Laura Beatriz Gandarella, jubilada cordobesa de 62 años, atraviesa una nueva recaída de su linfoma no Hodgkin mientras PAMI incumple, por segunda vez en dos años, una orden judicial que la obliga a entregarle la medicación oncológica. El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, dictó una medida cautelar que le dio a la obra social 48 horas para proveer el fármaco Acalabrutinib. El plazo venció hace un mes y, según relató su hija, todavía no llegó.
La resolución judicial, en la causa "G., L. B. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/Prestaciones Farmacológicas" (expediente 2123/2026), ordenó a PAMI cubrir el 100% del medicamento Acalabrutinib 100 mg -en cápsulas por 60 unidades, con una dosis de 200 mg diarios- según lo prescripto por la médica tratante, la hematóloga Graciana Gallay.
El fallo se sostuvo en el derecho a la salud reconocido en tratados internacionales con rango constitucional y en la "verosimilitud del derecho" acreditada por la afiliación de Gandarella a PAMI y por la documentación médica presentada en la causa. La medida tiene una vigencia de seis meses o hasta que exista sentencia firme.
De acuerdo con el testimonio de la hija de la paciente, PAMI apeló la cautelar, pero ese recurso tiene efecto devolutivo: no suspende la obligación de entregar el medicamento. Pese a eso, la familia asegura haber concurrido en reiteradas oportunidades a las oficinas de la obra social sin obtener respuesta. "El juez le dio 48 horas para que nos entregaran la medicación y todavía no lo han hecho", relató.
Un informe reciente del Hospital Córdoba, donde la paciente es atendida, confirma que su cuadro se agravó y que requiere el tratamiento con urgencia. La familia sostiene que los médicos le dan una expectativa de vida corta y que ya no es posible recurrir a otras alternativas terapéuticas. El documento concluye que la paciente "requiere medicación oncológica de urgencia".
Un patrón que se repite
No es la primera vez que Gandarella y su familia deben litigar contra PAMI para acceder a un tratamiento. A mediados de 2024, la obra social demoró siete meses en enviarle Zanubrutinib (Brukinsa), pese a una cautelar del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba que ordenaba su cobertura íntegra. En ese momento, la paciente llegó a estar internada en estado crítico y el fármaco recién llegó tras la difusión pública del caso. Dos años después, la familia atraviesa una situación casi idéntica, ahora con un pronóstico más adverso.
Según el relato de la hija, los cortes de medicación dispuestos por PAMI en el proceso anterior provocaron efectos adversos que obligaron a cambiar el esquema terapéutico por uno con menor riesgo cardíaco. "Esos cortes de medicación le provocaron efectos adversos muy graves. Por eso las médicas decidieron reducirle la dosis, suspenderla y pedir una medicación nueva", explicó. Y agregó que el amparo por el nuevo fármaco se presentó en diciembre pasado, tras el rechazo inicial de la obra social.
La familia también denunció un episodio de trato hostil en una de las gestiones presenciales ante PAMI. Según relató la hija, una empleada del organismo habría cuestionado la urgencia del pedido en estos términos: "Nos dijo que, si se iba a morir en cinco días, para qué queríamos la medicación". La obra social no emitió por el momento declaraciones sobre este episodio.
"No me quiero morir"
La propia Gandarella grabó un mensaje en el que pide ayuda directamente a la obra social y a la comunidad. "Tienen mi vida en la mano de ustedes, tienen el remedio, tienen la orden del juez hace mucho para que me lo entreguen. No tengo tiempo, la carga tumoral se fue altísima. No me quiero morir", expresó. Y cerró con un pedido explícito: "Es muy cruel lo que está pasando. Por favor, ¿me pueden ayudar?".
