La Legislatura de Córdoba se encamina a sancionar este jueves la denominada “Ley Joaquín” con un respaldo casi unánime, en una señal política que exhibe uno de los pocos consensos amplios entre oficialismo y oposición en la Unicameral. Estarán presentes los padres de Joaquín Sperani.
El proyecto, impulsado por el gobierno de Martín Llaryora para reformar el Código Procesal Penal (Ley 8.123) y crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, llegará al recinto tras haber sido despachado ayer en una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad y Legislación General, donde logró el respaldo de todas las representaciones políticas.
La sesión ordinaria se realizará una vez finalizada la sesión especial por Zona Fría impulsada por el PJ, aunque el debate por la nueva ley promete ocupar el centro de la escena política y judicial. Si bien el acompañamiento opositor será amplísimo, se anticipan algunas diferencias en artículos puntuales y cuestionamientos políticos, sobre todo desde el juecismo, que reprocha que la iniciativa “llega tarde”, casi nueve años después de la sanción de la ley nacional de protección a víctimas y a casi tres años del crimen de Joaquín Sperani.
La reforma lleva precisamente el nombre del adolescente asesinado en Laboulaye en 2023 por otro menor, un caso que conmocionó a Córdoba y expuso falencias en la contención estatal y en la participación de las víctimas dentro del proceso penal. La presión sostenida de la familia Sperani terminó por acelerar un debate que el Ejecutivo provincial convirtió en una de sus banderas institucionales para este año.
En términos técnicos, la iniciativa, de 40 artículos, crea un régimen integral de protección de víctimas y modifica el Código Procesal Penal vigente desde 1991 bajo un nuevo paradigma: fortalecer el rol de la víctima sin alterar el equilibrio acusatorio ni las garantías constitucionales del imputado. El objetivo es que los derechos de las víctimas sean “operativos y exigibles”, y no meramente declarativos dentro de un expediente judicial.
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Entre otros puntos, el proyecto garantiza el derecho de las víctimas a recibir información clara y comprensible, participar en instancias relevantes del proceso, acceder a asistencia integral y contar con medidas de protección para evitar situaciones de revictimización. También obliga a fiscales y jueces a notificar a las víctimas sobre actos procesales relevantes y establece estándares de actuación para los operadores judiciales y administrativos.
El texto, además, preserva la vigencia de regímenes especiales ya existentes —como violencia de género, violencia familiar y delitos contra la integridad sexual— y propone una articulación coordinada entre organismos estatales para prevenir nuevos riesgos y garantizar asistencia rápida y profesional.
PJ receptivo
Durante el debate en comisión, el oficialismo se mostró permeable a los aportes opositores, una dinámica que terminó consolidando el consenso político alrededor del proyecto. “Se ha emitido el despacho de la Ley Joaquín con amplio consenso”, destacó el presidente de la comisión de Seguridad, Juan Manuel Llamosas, quien condujo el tratamiento legislativo de la iniciativa y fue valorado por la oposición.
El legislador del PJ remarcó que el trabajo entre bloques permitió “compatibilizar distintas miradas” y avanzar en una reforma que calificó como “histórica” para el proceso penal cordobés. “Necesitamos prontamente una ley que fortalezca, resguarde y proteja los derechos de la víctima, que incorpore su voz y su palabra en instancias decisivas del proceso”, señaló.
Llamosas sostuvo que el eje central de la norma pasa por garantizar que la víctima “sea oída y escuchada” en momentos clave del proceso judicial, como prisiones domiciliarias, suspensiones de juicio a prueba o instancias que modifiquen la situación procesal del imputado. “Hoy eso no sucedía. Esta ley incorpora la obligación de escuchar a la víctima y permitirle hacer valer su voz”, afirmó en declaraciones a Perfil Córdoba.
El exintendente de Río Cuarto también puso en valor el clima político que atravesó el tratamiento parlamentario. “En un país donde pareciera que o sos de un color o sos de otro, acá hicimos un esfuerzo y demostramos que se puede pensar diferente y trabajar por un mismo objetivo”, planteó.
