue torturado y llevado al juzgado federal cuyo titular era Catalán.
Según los testimonios, brindó declaración bajo tortura en presencia de un oficial. Alfredo Olivera dijo que ese militar era Milani. Pedro Olivera falleció en el año 1999.
Los delitos que se le atribuían fueron: privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita. La defensa de Milani siempre sostuvo que no le cupo responsabilidad penal en los secuestros y torturas porque el rango que ostentaba en ese momento solo lo habilitaba para tareas de vigilancia y no decidía sobre los operativos militares.
Para el juicio, el tribunal estuvo presidido por Julián Falcucci e integrado por Enrique Lilljedahl y Jaime Díaz Gavier. Los fundamentos se publicarán el 9 de septiembre; y a partir de ahí correrán los plazos para los recursos de apelación.
Nuevo juicio. Aliviado por este fallo y ya habiendo recuperado su libertad, le espera un próximo proceso oral y público. Será en Tucumán y comenzará el 12 de septiembre próximo. Milani será juzgado por el secuestro del soldado Alberto Agapito Ledo, quien permanece desaparecido desde 1976.
Enriquecimiento. Tiene, además, un procesamiento vigente por presunto enriquecimiento ilícito. Lo investiga el juez federal porteño, Daniel Rafecas, por la compra en 2010 de una casa de más de mil metros cuadrados en un barrio privado de San Isidro. Según el magistrado, Milani no pudo demostrar con qué fondos la adquirió.
LA CONTRADICCION MILANI
César Milani es el símbolo de la contradicción política del kirchnerismo. No solo por las dos causas de lesa humanidad que se investigaron en su contra. También fue controvertida la forma en que llegó a ser el jefe del Ejército Argentino, entre julio de 2013 y junio de 2015, y el modo en que fue defendido en su cargo, a pesar de cuestionamientos previos y posteriores.
El silencio de algunos organismos de derechos humanos en varias etapas de su ascenso máximo y de sus procesamientos y juicios es una de las pruebas que abonan esa intrínseca contradicción.
Previo a ser designado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentó impugnaciones. Milani pidió hacer su descargo y respondió a un cuestionario sobre el rol que le cupo en el aparato represivo del terrorismo de Estado. No obstante las explicaciones que brindó, el Cels sostuvo sus cuestionamientos y se opuso a su ascenso y permanencia como jefe de Estado Mayor del Ejército. A pesar de ello, el Senado le dio su aprobación y se convirtió en la cabeza máxima del Ejército.
Durante su desempeño al frente de la fuerza, fue señalado como quien diseñó un aparato de inteligencia paralelo al del Estado, actividad para la que tenía pergaminos por los roles que desarrolló a lo largo de su carrera militar.
