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CRISIS

Obra pública: la UOCRA afirmó que ya se perdieron 50.000 puestos de trabajo

El gremio de los trabajadores de la construcción confirmó también la pérdida de otros 100.000 puestos indirectos.

27-02-2024 UOCRA construcción obra pública
CRISIS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. | NA.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) aseguró que en los últimos dos meses se perdieron unos 50 mil puesto de trabajo directos y otros 100 mil indirectos debido a la paralización de la obra pública en todo el país.

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Comunicado

El gremio resolvió declarar el estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país.

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“La medida obedece a la pérdida de puestos de trabajo producto de la paralización de las obras públicas dispuestas por el Gobierno nacional; la desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad”, expresa un comunicado gremial.

También cuestiona “la ausencia de gestión e interlocutores varios por parte de Poder Ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria”.

El documento también señala que “en los dos últimos meses se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos” en el sector por “la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas”.

“La obra privada aún no ha alcanzado niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública”, precisa el comunicado.

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Reclamo

Los trabajadores afirmaron que la situación se agrava ante “la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo”.

 

 

Para la UOCRA es “inaceptable que el Gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno”, que “no convoque al diálogo social” y “ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país”.