Ley de seguridad: escenario de alta tensión en medio de movimientos que agitan la rosca legislativa

El choque de fuerzas ante la paridad en la nueva composición de la Unicameral, pero sobre la base de algunos movimientos opositores que rompen acuerdos, viene marcando el pulso del estado de ebullición de los ánimos entre oficialistas y opositores duros. Sobre este clima beligerante se debate a contrarreloj la nueva ley de seguridad pública. La primera iniciativa que anunció el gobernador Martín Llaryora.

La convivencia a tan sólo una semana de arrancar la nueva Legislatura no es la mejor. Los carteles con la leyenda “Si no van a robar, déjense controlar” que exhibieron los cambiemistas en la jura de Llaryora fue una bomba para el peronista. Hubo acaloradas discusiones al respecto.

El fuego cobró volumen durante la semana pasada con la jugada de Juntos por el Cambio (JxC) de impulsar la derogación de la ley que reformó el Tribunal de Cuentas que, según denuncian, vacía de facultades de control a la oposición. El oficialismo debió acomodarse a este escenario y dio el debate. La ajustada votación de 36 a 34, a favor del PJ en su rechazo, terminó a los gritos en medio del reclamo opositor.

Desde ambos lados advierten que se respira un clima de tensión en medio de movimientos a la defensiva que agitan la dura rosca legislativa. No sólo por el proyecto en cuestión, sino porque en la agenda hay temas de la botonera legislativa –conformación de las comisiones– y algunos cargos extras para el funcionamiento de los bloques opositores que son parte de la negociación.

“Solo recibimos cachetazos y luego quieren que les demos lo que piden. Y, encima, rompen acuerdos”, vociferó una voz pejotista ante el accionar del ala dura cambiemista, quien además confió que entre sus pares hay mucha bronca para con los halcones de JxC. A su vez, advirtió que hay una premisa de “austeridad” que marcan los nuevos tiempos.

En cuanto al reparto de las comisiones ya trabajan en su diseño las principales espadas del oficialismo. Actualmente son 22 y la oposición tenía cuatro bajo su conducción. La intención del PJ es ampliar su número y otorgarle el manejo de varias de ellas a los bloques opositores con mayor peso específico (por caso UCR, Frente Cívico y PRO), aunque no como interbloque JxC.

Espacio opositor. Esto abrió otra discusión que se vio empañada por dos situaciones: el fuerte reclamo de los radicales en el recinto por la constitución de las comisiones “como si nada se estuviera haciendo al respecto”, se quejó un peronista, y la falta de reconocimiento a la figura de jefe del interbloque opositor a cargo de Alejandra Ferrero, designada con el aval de Rodrigo de Loredo.

A la radical se le impidió el ingreso a Labor Parlamentaria donde se fija la agenda a tratar en el recinto. El altercado produjo un choque de posiciones intransigentes que impidió el desarrollo de la reunión. En el PJ aducen que se cumple con el reglamento interno de la Cámara, el cual “no contempla la figura de presidente de interbloque”.

Un alineamiento parlamentario de ese tipo sólo expresa “una voluntad política, sin ningún otro tipo de implicancia (ni administrativa, ni de estructura legislativa)”, afirmaron desde el oficialismo.

Como si esto fuera poco, se mezclan –a su vez– las internas de la bancada UCR y la de JxC. En el PRO sostienen que no firmaron ninguna nota a través de la cual se pidió la conformación del interbloque. No obstante, en el texto figura la firma de Patricia Botta (del riñón de Soher El Sukaria).

Desde el oficialismo advierten que resulta complicado saber quién lleva la voz cantante en el principal núcleo opositor. La atomización de Juntos le genera beneficios (por la división), pero también dolores de cabeza a la hora de definir un interlocutor válido.

Debate sobre seguridad. En este contexto se desarrolla el debate en la comisión ad hoc que se creó –con polémica– para abordar la reforma de la ley de seguridad pública que impulsa el nuevo gobierno. El miércoles se trata en el recinto.

A priori, el ala dura de la oposición emitió señales de rechazo a la iniciativa llaryorista. Esa lectura se desprende de un WhatsApp que recibieron los intendentes radicales con el mensaje en el que se califica de “mamarracho legislativo” al proyecto de seguridad.

Esta posición de los duros de la UCR genera tensión hacia adentro del interbloque. Hay radicales que se muestran abiertos a acompañar. “Van a tener que explicarle a la ciudadanía por qué se oponen”, lanzó un oficialista.

“Que la primera ley que haya enviado el gobernador Martín Llaryora sea la de seguridad, habla a las claras de la importancia que tiene para nuestro gobierno poder discutir el nuevo concepto de seguridad y sobre la lucha contra el narcotráfico”, afirmó Miguel Siciliano.

“Queremos que Córdoba tenga una ley de avanzada y a la vanguardia de las mejores políticas y prácticas de seguridad a nivel mundial”, le dijo a PERFIL CÓRDOBA el jefe del bloque oficialista.

En la misma línea, el presidente Provisorio, Facundo Torres, destacó que “es una ley muy esperada, sobre todo por los intendentes de ciudades importantes del interior de la provincia”. El altagraciense hizo foco en la necesidad de la coordinación entre la Policía, los cuerpos municipales y otros actores locales que intervienen en la seguridad.

Desde la bancada UCR, Ferrero indicó que “es una ley que corre el eje sobre quién pesa la responsabilidad de la seguridad –el gobierno provincial– y deslinda o terceriza esa responsabilidad en los municipios, quienes deberán pagar sueldos para poder gozar de esta facultad optativa”.

“La seguridad será una opción a la que puedan adherir quienes puedan afrontarlo”, dijo la boina blanca a título personal, ya que todavía no hay una posición tomada en su bloque ni en el interbloque.

En su crítica, el juecista Walter Nostrala cuestionó que “la inseguridad en Córdoba es crítica. Durante 25 años en el poder no supieron cómo solucionarla. Delegar estas funciones en vez de robustecer la política de seguridad provincial se torna extremadamente peligroso”.

Tras sostener que “el proyecto no plantea solucionar cuestiones de fondo”, el opositor remarcó: “Es un gran maquillaje que no promete mejorar absolutamente nada en términos de seguridad para los cordobeses”.

Por su parte, Oscar Tamis (PRO) dijo que el proyecto original “no es viable” y demandó abordar “una reforma sustancial” del texto enviado por el Ejecutivo para ver si se lo puede acompañar. Según su análisis, la iniciativa “tiene muchos grises y muchas cosas inconsistentes”.

El oficialismo ya fijó el norte. El martes quiere emitir despacho para que llegue al recinto al día siguiente. Ya hubo tres reuniones. Incluso el oficialismo promovió –sin éxito– trabajar durante sábado y domingo. El arranque de la semana será muy movido con miras a la sesión del miércoles.

En cuanto al poroteo, el PJ suma el voto de Karina Bruno (Bloque Cordobés) a los 33 oficialistas. Federico Alesandri en duda, más inclinado por la negativa. Agustín Spacessi aún no definió su voto. El oficialismo mira a radicales dialoguistas. De ahí esperar pescar apoyo para la sanción de la ley.