Querellantes
Uno de los puntos más sensibles del debate fue la posibilidad de que las víctimas puedan constituirse como querellantes aun cuando el acusado sea menor de edad. El oficialismo decidió sostener el artículo enviado originalmente por el Ejecutivo, pese a las advertencias de algunos sectores sobre eventuales cuestionamientos de inconstitucionalidad.
“Hubo jurisprudencia dividida sobre este tema, pero entendimos que la víctima tiene que tener herramientas para hacer valer su voz”, argumentó Llamosas, quien aseguró que el artículo recibió acompañamiento mayoritario en comisión.
Voz radical
Desde la oposición, la radical Brenda Austin valoró especialmente la apertura del oficialismo para incorporar modificaciones al proyecto original. “Encontramos un oficialismo receptivo a algunos aportes y cuestionamientos que hicimos, fundamentalmente reforzando derechos de las víctimas y trayendo aspectos que estaban en la ley nacional y que inicialmente estaban ausentes”, declaró a este medio.
La legisladora de la UCR destacó dos incorporaciones puntuales. Por un lado, un capítulo específico sobre violencia institucional. “Hay una relación de asimetría de poder entre quien resultó víctima y el autor del delito, que es un funcionario del Estado”, por lo cual “debía resguardarse con garantías especiales que fueron incorporadas”, dijo.
Y, por otro lado, una modificación al régimen penal juvenil. “Nos parecía que no podía estar ausente la protección de las víctimas dentro del régimen juvenil, sobre todo por el contexto que dio origen a esta ley”, explicó. Además, valoró el mandato claro a la Legislatura para la reforma integral de este régimen en particular, que será objeto del próximo debate por venir.
Austin también admitió que el artículo referido a la querella en casos con menores imputados probablemente terminará sujeto a interpretación judicial. “Habrá que ver cómo termina la reforma integral del régimen penal juvenil de Córdoba, porque no es lo mismo el caso de adolescentes punibles que no punibles”, señaló.
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Crítica y apoyo
El acompañamiento opositor, sin embargo, no estuvo exento de críticas políticas. Desde el juecismo, el legislador Walter Nostrala recordó que Córdoba “se negó sistemáticamente” a adherir a la ley nacional de protección a víctimas sancionada en 2017 y cuestionó la demora del oficialismo en impulsar cambios de fondo. Habló de un “largo silencio”.
“La tragedia de Joaquín Sperani ocurrió hace casi tres años y el gobierno reaccionó recién después de tanta presión por parte de la familia. Mucho dolor se pudo haber evitado”, lanzó. Aun así, confirmó el respaldo del bloque juecista: “Por supuesto que vamos a acompañar esta ley, consensuada con aportes de todos los bloques”.
“Es una ley muy importante para muchísimas personas. No solamente hoy estamos viendo este caso a raíz de la situación de Joaquín, sino que son muchísimas las víctimas que han pasado por esto”, aportó Nancy Almada. “Es importante también haberlo tratado de esta manera”, dijo la parlamentaria juecista sobre la dinámica del trabajo en comisión que arribó a un notable consenso.
Respuesta institucional
En el plano político, la iniciativa también representa el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por Llaryora durante la apertura de sesiones legislativas del 1 de febrero. Con la “Ley Joaquín”, el oficialismo busca mostrar capacidad de construir acuerdos en un tema sensible para la sociedad y, al mismo tiempo, enviar una señal de respuesta institucional frente a una demanda social que atravesó transversalmente al sistema político cordobés.
El gobierno sostiene que el sistema penal ya contempla herramientas de intervención para las víctimas, pero reconoce que, en la práctica, persisten barreras de acceso, asimetrías de información y situaciones de revictimización que terminan erosionando la confianza ciudadana. Bajo esa premisa, la reforma apunta a evitar que la víctima quede relegada a un “sujeto paralelo o ausente” dentro del proceso judicial.
La expectativa en el oficialismo es que la norma se convierta en un antecedente para futuras reformas procesales y que Córdoba quede alineada con los estándares nacionales e internacionales de protección integral a víctimas de delitos.
