En un contexto atravesado por la discusión sobre seguridad y narcomenudeo, el legislador Oscar Saliba (UCR) impulsa un proyecto de ley que propone crear un Registro Provincial de Espacios Destinados a la Comercialización de Estupefacientes, habilitar la instalación de domos de videovigilancia en zonas críticas y avanzar en la identificación y eventual demolición de los denominados “búnker narco”.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de sus pares radicales, coloca bajo la órbita del Fiscal General un registro georreferencial de los puntos de venta detectados en infracción a la Ley Nacional 23.737, junto con un banco de datos personales de quienes comercialicen droga en esos espacios. El objetivo declarado es “sistematizar el abordaje” del fenómeno y coordinar la política criminal entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un mapa provincial del narcomenudeo. La propuesta apunta a contar con un “observatorio” que permita identificar zonas, áreas y construcciones utilizadas como puntos de venta, tanto en la Capital como en el interior.
En los fundamentos, Saliba sostiene que “el mercado clandestino local se ha reconfigurado” y que muchos de los lugares de expendio funcionan bajo la fachada de kioscos o despensas que simulan legalidad, incluso con modalidad delivery. Según el legislador, el registro permitirá “cuantificar, con datos verificables, la dimensión de este flagelo” y alertar a la sociedad.
El texto también prevé la emisión de informes a personas físicas o jurídicas que acrediten interés legítimo, lo que amplía la circulación institucional de la información en poder del Fiscal General.
La “etiqueta narco”
El punto más novedoso —y posiblemente más polémico— es la facultad de identificar y rotular los espacios desarticulados con la leyenda “búnker narco desarticulado o derribado”, mediante fajas, carteles o marcas permanentes.
En sus argumentos, el radical plantea que así como las marcas en los paquetes de droga identifican origen y calidad, “el Estado debe etiquetar a los infractores y dejarlos expuestos ante la sociedad”. La intención es visibilizar el accionar estatal y desalentar la reinstalación de puntos de venta en el mismo lugar.
Para Saliba, “voltear un punto de comercialización de droga es inutilizarlo, es un punto más de liberación de los cordobeses”. La demolición —cuando se trate de construcciones precarias destinadas exclusivamente al tráfico y no haya moradores permanentes— aparece como una herramienta de desactivación territorial.
Demolición y restitución
El proyecto autoriza, a través del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, instruir a la Fuerza Policial Antinarcotráfico para proceder al derribo de instalaciones montadas sistemáticamente para la venta de estupefacientes, al desalojo de inmuebles usurpados con ese fin o a la restitución a sus legítimos poseedores.
En los fundamentos se remarca que la demolición se ha convertido en un “paso obligado” como medio de recolección de pruebas y como mensaje disuasivo frente a las bandas. El enfoque combina impacto operativo y simbólico: recuperar el espacio físico y marcarlo como territorio liberado.
Más cámaras y coordinación federal
La iniciativa también habilita la instalación de domos de videovigilancia en puntos estratégicos de las denominadas zonas rojas. Las imágenes serán confidenciales y podrán ser requeridas por autoridad judicial competente. En casos fundados en razones de seguridad nacional, se contempla el acceso de fuerzas federales.
El proyecto se apoya en el esquema vigente desde la adhesión provincial a la ley nacional de estupefacientes, que permitió a Córdoba asumir la persecución del “último eslabón” de la cadena de comercialización. En ese marco, se refuerza el rol de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y del fuero especializado.
Seguridad como eje político
“La seguridad pública está a cargo exclusivo del Estado”, afirmó Saliba en la iniciativa, que define como prioridad “restringir la oferta ilícita de estupefacientes” por su impacto en la salud, la violencia territorial y el consumo juvenil.
La propuesta del radicalismo busca consolidar un mensaje político claro: recuperar espacios tomados por el narcotráfico y exponer públicamente su desarticulación.
Ahora, la discusión en la Legislatura abrirá un nuevo capítulo en el debate sobre hasta dónde debe avanzar el Estado en la combinación de registro, exposición y demolición como herramientas de lucha contra el narcomenudeo en Córdoba.
