Si el ministro de Economía Sergio Massa cumple con la promesa que le dio a los dirigentes de la Mesa de Enlace, en los primeros días de febrero el sector productivo primario debería tener medidas para hacer frente a la dura situación que vive producto del impacto del fenómeno Niña.
La sequía está haciendo estragos en amplios territorios de las provincias productivas y con cada semana que pasa las estimaciones de cosecha se corrigen a la baja.
“Nos encaminamos a una campaña 2022/23 que será la cuarta consecutiva con recortes en la producción y el rinde de la soja argentina. No se ve una caída conjunta de superficie de los cultivos de soja y maíz desde la campaña 2015/16, hace 8 años. Con este contexto y de confirmarse la situación actual, las exportaciones medidas en dólares podrían caer un 20% respecto al año 2021/22, un recorte exportador cercano a US$ 4.500 millones”, dice el informe de Commodities que divulgaron analistas de la Bolsa de Cereales de Rosario el viernes.
En ese contexto, la presión fiscal contra el agro no cede. Todo lo contrario. La combinación de un tipo de cambio diferenciado, más el impacto generado por el costo de los derechos de exportación hacen que la participación del Estado en la renta agrícola siga creciendo.
Desde la Fundación FADA, donde se mide el Índice de Participación del Estado en la renta advierten ese fenómeno.
En detalle, la medición de enero de 2023 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 67,2% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir, que de cada $100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $67,20 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales. En la medición anterior, de septiembre de 2022 ese valor era de 61,3%.
Fada comunicó que el índice publicado en este enero es 5,9 puntos porcentuales más alto que el de octubre, traccionado por menores rindes esperados como consecuencia de la profunda sequía que está atravesando el país.
En el caso de soja, el indicador subió de 67,7% a 69,3%, maíz de 53,4% a 60,6%, trigo de 50,9% a 73,7% y girasol pasó de 49,9% a 65,7%.
“Por la estructura tributaria que pesa sobre la producción agrícola, un evento adverso como la sequía, en lugar de reducir el peso de los impuestos, lo aumenta. Esto es debido a que, el impuesto con mayor participación es el derecho de exportación que, al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad. Así, a medida que empeora la sequía, aumenta la participación de los impuestos sobre la renta”, advierte la fundación.
