Aprovechando la distracción por el Censo Nacional, el Gobierno provincial reglamentó el miércoles la polémica ley que legaliza el juego online en Córdoba. El proyecto, tratado a velocidad supersónica en la Legislatura durante la última sesión del 2021, tuvo tanto peso que generó una fuerte pelea, con insultos de por medio, entre dirigentes de Juntos Por el Cambio.
Pero cuando Hacemos por Córdoba pensó que el receso legislativo significaría el olvido de la norma, la polémica se trasladó hasta el Concejo Deliberante de una ciudad con una ‘larga tradición’ en rechazo al juego. Los que defienden a capa y espada su prohibición, remarcan que intendentes de distinto signo político siempre se pronunciaron contra la ‘timba’.
Recuerdan que la quiniela instantánea de Boldt (uno de los oferentes para el juego online) duró apenas un par de horas antes que el, por entonces, intendente Ramón Mestre impulsara clausuras masivas. También ponen énfasis en que la prohibición en espacios físicos no basta para limitar las apuestas online. Abren el juego a dos caminos, uno político y uno judicial, y a varios interrogantes sin respuesta.
El camino político. El 29 de diciembre, el concejal Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal Córdoba) presentó un proyecto que especifica la prohibición del juego online en el radio municipal. La iniciativa volvió a instalar un tema que parecía acabado; HpC acusó recibo y permitió que distintos referentes acudan al Concejo a defender o criticar el proyecto.
Pero el argumento oficialista no varió, aunque Lotería determinó que la licitación no excluye a ningún municipio o comuna. Es decir, para evitar contradecir a sus pares de la Unicameral, los ediles oficialistas en bloque votarán el pase a archivo de este proyecto de Quinteros, porque “no tiene sentido prohibir lo que está prohibido”.
Frente a esto, el edil vecinalista anticipó a PERFIL CÓRDOBA la presentación de una nueva iniciativa para ser tratada sobre tablas este jueves, que insta a la Municipalidad para que “interponga las acciones legales que estime pertinentes a los fines de obtener resolución jurisdiccional, que declare la inaplicabilidad de la Ley N.º 10.973 en el ámbito de la ciudad”.
“Si estamos todos de acuerdo en que el juego está prohibido y Lotería no excluye a ninguna ciudad, que el Municipio pida la abstención de la ciudad del proceso licitatorio”, comentó Quinteros a este medio. El edil es consciente de que es casi imposible el acompañamiento del bloque HpC. La duda está en qué argumentarán, si es que se expresan, aquellos oficialistas que están en contra del proyecto.
Un ejemplo podría ser Diego Casado, quien supo retirarse del recinto en plena sesión antes de tratar un proyecto del FIT en apoyo a la marcha mundial por la marihuana. ¿Acompañará el pedido de Quinteros para “decirle a Lotería que el juego está prohibido” en la Capital, contradiciendo a sus propios colegas viguistas en la Legislatura? ¿O también votará en bloque?
Otra duda surge del bloque PRO, sabiendo que Daniel Angelici es uno de los principales impulsores del juego online en Córdoba: ¿las concejalas Eugenia Terré y María Iglesias levantarán la mano para ir en contra de uno de los principales armadores del macrismo?
El camino judicial. El edil de Encuentro Vecinal reiteró que el siguiente paso, de no prosperar alguna prohibición en el Concejo, es ir por la vía judicial. Este trayecto llevaría a un amparo, impulsado por el propio Quinteros, antes de pasar por otras presentaciones previas que “expongan cada vez más” al oficialismo, buscando que HpC “pague el costo político” que no tuvo en la Unicameral.
“Veremos que sale después con la ‘Agencia Córdoba Justicia’, pero la vamos a pelear”, resaltó Quinteros.
Los grises. Al cierre de esta edición no estaban disponibles los pliegos licitatorios para conocer las especificaciones técnicas. Ante esto surgen distintos interrogantes y uno de los más importantes es el manejo de los datos personales. Aquellos vecinos que quieran jugar deberán, en teoría, certificar sus datos para comprobar que son mayores de 18 años, no son deudores de cuotas alimentarias, no reciben planes sociales ni son los propios adjudicatarios de licencias.
Entonces, ¿existirá una base de datos que contenga a aquellos que pueden o no pueden apostar en línea? Pero, sobre todo, ¿quién velará por la seguridad de esa información? Si no habrá almacenamiento, ¿qué garantía hay de que un beneficiario de plan social no use el plástico de otro para apostar? ¿Cómo se filtrará a los menores de edad para que no utilicen la tarjeta de sus padres, como ya lo hacen en servicios de gaming? ¿Los sitios de apuestas construirán sus propios listados de tarjetas y otros datos sensibles a medida que se suman los jugadores, como hacen algunos sitios en Caba?
Al tener en cuenta, como caso reciente, las múltiples vulnerabilidades encontradas en la versión virtual del Censo, las filtraciones diarias en plataformas de todo el mundo y el escaso compromiso de los entes estatales por la seguridad informática, ¿se usarán datos provistos por Provincia o Nación? ¿Estarán correctamente encriptados? ¿Qué acceso tendrán los ganadores de las licitaciones?
Posteriormente, una duda que conoce la oposición es la posibilidad de cambiar la IP de un equipo para poder apostar desde un lugar donde está prohibido, haciéndose pasar por vecino de otra localidad. O el hecho de que, si se prohíbe en la ciudad, un jugador podrá ir con su celular a una localidad vecina y jugar sin inconvenientes, aunque signifique solamente cruzar una calle.
Quinteros argumenta que se busca maximizar el control y minimizar el acceso. Sobre todo, en cuestiones relacionadas a la publicidad en línea con la importante competencia entre oferentes. ¿Pero cómo y quién controlará que esas publicidades no le aparezcan a cualquier persona y a cualquier hora en YouTube o Instagram, por poner dos ejemplos?
Dando un paso más allá, si se prohíbe en Córdoba capital, ¿podrá un medio de comunicación obtener pauta de los sitios de apuestas, aunque esté asentado en la ciudad y tenga alcance provincial? ¿Podrán Belgrano, Talleres o Instituto contar con los lucrativos contratos por llevar el logo de esos sitios en sus camisetas? ¿Qué pasará si un equipo como Vélez, cuyo principal sponsor es Bplay, viene a jugar a Córdoba?
Por último, si no prospera ninguna prohibición, ¿los entes públicos podrán contar con el auspicio de casinos online? ¿Y el financiamiento de las campañas electorales?
