En febrero último asumió la presidencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) Marcelo Gallo Tagle, titular del Juzgado Civil 17 de la Ciudad de Buenos Aires. El viernes estuvo en Córdoba para asistir a un homenaje que afiliados locales de la institución, encabezados por el camarista, Luis Roberto Rueda, organizaron al camarista jubilado, Luis María Cabral, quien actualmente integra el Consejo de la Magistratura. PERFIL CORDOBA le pidió opinión sobre los temas más urticantes que atraviesan al Poder Judicial de la Nación.
—¿Por qué la asociación no tomó posición sobre la denuncia del Gobierno contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla?
—La mía, como la posición histórica de la asociación, es dejar trabajar a los órganos jurisdiccionales en la órbita de sus competencias. En todo lo que está sucediendo ahora con (el juez Alejo) Ramos Padilla y (el fiscal Carlos) Stornelli, no ha tomado intervención en ningún sentido porque es una cuestión jurisdiccional, con todos los cuestionamientos sobre una y otra posición. Se está resolviendo la competencia o no del Juzgado de Dolores. Nosotros no tenemos legitimación ni interés en opinar sobre qué corresponde porque no somos parte.
— ¿Les preocupa o son prescindentes en el hecho de que sea el Gobierno el que haya denunciado al juez?
—Bien canalizada la denuncia y llevada con seriedad e idoneidad cualquier particular u organismo estatal puede hacerla. El ámbito adecuado es el Consejo de la Magistratura. Esperamos que sea una denuncia que tenga la idoneidad para no tratar de torcer alguna voluntad.
—Si a usted lo denuncia el Poder Ejecutivo, ¿lo interpreta como una presión directa o es lo mismo que lo denuncie un particular?
—Para mí es lo mismo. Reconozco que puede tener un empuje y fortaleza ese denunciante que tal vez no tenga un particular. En definitiva la decisión de esa causa tendrá que transcurrir por los elementos que demuestren la seriedad o lo injustificado de la denuncia, en los andariveles que corresponda.
—¿Qué opina de los vínculos entre agentes de inteligencia y jueces y fiscales?
—Todo lo que escucho es por comentarios periodísticos. Me gustaría conocer, una vez que la causa esté tramitada, el alcance de lo que se está investigando. Por la importancia de lo que se está discutiendo corresponde dejar investigar en la jurisdicción que corresponda, Dolores o donde se resuelva la competencia. No permitir que se investigue y salga a la luz lo que es correcto, alimenta la fantasía y eso suma descrédito y genera más sospechas.
—La Justicia solo avanza con los gobiernos que pasaron, no con los de turno. ¿Es así?
—Son más visibles las investigaciones de gestiones anteriores. Pero en el curso de este Gobierno, hay jueces con mucha valentía con causas que investigan a funcionarios actuales, como la que usted mencionó. La inmensa mayoría es independiente y enfrenta intereses políticos y económicos muy fuertes.
—¿Cómo ven la interna indisimulada en la Corte Suprema y en la Cámara de Casación Penal?
—Genera una imagen no querida por el ciudadano y una debilidad en el cuerpo. Como todo órgano colegiado tiene diferencias, pero la mayoría se supera sin difusión en los medios.
—¿Cuál es el punto justo entre la ‘puerta giratoria’ y el exceso de prisiones preventivas sin juicio ni condena?
—Los temas que menciona no son responsabilidad del Poder Judicial. El sistema carcelario, las leyes que lo regulan, la graduación de condenas están en leyes que deben cumplir los jueces. Pero las consecuencias disvaliosas se las endilgan a los magistrados. Eso nos aflige. Con esto no corro la responsabilidad pero asignémosle lo que sí les corresponde. Cuando salió la ley de flagrancia, desde la Asociación de Magistrados hicieron muchas observaciones a la implementación de la norma. No fuimos escuchados. Hoy las críticas que recibe el Poder Judicial son las observaciones que hicimos advirtiendo lo que iba a ocurrir.
