Omisión de autopsias a bebés fallecidos compromete a directivos del Neonatal

Por ahora el techo de las responsabilidades penales que se perfila en la investigación del fiscal Raúl Garzón, está en la conducción del Hospital Materno Neonatal donde se comprobaron cinco muertes dudosas de bebés y ocho niños con lesiones graves, a pesar de haber nacido sanos. El viernes por la tarde, cuando el instructor recibió informes periciales que había pedido, resolvió la imputación de la enfermera Brenda Agüero (27) por el delito de homicidio reiterado y ordenó su detención. Los hechos que, por ahora, se le atribuyen son los decesos de dos niños nacidos el 6 de junio pasado. Son los únicos sobre los cuales se practicaron autopsias.

Se presume –todavía hay que confirmarlo con más estudios– que recibieron inoculaciones de alguna sustancia letal que podría ser potasio.

Además, imputó por omisión de los deberes de funcionario público a la directora del hospital, Liliana Asís; la jefa de Neonatología, Marta Gómez Flores, y a la jefa del departamento de Neonatología. Para la fiscalía no tiene explicación que, apenas se produjeron los fallecimientos de dos niños, uno el 18 de marzo y otro el 23 de abril, las autoridades del hospital no hayan permitido ni instado que se efectuaran necropsias.

Esas muertes eran en ese momento –y aún lo son– inexplicables.

El 18 de marzo a las 15, por cesárea, nació el hijo de Vanesa Cáceres. Pesó 3,2 kg. Falleció a las 22.40. En esas siete horas sufrió tres paros cardíacos.

El 23 de abril a las 8.15 nació por parto natural el hijo de Carolina. El embarazo y el alumbramiento fueron absolutamente normales. A las 18.30 el bebé falleció.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, la hermana de Carolina, dijo que su cuñado, papá del niño, solicitó que se realizara la autopsia. Pero en el hospital le dijeron que no era necesario hacerla porque era muy probable que “no arrojara conclusiones claras respecto a por qué se había producido la muerte”.

Si eran bebés nacidos sanos, si sus madres habían tenido un embarazo con parámetros normales y controles periódicos, si los partos también sucedieron sin anomalías, ¿por qué las autoridades no impulsaron estudios y necropsias que permitieran indagar sobre los motivos de los decesos? La pregunta no encuentra respuesta y es uno de los aspectos que compromete a la directora y las jefas imputadas. El delito de omisión de sus deberes alude, entre otras cosas, a la inacción frente a las instancias narradas.

Luego, sucedieron otros tres decesos incomprensibles. El 23 de mayo y dos el 6 de junio, una bebé y un varón. Alternando con esos episodios, se detectaron ocho bebés que nacieron sanos y tuvieron complicaciones, también inexplicables, que les provocaron graves secuelas. Lograron sobrevivir.

La fiscalía de Raúl Garzón acumuló esos 13 casos. Pero, con el correr de los días se sumarán más. Hay bebés nacidos antes y durante el período bajo investigación que también tuvieron complicaciones y sus madres están dispuestas a judicializarlas.

El viernes, el fiscal General, Juan Manuel Delgado, designó colaborador de Garzón al fiscal Horacio Vázquez. Y el asesor letrado, Eduardo Caeiro, asumirá la representación de todos los bebés víctimas. Instó a las madres que tengan dudas sobre sus hijos, fallecidos o no, a acercarse a tribunales para presentar sus casos.

Defensa. Mientras la policía se dirigía a cumplir la orden de detención de la enfermera Agüero, el periodista Juan Federico de Cadena 3 fue a la casa de la mujer que iba a ser detenida y entrevistó a Cristina, madre de la profesional. La mujer señaló: “Mi hija no mató a ningún bebé, ella se deslomó para estudiar Enfermería, es lo que le apasiona”. Señaló que la tarea de Brenda era con las madres y no con los bebés, y que ella no colocaba inyecciones ni vacunas. Dijo que trabajó en el Sanatorio Allende donde tienen un concepto como una enfermera intachable. La madre también señaló que ingresó al Hospital Neonatal en 2020, “en medio de la pandemia” y mantuvo ambos trabajos hasta que decidió quedarse únicamente en el nosocomio provincial. “Ese fue su error, quedarse en ese lugar donde pasan tantas cosas”, puntualizó.

Certificados que nadie quiso firmar. El 6 de junio se vivió una noche de terror en el Hospital Materno Neonatal. Dos bebés fallecieron y otro recién nacido –que logró sobrevivir– presentó un cuadro clínico inesperado que le generó graves secuelas. Ningún profesional quiso realizar el certificado de defunción de los recién nacidos que murieron. Eso hizo estallar internamente el caso. Fueron los primeros judicializados.

Puertas adentro ya había evidencias de graves irregularidades que se venían produciendo desde hacía meses. La supervisora de Enfermería, Gladys Ríos, reconoció a El Doce que los enfermeros “no querían ir a trabajar” a planta baja, donde estaban los niños sanos y las madres que no habían sufrido complicaciones.

