Con más ordenanzas sancionadas, una menor cantidad de proyectos ingresados y un crecimiento de las iniciativas de control al Ejecutivo, el Concejo Deliberante de Córdoba cerró 2025 con una actividad marcada por la impronta del oficialismo y una oposición que buscó ganar volumen político desde las resoluciones: pedidos de informes y citaciones a funcionarios de la gestión de Daniel Passerini.
Durante el 2025, el cuerpo parlamentario de la ciudad, a cargo del viceintendente Javier Pretto, llevó adelante 38 sesiones, entre febrero y diciembre: 34 ordinarias, tres especiales y una preparatoria, según el relevamiento de los datos de la red pública del Concejo Deliberante, a través de la Secretaría Legislativa. El número refleja una agenda institucional sostenida, aunque con algunos cambios en la dinámica parlamentaria respecto del año anterior.
Uno de los datos centrales del balance es la disminución en la cantidad de proyectos ingresados. En total, durante 2025 se presentaron 774 iniciativas, frente a las 864 de 2024, lo que representa una caída aproximada del 11 por ciento. La baja se explica, principalmente, por la reducción de proyectos de declaración, tradicionalmente vinculados a expresiones simbólicas del cuerpo.
En contraposición, se registró un incremento significativo de los proyectos de resolución, que pasaron de 117 en 2024 a 178 en 2025. Este crecimiento da cuenta de un mayor ejercicio de la función de control político, esencialmente a través de pedidos de informes y citaciones a funcionarios del Ejecutivo municipal, un terreno donde la oposición gana protagonismo en el Concejo.
El peso del Ejecutivo
Pese a la caída en el ingreso total de proyectos, el año legislativo cerró con un dato contundente: se aprobaron 108 ordenanzas, frente a las 77 sancionadas en 2024, lo que implica un incremento de 31 normas y marca uno de los niveles más altos de producción normativa del período reciente.
El aumento de ordenanzas con respecto a 2024 se explica en mayor medida a muchos convenios con municipios y comunas que pasaron por el Concejo para su aval, como también los 12 nuevos convenios urbanísticos que se aprobaron en la última sesión del año con fuego cruzado.
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A propósito, desde la oposición, Elisa Caffaratti (UCR) cuestionó la aprobación “en paquete” e hizo foco en informes técnicos que mencionan distintos problemas en los terrenos en cuestión. En tanto, su par juecista Graciela Villata reclamó por “la falta de un plan director”.
“Son estudios de factibilidad. A partir de las exigencias técnicas que ponga la Municipalidad y de su cumplimiento efectivo por parte de los privados, se verá si los convenios llegan a buen puerto”, cruzó el passerinista Martín Simonian en el último plenario del año.
Además de los convenios con la Provincia y otros municipios, el Concejo sancionó ordenanzas clave como Ficha Limpia, la regulación de apps de transporte, el programa de actividades productivas (PPAP), el “RIGI” cordobés, la ordenanza de instrumentos urbanísticos, el endurecimiento de sanciones ambientales y el paquete económico 2026, entre otras.
Autorías
El reparto de autorías de las normas admitidas deja en evidencia un marcado predominio del oficialismo municipal. El 55% de las ordenanzas sancionadas (80) tuvo origen en proyectos enviados por el Ejecutivo municipal, mientras que el bloque mayoritario del Concejo aportó el 18% (26).
En conjunto, el oficialismo participó en el 73% de las ordenanzas aprobadas, frente a un 27% impulsado por los bloques del arco opositor: UCR (11), Juecismo (8), Ciudadanos (8), PRO (6), CPL (5) y FIT (2).
El dato consolida un esquema de la dinámica legislativa donde el Concejo ofició, en gran medida, como engranaje normativo de la gestión municipal, con capacidad de sanción elevada y una agenda fuertemente alineada a las prioridades del Ejecutivo encabezado por Passerini.
Por otra parte, del total de 774 proyectos ingresados en 2025, 428 fueron aprobados, 336 girados a comisión y 124 enviados al archivo, incluyendo iniciativas de años anteriores que perdieron estado parlamentario durante 2025.
La cifra muestra un nivel alto de resolución, aunque también da cuenta de una acumulación de expedientes que no lograron avanzar en el circuito legislativo, según la queja opositora.
Asistencia a sesiones
Sobre este punto se destaca que nueve concejales registraron asistencia perfecta a lo largo de las 38 sesiones del año: Marcos Vázquez, Gabriel Huespe, Mauricio Romero, Graciela Villata, María Eva Ontivero, Juan Balastegui, Sandra Trigo, Gustavo Pedrocca y Mónica Rosales.
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Por otro lado, se consignan mayores niveles de inasistencia —por distintos motivos— entre los concejales Jéssica Rovetto Yapur (5), Javier Fabre (4), Miriam Aparicio (4), Soledad Zarazaga (4), Laura Vilches (4), Erika Mercado (3), María Verónica Garade Panetta (3) y Claudia Luján (3), un dato que también forma parte de la revisión del año legislativo.
El balance 2025 exhibió un Concejo Deliberante más activo en términos normativos, pero con menor volumen de iniciativas simbólicas —aunque siempre están presentes los homenajes— y una oposición que volcó su estrategia al control político del Ejecutivo municipal.
En un contexto de la gestión diaria ante los avatares de la crisis económica y con fuerte peso del oficialismo en la producción de ordenanzas, el recinto funcionó como escenario de alineamiento con el gobierno local por la mayoría automática del PJ, pero también de tensiones políticas que anticipan debates de mayor intensidad hacia el próximo turno electoral.
Achique presupuestario para 2026
Del presupuesto total del municipio para el 2026, que asciende a $1,48 billones, el Concejo tiene asignado $22.561.983.838 de los cuales la partida de personal representa $15.698.067.531 y los servicios no personales $4.730.993.349.
En medio del debate por el uso de los recursos públicos, el Concejo que preside Pretto avanza en un recorte de su planta política contratada. El ajuste “quirúrgico” implica la reducción del 30% de los vínculos laborales temporales y apunta principalmente a contratos que vencieron el 31 de diciembre y no serán renovados todos.
La medida pone el foco en los monotributistas y recae, en su mayoría, sobre personal vinculado a los ediles del oficialismo, en una señal interna del control del gasto. Actualmente, el Concejo registra 370 becarios y 170 contratados externos, con haberes que van desde $200.000 hasta $1.500.000, un esquema que ahora entra en revisión.
