A esta situación atípica, excepcional y de la cual no tenemos registro ni en el país, ni en el mundo, le sumamos una agenda pendiente, no abordada antes de manera integral y que en este contexto muestra sus déficits estructurales.
Según datos del observatorio nacional MuMaLa, el 25% de los femicidios del 2020 se dieron en el periodo de aislamiento preventivo obligatorio.
También aquellas violencias que no llegan a ese extremo: se registraron 15 intentos de femicidios en el mismo período y las denuncias se multiplicaron por tres.
En nuestra Provincia, fuentes oficiales declararon un pico de más de 5.000 intervenciones.
Es que ante este panorama todo se agudiza: el compartir más horas con nuestros propios agresores, la acumulación de tensión, las tareas de cuidado del hogar y niñes sin descanso, la frustración ante esta situación totalmente ajena a nuestras familias…es así como ya pudimos comprobar los límites de nuestros programas.
En la semana que pasó las casas refugio para quienes deben abandonar su hogar acompañadas de sus hijes ya no tenían vacantes, y las becas y subsidios de alquiler continúan demorando alrededor de dos meses en otorgarse.
La inmensa tarea de contención de las profesionales abocadas a esta temática requiere de cuestiones materiales efectivas a la hora de la intervención, si no corremos el riesgo de que la opción de volver a la situación de peligro y sometimiento sea la elegida.
Con respecto a la salud sexual y reproductiva, nos sucede otro tanto, porque los consultorios febriles específicos de coronavirus vienen a desplazar los esfuerzos y a centralizar prioridades, pero ya lo hace sobre la base de una provisión intermitente de toda la batería de métodos anticonceptivos, la ausencia desde hace más de un mes de Misoprostol, el medicamento indicado por la OMS que se utiliza para interrupciones legales de los embarazos (embarazos producto de violaciones o que pongan en riesgo la salud o vida de la persona gestante), y a la dispar disponibilidad en los efectores de la salud pública, de al menos un servicio que garantice y no obstaculice los derechos sexuales y reproductivos e ILEs.
Aquí también siempre pendiente de la voluntad y el activismo de profesionales comprometidos, que también se chocan con la dificultad material, es decir, económica de las usuarias de los servicios de salud.
Estamos hablando de prevenir complicaciones mayores, tales como embarazos no intencionales y abortos inseguros, con el posterior riesgo a la salud y vida de mujeres y personas con capacidad de gestar.
La sensación de vulnerabilidad y fragilidad en este contexto es mayor, a ello le sumamos la incertidumbre.
Podríamos decir, con matices, que esa es la situación por la que atraviesan todos nuestros hogares en estos días. Y si algo positivo podemos destacar, es que hubo una revitalización de todas las redes de contención sociales que estaban latentes, el despliegue de solidaridad es cotidiano. Pero para quienes la vulnerabilidad no es nueva, para quienes ya transitaban un aislamiento con base en situaciones de violencia, a pérdida de vínculos sociales, a escasez de recursos materiales (en cosas tan básicas como falta de crédito en el celular) e informativos, y a falta de visualización de los propios derechos, la necesidad de presencia de un estado que adopte medidas integrales y también de emergencia en este momento histórico, se vuelve vital.
Betiana Cabrera Fasolis es médica y coordinadora provincial MuMaLa- Libres del Sur
