Hay postales que describen las calles y postales que reconstruyen las estadísticas. Las imágenes que se recogen en diversos barrios de la ciudad capital de Córdoba dan cuenta de vecinos que, a primera hora de la mañana, llegan a la parada del ómnibus o sacan el auto del garaje acompañados por el servicio de seguridad privada que en conjunto pagan las familias de la zona; barrios enteros con veredas amplias y arboladas que dejan de ser transitadas apenas cae el sol; escuelas de barrios periféricos que han decidido cambiar horarios de exámenes para poder terminar antes del anochecer; grupos de “Whatsapp de seguridad” en todos los centros vecinales, que actúan como sistemas de alertas. No, no es paranoia… se trata de miedo.
Según la Encuesta Nacional de Victimización 2017, elaborada por el INDEC y publicada el 15 de febrero último, un 40,2% de los cordobeses considera “muy grave” la inseguridad que se vive en la provincia y 43,2% la califica de “bastante grave”. Solo 16,3% la percibe como “poco o nada grave”.
Esta investigación sondeó también cambios de rutinas o actividades, que la población adoptó en función de esta percepción y el resultado fue que 51,5% “no deja que sus hijos menores salgan solos”; 48% “dejó de llevar mucho dinero efectivo o tarjetas” y 36% directamente “dejó de salir de noche”. A esto se suman sondeos de consultoras privadas que midieron que "la inseguridad y el narcotráfico son la principal preocupación para el 25,5% de los cordobeses.
Alertas sociales. Con la coincidencia de tres fuentes diferentes -INDEC, Ministerio de Seguridad de la Nación y el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Provincia- se llega a construir un panorama estadístico alarmante sobre la percepción de inseguridad y el nivel de criminalización fáctico que se registra en Córdoba en los últimos dos años.
Por ejemplo, la encuesta del INDEC pone la mirada en lo que llama “indicadores de incivilidad” que la gente percibe en su área de residencia y que crean condiciones para la inseguridad: de esa lectura resulta que 56,4% señaló “el consumo de drogas en la calle”; 49% “riñas o peleas en la vía pública”; 44% “venta de drogasen la calle” y, finalmente, dos indicadores que empezaron a irrumpir en la realidad local, “bandas violentas”(41%) y “disparos frecuentes” (33%).
Todo este conjunto de fenómenos que van conformando ambientes hostiles para la sociedad, luego se reflejan en cuadros concretos de victimización. Allí es donde los últimos datos elaborados por el Observatorio provincial resultan contundentes: “Uno de cada tres cordobeses dijo que fue víctima de un episodio delictivo en el primer semestre de 2017”.
El “asalto en vía pública” es el hecho más frecuente, seguido por “ataque en su vivienda” y, en tercer lugar “la sustracción de su auto”. Destaca el crecimiento de la tasa de robos (excluidos automotores), que fue de 815,3 por cada 100.000 habitantes en el primer semestre de 2017, frente a 760,9 del segundo semestre de 2016.
El panorama no terminaría de pintarse con total realidad, si no se menciona la magnitud del llamado “delito escondido” que hace referencia al no denunciado. Según la encuesta del INDEC, en Córdoba la tasa de no denuncia de delitos no violentos se aproxima al 70%y el de los violentos es de 55%.
Comparativo nacional. Aunque la situación de inseguridad y criminalidad que se registra en la provincia no es muy diferente a la que viven otros grandes distritos del país, sí llama la atención la tendencia.
Según el Informe de Estadísticas Criminales, realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la tasa de delitos contra las personas y la propiedad cada 100.000 habitantes fue de 4.917,2 en Córdoba durante 2016, lo que significó un aumento del 15,5% respecto de 2014. En ese mismo periodo, la tasa nacional descendió un 9% para quedar en 3.434,5 por cada 100.000 habitantes.
Es significativo comparar Córdoba con Santa Fe (una provincia atravesada por la violencia desello narco): en el distrito vecino, la tasa de delitos contra las personas y la propiedad fue de3.578,7 en 2016 (un 17% menos que en 2014).
Los datos del INDEC arrojarían algo de luz a esta realidad comparativa: mientras en Santa Fe recrudece la violencia intrabandas (peleas por el negocio de la droga), en Córdoba aumentan los delitos no violentos contra el patrimonio de la población en general.
Así entonces se ve que en Córdoba la prevalencia de delitos no violentos se aproxima al 12% (superando la media nacional) y en Santa Fe es de 9,8%; a su vez, la prevalencia de delitos contra el patrimonio es más alta en Córdoba (16% vs. 14%).
SENSACION DE "FAR WEST"
El “golpe cinematográfico” en Nueva Córdoba que desparramó 120 balazos a diestra y siniestra emboscando a vecinos desprevenidos, al igual que una balacera en barrio Los Naranjos a plena luz del día, ocurrido en enero pasado, han comenzado a dejar en la gente la “sensación de far west”.
En los últimos días era común el comentario en las familias, en el taxi, en los ambientes de trabajo: “Vamos a tener que aprender qué hacer cuando comienzan a volar las balas, dónde refugiarnos”.
El instinto de supervivencia actúa más rápido que las respuestas institucionales y las soluciones estructurales de las políticas públicas de largo plazo. Sin embargo, debiera ser exactamente al revés.
Antes de acostumbrarnos a esquivar balazos, y a la par de lo que las fuerzas de seguridad deben hacer para combatir el delito, Córdoba debe activar urgentemente políticas públicas de largo plazo.
El Observatorio de Seguridad Ciudadana, con el apoyo de la fundación empresaria Córdoba Mejora y bajo la dirección de la ex ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, gestó el “Proyecto de cohesión social como mecanismo para reducir la inseguridad”. Promovido por Cepal, este concepto de cohesión social implica crear sentido de comunidad, similares oportunidades, respeto por la diversidad, sentido de pertenencia y confianza interpersonal e institucional. En el fondo, apunta a construir y restablecer tejido social.
De no ocurrir esto urgentemente, Córdoba empezará a ver como los huecos de ese tejido son llenados financieramente por las ganancias del narcotráfico, no sin cobrar el alto costo de su lógica de funcionamiento.
