“No podemos tener agentes para que acompañen presos al despacho del juez”

La interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós, fue clara y explícita al exponer la razón por la cual relevó la unidad móvil de la alcaidía en el subsuelo de los tribunales federales, tal como informó PERFIL CÓRDOBA en su última edición. Ante la consulta de este medio respondió sin rodeos: “Mis agentes ahí no me están rindiendo por el sueldo que están cobrando. Yo los necesito en las unidades carcelarias, no subiendo gente en el ascensor al despacho de los jueces. Esas 20 personas son un turno en un módulo”. Y agregó que ello no genera tensión con la Justicia Federal ni con el Gobierno de Córdoba.

La Cámara Federal de Apelaciones emitió un acuerdo solicitando que la funcionaria revea la medida fechada el 29 de abril último, en la cual Garrigós desafectó el uso operativo de la alcaidía federal de Córdoba y ordenó redistribuir al personal y los recursos materiales.

—¿Por qué se decidió levantar la unidad móvil de la alcaidía de los tribunales federales de Córdoba?

—La alcaidía de Córdoba no se justifica porque no es una dependencia nuestra. Ni siquiera tengo móviles. Los agentes están ahí solo para mirar a los detenidos mientras no los llamen a los juzgados o tribunales orales. Esas 20 personas serán reubicadas en otras dependencias. Estamos armando equipos para mandar a Mendoza. Algunos son de seguridad, otros de criminología y otros administrativos o cuerpos generales.

—Entonces, ¿Córdoba se quedará sin Servicio Penitenciario Federal?

—Nunca hubo. Tampoco hay unidades en La Rioja, San Luis, San Juan, Corrientes, Santa Fe y Catamarca. Los presos federales de Córdoba están en las unidades del servicio penitenciario provincial. La Nación paga alojamiento, comida y traslados. Incluye atención médica, capacitación en oficios, etc. Lo mismo sucede en Santa Fe, donde tenemos 500 personas de la Justicia federal en unidades carcelarias santafesinas. Pero también le doy un ejemplo inverso. La Pampa no tiene servicio penitenciario propio, entonces lo alquila a la Nación. Al revés de lo que pasa en Córdoba.

—¿Para usted no hay un problema político a partir de su decisión?

—No existe tal problema.

—¿Habló con el presidente de la Cámara Federal sobre el relevo de todo el personal penitenciario federal?

—Sí. Me pidió que lo demorara 15 días y lo estamos haciendo. Pero ahí no tengo ni un vehículo, no puedo hacer traslados, no puedo hacer nada. Allí había una delegación de la obra social del SPF, lo que implicaba un alquiler de un inmueble para dos efectivos de la obra social cuando ahora todo se hace por computadora. Ahora me ahorro esa plata de alquiler.

—¿Hay algún proyecto para levantar una cárcel federal en Córdoba?

—Le cuento lo que tenemos. Lo que hay es en el Complejo Agote, de Mercedes (Provincia de Buenos Aires), una unidad en un 47% de la construcción. En Coronda, norte de Santa Fe, está más o menos lo mismo. En Mendoza están entregando esta nueva unidad y por eso estamos preocupadísimos a quién vamos a mandar. Se necesitan 300 agentes de todos los rangos. La Ciudad de Buenos Aires, por un convenio que no está cumpliendo, nos tiene que entregar una unidad de 2.400 plazas en Marcos Paz. Pararon la construcción en noviembre del año pasado, aunque es cierto que por la pandemia es muy complicado. Cuando yo tenga las 2.400 plazas de Marcos Paz podré hacer traslados, pero tampoco se puede hacer cualquier movimiento. Hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos impide trasladar si se afecta la relación familiar, el avance de estudios o el detenido se queda sin trabajo. Hoy tenemos en Rawson 150 lugares vacíos, pero no a muchos se podría trasladar ahí.

—¿Cuánto paga a Córdoba por los 260 presos que tiene la Justicia federal?

—Durante esta gestión se pagaron $14.480.812 a Córdoba por alojamiento de presos federales.

—Desde Córdoba se indica que hay una deuda superior a los $104 millones.

—No hubo reclamo por eso en la Subsecretaría.

PEDIDOS Y NUMEROS DISCORDANTES DE LA DEUDA

La semana pasada, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió en un acuerdo pedir a la interventora del SPF que revea la decisión de relevar a todo el personal de la alcaidía, calificando la decisión de Garrigós de “unilateral” e “inconsulta”.

Recordó un convenio de 2015 entre la Cámara y el Ministerio de Justicia de la Nación (encabezado por Julio Alak), para que la custodia y traslado de los internos a la alcaidía de tribunales federales quedara a cargo del SPF. Por ello, la cartera de justicia asumió el costo de la readecuación edilicia en el subsuelo del edificio y a partir de septiembre de 2016 el sector quedó a cargo de la fuerza federal.

Además, la presidencia del tribunal remitió a PERFIL CÓRDOBA información enviada por el Servicio Penitenciario de Córdoba. Al 1 de junio último, hay 263 internos alojados en cárceles provinciales y la “deuda documentada reclamada al SPF es $104.865.522,44 al 31 de octubre de 2020, sin incluir la que corresponde desde entonces hasta ahora”.