Vivimos en una Provincia que posee el 30% de su territorio bajo áreas naturales protegidas, que tiene dos parques nacionales y esperamos la pronta aprobación en el Congreso Nacional de la ley que dispone la creación de lo que sería nuestro tercer Parque Nacional, el de Mar Chiquita o Ansenuza y Reserva de los bañados del Río Dulce: estamos hablando del quinto humedal más importante del planeta y el más grande del continente. Si bien el proyecto de ley que dispone su creación ya obtuvo dictamen favorable, debería ser prioritaria y urgente su aprobación.
Vivimos en una provincia que pica en punta en energías renovables. De hecho, somos la plaza con más usuarios de generación de energía solar distribuida del país, contamos con el 62% de la potencia instalada (3.942,2 kilovatios) y el 52% de los usuarios a nivel nacional.
Córdoba tiene muy desarrollado un Programa de Generación Distribuida, con una ley sancionada por nuestra Legislatura, que nos convirtió en la Provincia más avanzada de todo el país en cuanto a instalación de paneles fotovoltaicos para la generación de energía distribuida.
En 2020, al momento de tratar la Ley de Promoción y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles, Bioinsumos y Bioenergías, el ministro de Servicios Públicos Fabián López afirmaba con claridad: “Nosotros también debemos considerarnos una provincia hidrocarburífera. De todas las naftas que se cargan en el país, el 12% es bioetanol, es decir, por cada 100 litros que se cargan, 12 litros no son combustibles fósiles, sino un bioetanol, o sea, un etanol que viene de una biomasa y de esos 12 litros, 6 son producidos a partir de la caña de azúcar y los otros 6 litros a partir del maíz: es decir que 6 litros de cada 100 litros que se cargan, provienen de la transformación del maíz en bioetanol y de esos 6 litros, 4 provienen de Córdoba.
Entonces, el 4% de las naftas que se comercializan en los surtidores de la República Argentina provienen de Córdoba, con lo cual nuestra Provincia es, de alguna manera, una provincia hidrocarburífera en materia de combustibles renovables”.
Esto, a mi criterio, merece ser tenido en cuenta sobre todo en estos tiempos donde la matriz energética argentina atraviesa por una enorme crisis, jaqueada por malas decisiones, cortoplacistas, centralistas y siempre de espalda al interior de la Argentina.
Actualmente, la ley 10.721 que fue aprobada por unanimidad y con el apoyo de los sectores agroindustriales y energéticos de Córdoba viene implementándose exitosamente, sin mostrar retrocesos. Esto nos pone en el camino de la descarbonización de nuestro modelo productivo. Estamos en el camino de la sustentabilidad pese a los palos en la rueda del gobierno central y de una mala política concentrada en el Amba, siempre permeable al lobby petrolero.
Vivimos en una Provincia que avanza a pasos agigantados con una fuerte inversión en gasoductos y por cada industria que se conecta al gas se reduce notablemente la huella de carbono, se realizan inversiones sin precedentes en obras de saneamiento y así no contaminar nuestros diques y ríos con efluentes cloacales que provienen de localidades que se desarrollaron sin planificación alguna. En la Provincia se construyen las autovías necesarias para la conectividad y que al dar fluidez en el tránsito reduce el consumo energético y la polución ambiental de las ciudades, convirtiéndolas en paisajes amigables, sustentables y mucho más prosperas.
En la Provincia que apuesta en serio a una reindustrialización con base en lo biológico, marchamos por el camino de un nuevo modelo de desarrollo, descarbonizado, limpio, sostenible y circular, que supone valor agregado, desarrollo de nuestras economías regionales y trabajo en arraigo.
Para cumplir con los compromisos internacionales en materia ambiental, la Argentina debe asumir el desafío de equilibrar el desarrollo de sus territorios, de diversificar su matriz energética, Córdoba quiere aportar junto a la Región Centro y el NOA en el sentido de más federalismo energético.
En Córdoba sabemos que garantizar un ambiente sano no es una mera declaración de buenas intenciones que busca detener el progreso, sino que es un derecho humano y lo vamos a garantizar diciendo poco y haciendo mucho. Los efectos del cambio climático se mitigan con inversión en obra pública, y decir obra pública no es decir cemento como algunos, irresponsablemente manifiestan: hacer obra pública es garantizar derechos.
Vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba
Titular de la Comisión de Ambiente de la Legislatura