Cuando se produce el fallecimiento de un bebé, lo usual es entregar el certificado de defunción a sus padres y la familia dispone el destino final del cuerpito. Si no hay certificado, se hace la autopsia. Es lo que sucedió con los casos registrados el 6 de junio; no así con los anteriores.

Responsabilidades funcionales y políticas. Según pudo saber PERFIL CÓRDOBA de fuentes judiciales, en la causa penal no se advierte por el momento responsabilidad delictiva de funcionarios del Ministerio de Salud, a cargo de Diego Cardozo. En la información entregada a la Justicia señalaron que se enteraron de las irregularidades en el Neonatal “en el mes de junio”, después de la noche del 6 de ese mes. Pero esto contradice lo que manifestó la funcionaria de Legales del ministerio, Marina Figueroa, al periodista Gabriel Silva en Telefé Córdoba, de que Cardozo lo sabía “desde el día uno”, es decir, desde marzo.

Hay responsabilidades funcionales con relación al evidente mal funcionamiento del organigrama. La falta de un control exhaustivo y de protocolos aceitados, pudo permitir la recurrencia de muertes sin causas explicadas.

El Neonatal fue inaugurado –sin la obra totalmente terminada– el 14 de diciembre de 1998 por el entonces gobernador, Ramón Bautista Mestre, quien perdió las elecciones al año siguiente. Su sucesor, José Manuel de la Sota, colocó a dirigentes gremiales en la dirección de los diferentes hospitales provinciales. El Neonatal se creó con poco personal de dedicación exclusiva a pesar de su enorme infraestructura médica y edilicia.

“Costó mucho que se designara personal en la cantidad que se necesitaba”, relató un exfuncionario del hospital quien además reconoce que la carga laboral se cumplía bajo presión con más de 5.000 partos anuales que debían ser atendidos y escaso personal.

El déficit en el funcionamiento de las jerarquías es una de los aspectos que destacan quienes conocen la interna. El manejo personalista del ministro de Salud, Diego Cardozo, es uno de los elementos que desarticulan el organigrama. Un desajuste que debería reconocerse a la hora de pesar las responsabilidades en las muertes que esperan respuestas de la Justicia.

Pero, por ahora, esta causa parece no salpicarlo; como tampoco lo afectaron el caso de Solange Musse, el del médico trucho Nicolás Martín, ni el Vacunatorio Vip; ni siquiera la judicialización del ‘Memorándum original Nº 2/2018’ que PERFIL CÓRDOBA publicó en exclusiva el 15 de abril de 2018 porque se decretaba la mordaza a los directores de hospitales para que no tuvieran contacto con la prensa.

“La política es colocar directores afines, que sigan los dictámenes del Ministerio sin objetarlos, y abogados como vicedirectores”, reveló el exfuncionario consultado y agregó: “El objetivo es controlar y evitar los problemas”.

 

Ocultamiento de la información. Vanesa Cáceres, la mamá del bebé nacido y fallecido el 18 de marzo, se enteró de que su caso había sido judicializado recién el 11 de agosto cuando Radio Mitre Córdoba dio a conocer la investigación judicial. En cinco meses ni autoridades del hospital ni del Ministerio de Salud le informaron que la muerte de su hijo era motivo de análisis. Lo mismo sucedió con el resto.

Entre los aspectos que la Ley de Parto Humanizado 25.929 establece como derechos de la mujer durante el embarazo, parto y posparto está el de ser informada sobre las intervenciones médicas para participar activamente de las decisiones. Nada de eso se cumplió en este caso.

El Ministerio de Salud recién reconoció públicamente la investigación interna después de dos meses de que puso en marcha el sumario administrativo. A partir de que tomó estado público dispensó a la directora, Liliana Asís, ahora imputada.

Dos horas antes de que se produjera la detención de la enfermera Agüero y las imputaciones de la directora, Liliana Asís, y de dos jefas más, el Ministerio comunicó las dispensas de responsables de tres áreas. Entre ellos figura Marta Gómez.

A la misma hora, pero en tribunales, el fiscal Garzón firmaba la imputación de Gómez.

Minutos después, el gobernador Juan Schiaretti recibió a un grupo de madres y les prometió acompañamiento para llegar a la verdad. Todo ocurrió, en pocas horas, la tarde del último viernes.

CASOS QUE LLEGARÁN A LA JUSTICIA

LORENA IBARRA. Tuvo por cesárea a su hijo el 28 de febrero de este año. Fue un parto prematuro. Luego de nacer, el bebé sufrió tres paros cardíacos y falleció. Ella no vio la historia clínica. Pero sí vio un hematoma en su manito. “Tengo muchas dudas desde ese momento, no queremos que esto quede en el silencio”.

ANYELÉN DÍAZ Y FABIÁN RODRÍGUEZ. El 15 de julio de 2021, tuvieron a su hijita por cesárea. Le dijeron que al nacer “la bebé se había tragado el meconio lo que le afectó el cerebro y los pulmones”. Desde entonces está internada y conectada a un respirador con un pronóstico incierto. Ellos temen que sucedió algo mal en el parto.