“Vinimos a hacer un verdadero acto de justicia, quiero reconocer la tarea del gobernador (José Manuel) De la Sota, que estuvo detrás de este tema, del señor intendente y de todos aquellos que trabajaron para lograr este objetivo reclamado por el conjunto de Las Varillas”. Con estas palabras, el expresidente Néstor Kirchner celebraba el 5 de octubre del 2004 el renacimiento de la empresa Pauny, emblema del Movimiento de Empresas Recuperadas (MER) de la era kirchnerista.
Hoy, la fábrica de tractores que preside Raúl Giai Levra tiene 60 % del mercado nacional de tractores, cerró el 2016 con 1.800 unidades vendidas (30% más que un año antes) y da trabajo a 550 personas. ¿Estos resultados son fruto de un modelo ideológico contra capitalista exitoso, o de una confluencia de factores de poder con una correcta lectura del mercado en el que compite la compañía?
La pregunta cobra vigencia -a 15 años de haber sido recuperada la fábrica- a la luz de los hechos registrados el mes pasado cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) intimó al Instituto Patria (asociación civil que cobija el actual proyecto político de Cristina Fernández y que preside Oscar Parrilli) a detallar quiénes son sus socios aportantes.
El nombre de Pauny se mezcló en ese evento cuando Patria presentó una denuncia policial en la que informó del extravío del registro de socios, e identificó a tal registro (libro rubricado) con un número que pertenece a Pauny. (Ver más abajo en “Tuvo que ser un error”).
En retrospectiva. Mirando la estricta evolución de los hechos, en la recuperación de Pauny se alinean, al menos, cuatro factores (entre políticos domésticos, geopolíticos externos, intereses comerciales y, en muy pobre medida, la filosofía de la “Economía Social”, de Paul Singer, una ideología que alentó en su momento el MER).
La evolución de la propiedad de la empresa es uno de los factores más relevantes que dejan trascender lo sucedido en Pauny. El declive de la fábrica se volvió insalvable en 1998; tras intentos infructuosos de salvatajes, Zanello (empresa originaria) fue a la quiebra y la justicia decretó su cierre en septiembre del 2001.
Al amparo del fuerte Movimiento de Empresas Recuperadas (que presidía entonces José Abelli), en marzo del 2002 los trabajadores lograron transformar a una sociedad familiar en una sociedad anónima cuyo capital accionario se distribuyó así: 33% de las acciones para empleados jerárquicos (incluidos cuatro exgerentes de Zanello), 33% para la Cooperativa Metalúrgica Las Varillas, 33 % quedó inicialmente en manos de los concesionarios y el 1% restante, para la Municipalidad de Las Varillas.
De aquel esquema que sirvió al kirchnerismo para levantar las banderas de una “economía social basada en empresas recuperadas” no quedó nada.
Apenas el modelo de negocios de Pauny se encontró protegido por el cierre de las importaciones, y beneficiado por la “vía de negocios Venezuela” y los acuerdos de venta que le garantizó la Administración De la Sota con el sector público provincial, la propiedad se transformó ágilmente.
Inversores vinculados a Banco de Valores compraron el porcentaje de acciones de los concesionarios y la planta en US$25 millones. Diversas fuentes del mercado que conocen la actividad actual de Pauny coincidieron en que la conformación accionaria siguió experimentando, tras ello, nuevos cambios.
“Hoy más del 50% está en manos del management, principalmente del presidente Giai Levra y del vicepresidente, José María López López (padre del corredor de autos “Pechito” López)”, aseguran. Los inversores ingresados a través de Banco de Valores tendrían ahora un 40% y a los empleados les habría quedado menos del 10%. “Es difícil conocer quiénes son los verdaderos dueños de Pauny, es una Caja de Pandora”, señalaron las fuentes consultadas.
Vínculo chavista. Uno de los motores que primero encendió Pauny en su marcha de recuperación fue, sin duda, las ventas a Venezuela. Esto le significó a Pauny ser una de las pocas empresas que tuvo crecimiento en el 2009. Para llegar a ello, contó con el apoyo del propio líder del movimiento de Empresas Recuperadas, José Abelli, pero sobre todo con los beneficios de un controvertido convenio de Cooperación Económica, firmado entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez, en 2005, que involucraba intercambio comercial de maquinaria agrícola por fuel oil.
Según un e-mail enviado por Abelli a la entonces embajadora argentina en Caracas, Alicia Castro, al que tuvo acceso PERFIL Córdoba, el dirigente del MER sirvió de lobista de los intereses de Pauny ante Citibank en Caracas, para favorecer sus negocios en ese mercado.
