Figueroa y Bustos no eran desconocidos entre sí. Ambos coincidieron en la misma cárcel de Río Cuarto, entre marzo y agosto de 2024, y sus nombres figuran juntos en un mismo expediente judicial, del cual todavía se desconocen las causas. Lejos de tratarse de un cruce entre desconocidos, todo indica que entre la víctima y el asesino existía una historia previa, algo que las autoridades judiciales manejan con cautela mientras avanza la causa.
Los antecedentes de ambos refuerzan la sospecha de que se movían en el mismo ambiente. Bustos arrastraba antecedentes por robo calificado y tenencia ilegal de armas de uso civil y de guerra. Figueroa, por su parte, tenía antecedentes por tenencia de estupefacientes, tenencia ilegal de armas y disparos. El perfil de los dos remite al mismo circuito: uno vinculado a la venta y el otro, según trascendió, señalado como comprador o distribuidor menor dentro de esa cadena.
En las últimas horas circuló un audio que atribuye el origen de la pelea a una discusión a la salida de un boliche, tiempo atrás. Esa versión pierde fuerza frente a un patrón distinto: el de una disputa de más largo aliento, ligada al territorio y al negocio de la droga, y no a un entredicho ocasional de una noche de salida.
Extraoficialmente se maneja que Figueroa y el entorno de Bustos ya tenían diferencias previas por cuestiones de barrio y de reparto de zona, aunque hasta el momento nada de eso está confirmado por el hermético fiscal Luciano Rodríguez. Es el patrón habitual en este tipo de hechos: cuando aparece un ajuste de cuentas, casi siempre hay detrás una pelea por el control de un sector o por una deuda entre quienes venden droga en una misma zona.
La secuencia que quedó registrada en cámaras de seguridad -el cruce fue de apenas un minuto y la aprehensión llegó nueve minutos después- refuerza la lectura de un encuentro casual entre dos personas que ya arrastraban un conflicto, y no de una emboscada planificada con antelación. La chispa parece haber estado latente desde antes; lo que faltaba era el cruce entre ambos que terminó encendiéndola esa madrugada.
El otro detenido, Jonathan Castro, imputado por encubrimiento, y la mujer acusada de facilitar la moto de escape no registran antecedentes del mismo peso que Bustos y Figueroa. Esa diferencia refuerza la idea de que el conflicto de fondo corría por afuera de ellos, entre los dos protagonistas principales, y que el resto cumplió un rol secundario en la fuga posterior al hecho.
El episodio se inscribe en un contexto provincial con una tasa de 1,26 homicidios cada cien mil habitantes, la más baja desde la pandemia. Más del 75% de los homicidios que se registran en la provincia de Córdoba corresponden, como este, a episodios de violencia urbana entre personas con antecedentes cruzados, antes que a ataques contra terceros ajenos al conflicto.
La causa sigue abierta y bajo reserva en varios de sus tramos, mientras la Fiscalía evalúa si el paso compartido por la cárcel y el expediente común alcanzan para sostener la hipótesis del ajuste de cuentas.
