Muertes de bebés: en qué se basó el fiscal para acusar a Brenda Agüero

El fiscal de Instrucción Raúl Garzón se basó en dos tipos de pruebas para sostener la posible respons a bi l id ad d e la enfer mera Brenda Agüero, en el ataque homicida a bebés del Hospital Materno Neonatal entre marzo y junio del año pasado: por un lado las directas, objetivas y científicas, y por otro, las indiciarias.

En el primer grupo de evidencias, hizo un análisis de cada bebé en forma individual y también de los 13 casos en conjunto, para detectar si había elementos comunes.

El primer dato que saltó a la luz es que habían nacido –12 por parto natural y uno por cesárea– con parámetros normales, examen de Apgar entre 7 y 9. A las pocas horas, comenzaron a manifestar síntomas de descompensación: braquicardia y lesiones cutáneas. Todos, sin excepción, tenían pinchazos en distintas partes del cuerpo. En un caso coincidió con la marca que deja la vitamina K, única prescripción a los recién nacidos. En el resto se advirtieron signos de inoculación en zonas anteriores y posteriores de los muslos y un bebé presentó un pinchazo en la espalda. Hubo niños que tuvieron tres.

También analizó qué hicieron las autoridades del hospital. Como la primera sospecha fue una reacción adversa de la vitamina K, apenas sucedieron los primeros casos, sacaron de circulación todos los lotes. Fue en abril del año pasado. Esas muestras fueron analizadas en el Ceprocor y también se enviaron a la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat). Este último organismo no generó ninguna alerta de posible contaminación. No obstante, se cambió de laboratorio.

A pesar de esas medidas, los ataques y muertes continuaron.

Estadísticamente, lo sucedido en el Hospital Materno Neonatal fue altamente sospechoso. No es normal y está fuera de toda expectativa que en cuatro meses haya cinco bebés muertos sin causa lógica, que explique los decesos.

La fiscalía también analizó si podían realizarse experimentos. No hubo prueba científica que confirmara esa posibilidad, señalaron.

Los decesos de los bebés del 6 de junio motivaron las autopsias de sus cuerpos. Esa prueba científica evidenció el alto nivel de potasio y comenzó a explicar el derrotero precedente.

¿Quién pudo provocar los ataques? Para responder a esa pregunta, comenzaron a analizarse una serie de indicios que –a decir de la fiscalía– colocaron a Brenda Agüero en la fuerte presunción de ser la autora, con el grado de probabilidad que se requiere para la etapa de la investigación inicial del caso. En un juicio oral y público se confirmará o no la hipótesis de la investigación. En efecto, la defensa de la enfermera cuestiona la interpretación de los datos que se expondrán a continuación y que sostienen la acusación del fiscal.

Indicio de presencia y ausencia. Todos los hechos, sin excepción, ocurrieron en días y turnos en los que ella trabajó. Fue la única presente en todos los ataques. Para alcanzar esta conclusión se realizó un entrecruzamiento de planillas y marcación con huellas dactilares de los Servicios de Enfermería, Obstetricia y Neonatología. Abarcó a médicos, enfermeros, practicantes de Medicina, personal policial y de limpieza. No hubo un sólo caso, además de Brenda Agüero, en que coincidiera personal y ocurrencia de la descompensación de los 13 bebés. En todos estuvo ella.

Por el contrario, en los días y horarios en que no asistió a su trabajo, no ocurrieron eventos sospechosos. A partir de la noche fatídica del 6 de junio del 2022, ella fue sólo dos días más porque a partir del 9, por disposición de las autoridades, se adelantó la licencia por vacaciones para ella y otras siete personas.

A esa altura, por la decisión adoptada, es evidente que los responsables del hospital habían identificado el núcleo de las sospechas. Sin embargo, no denunciaron a la Justicia y eso complica aún más su situación procesal.

Indicio de oportunidad. En la argumentación para requerir la elevación a juicio, el fiscal también sostiene que Agüero fue la única que tuvo posibilidades de encontrarse a solas o con las madres puérperas (subraya esta condición) y sus bebés. Hay cuatro madres que la reconocieron por estar cerca luego de sus partos.

Los 13 ataques se produjeron en las salas de recuperación, en algunos casos en los espacios destinados a tal fin, y en otros, en salas contiguas habilitadas por falta de lugar. Es decir que pudo ocultar la inoculación que probablemente aplicó. No son ámbitos con alta circulación de personal.

Probablemente, según la acusación, sacó el potasio de los carros de Paro (cardiorrespiratorio) o vitrinas del Centro Obstétrico. El fiscal advierte que era la trabajadora que, casualmente, señalaba los faltantes y pedía reposición.

Indicio de personalidad. Garzón analizó las características distintivas de Brenda como alguien que sobresalía por su destreza, muy eficaz en su trabajo e interesada en cada uno de los 13 eventos en que los bebés se descompensaron y algunos fallecieron. Según los testimonios, ella consultó lo sucedido luego y preguntaba, por nombre y apellido, sobre la situación posterior.

Otro aspecto es su preparación. Según la fiscalía tenía conocimiento e interés en las dosificaciones y fórmulas de sustancias químicas. Esa condición la coloca –desde esa perspectiva– como la persona mejor entrenada para inyectar y provocar las muertes. Los PDF que recibió por WhatsApp (se los mandaron) estaban referidos al potasio y sus efectos, además de otro que trataba del acompañamiento a padres ante las muertes de sus hijos.

Para el fiscal ella tuvo intención homicida.

EL JUEZ FERNÁNDEZ LÓPEZ RESUELVE SI EL FISCAL SIGUE O ES APARTADO

Además de requerir la elevación a juicio por los 13 hechos de homicidio –ocho en grado de tentativa– de la enfermera Brenda Agüero, el fiscal agravó la imputación de los funcionarios públicos, incluidos el exministro de Salud, Diego Cardozo, y del exsecretario, Pablo Carvajal.

Los acusó de “encubrimiento agravado por el hecho precedente (los homicidios en serie) y por su calidad de funcionario público”.

Ante este nuevo panorama, Joaquín Nores en representación de Carvajal pidió a la fiscalía sumar al abogado Justiniano Martínez, quien ya había intentado ingresar al expediente el año pasado. Por amistad preexistente, el fiscal rechazó el petitorio alegando que, si ingresa, debería apartarse.

Ante la negativa de Garzón, Carvajal planteó un incidente que debe resolver ahora el juez de Control, Juan Manuel Fernández López. Martínez sostiene que en la presentación realizada se dejó en claro que el objetivo no es apartar a Garzón.

Designar a un nuevo fiscal implicaría extender todos los tiempos. Tan solo leer el voluminoso expediente podría llevarle de seis a ocho meses.