Pero, además de esta evidencia, sería más contundente aun la que revelaría el “pago voluntario” que la fábrica de tractores realizaba a la firma Palmat International (que por aquel entonces, años 2009-2010, tenía domicilio en 10620 NW 27St, Miami, Florida), para que le “gestionara” sus ventas en el marco del Convenio entre Estados que habían firmado Kirchner y Chávez.
¿Por qué una intermediaria privada tenía que involucrarse en este acuerdo? Lo cuestión es que Palmat le cobraba a Pauny 10% por “gestión de ventas” y 5% por “recuperación de gastos”.
El actual embajador en Ecuador, Luis Juez, había contado en su momento una infidencia que le relató José María López al confesarle las “coimas que tenían que pagar (a funcionarios argentinos) para poder vender a Venezuela”. Este relato terminó abonando una causa que cayó en manos del juez federal Julián Ercolini (expediente 3162/07).
Cuando en 2010 estalló el caso Palmat, José María López desmintió a Juez. Aseguró que sus aseveraciones respecto de supuestas coimas “daban risa”. Por ese entonces, su hijo, el corredor “Pechito” López, debutaba en Neuquén para el flamante equipo Oil Competición, propiedad de Cristóbal López.
La Fábrica de Tractores Grannacional Pauny de Venezuela terminó siendo la cabecera de playa de la compañía varíllense en el mercado venezolano, para la fabricación de tractores y maquinaria vial, con partes enviadas desde Argentina.
En 2010, la empresa aseguraba que esta unidad de negocios le permitía facturar unos US$ 30 millones (45% de sus ventas totales). A pesar de las consultas realizadas a la empresa, PERFIL Córdoba no pudo confirmar si esta línea de negocios aún se mantiene en Venezuela.
Transversalidad en los negocios. Pero, no sólo fue el mercado externo la base de su recuperación. Los negocios cerrados internamente, gracias a acuerdos firmados con el Estado provincial, también fueron estratégicos.
“Mucho se habla del salto que experimentó Pauny con el kirchnerismo, pero también hay que contemplar el envión que le dio De la Sota”, aseguran quienes conocen en detalle el impacto que tuvieron los diferentes ciclos de negocio de la firma.
A lo que se refieren estas fuentes es, centralmente, a tres hechos: acuerdos con la Provincia para proveer de maquinaria vial a consorcios camineros; un convenio firmado en 2012 con el gobierno cordobés para venderle tractores y maquinaria vial que fueron distribuidos a municipios y comunas; y la autorización que logró De la Sota ante la Nación para que permita a Pauny trabajar como empresa del sector automotor; esto le habilitó fabricar minibuses, una unidad de negocios que se concibió para proveer a municipios y provincias del país.
Presente exitoso y dudas. En un mercado integrado por 10 empresas locales y cinco firmas multinacionales fabricantes de tractores, Pauny es hoy la principal empresa nacional en el rubro.
Fabrica equipos relativamente sencillos y fiables para alta potencia, que no interesa a las grandes multinacionales por sus series cortas de fabricación. Haberse enfocado en este nicho de mercado la convirtió en líder nacional de ventas.
En el primer cuatrimestre del 2017 vendió un 20% más que en igual período del año anterior; esta performance determinó una inversión de US$3 millones en su planta de Las Varillas para aumentar producción y ganar mercado en Brasil, donde adicionalmente desarrolla una asociación para empezar a fabricar desde San Pablo, a partir de 2018. Además, exporta tractores a Uruguay, Colombia, Bolivia y Rusia.
De empresa recuperada a empresa exitosa de la industria de la maquinaria agrícola: un trayecto que, sin duda, involucró talento de gerenciamiento y esfuerzo de sus trabajadores. Pero, también, una conjunción de maniobras e intereses en juego que hoy, a partir de lo acontecido en Instituto Patria, demandan señales de transparencia, tanto de parte del proyecto de Cristina Fernández, como de la Justicia (que atiende causas vinculadas) y de la propia compañía.
"TUVO QUE SER EQUIVOCACIÓN"
"No nos une ningún tipo de relación. Para mí es una equivocación”, aseguró el presidente de Pauny, Raúl Giai Levra, en la única definición que dio a un medio de prensa tras conocerse que se vinculaba a la empresa con el cristinista Instituto Patria. “Es muy torpe decir un número (de registro) que no corresponde. Debe haber sido un error de ellos", insistió el empresario.
Giai Levra reconoció entonces: "Me pone mal, porque el mercado también está muy susceptible de la política, es una cuestión que no es nuestra ni nos pertenece. Es un error”. Y enfatizó: “No hay motivo doloso. Es un tema que tendrá que aclarar el Instituto Patria”.
Según informó la Inspección General de Justicia, la escribana que firmó las últimas presentaciones de Pauny ante ese organismo, María Bulubasich, es la misma que hizo las presentaciones más recientes para Oil Combustibles, empresa de Cristóbal López.
