Piden investigar vínculos políticos en contrato con la firma Grababus
El fiscal Enrique Gavier investiga la presentación que hizo la Provincia contra la empresa de Jorge Sorensen. Pedirán también que se derogue la ley que hizo obligatorio el trámite.
SUSPENSIÓN. La provincia dispuso que no se graben autopartes por 180 días. Juan Pablo Quinteros pedirá que se derogue la ley. |
Cedoc Perfil
La suspensión por 180 días del grabado de autopartes decidida por el gobernador, Juan Schiaretti, y la denuncia penal contra el titular de la empresa Grababus, Jorge Sorensen, se completará en los próximos días con una demanda en contra de funcionarios del área de Seguridad y Gobierno. Juan Pablo Quinteros, legislador del Frente Cívico, contó que, desde hace dos meses, tenían datos de irregularidades en el convenio que ligaba a la Provincia con la empresa, además de no cumplir con el primer postulado de la ley que estableció la obligatoriedad del trámite: evitar el robo de autopartes.
El Gobierno publicó el viernes pasado el decreto que dio por interrumpido por el lapso de seis meses la concesión. En la norma dejó en claro una serie de incumplimientos como evasión de impuestos de Sellos e Ingresos Brutos por un monto total de más de 40 millones de pesos entre 2014 y 2017. Hizo también responsable a Grababus de “ocultamiento” porque derivaba operaciones a la Cámara de Grabadores de Autopartes (CamGrab), cuyo titular era también Sorensen en los inicios del convenio.
Esa triangulación permitía, siempre según la demanda de la Provincia, evadir el pago del canon que según el contrato debía ser del 8% de la recaudación.
La demanda recayó en la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier.
Así, Quinteros insistirá en que las irregularidades que la misma Provincia señala pudieron ocurrir porque existió complicidad de los funcionarios. En esa línea, elevará un pedido de investigación contra los que firmaron el contrato, en la gestión del fallecido gobernador José Manuel de la Sota; y quienes debieron controlar posteriormente, desde el Ministerio de Gobierno.
Además, según anticipó a este medio, presentará mañana a primera hora un proyecto en la Unicameral para que se derogue la ley 10.110 con el fin de evitar que continúe el grabado de autopartes, un trámite no requerido por la Nación para inscribir o transferir un vehículo.
Según datos del legislador, las proyecciones hechas con datos del Registro Nacional de Propiedad Automotor, Grababus tuvo ganancias por $168 millones en 2016 y $180 millones en 2017. A pesar de lo hecho “en todos estos años, nadie pudo decir que disminuyó el robo de autopartes gracias a este trámite”, sentenció.
Por su parte, el empresario Sorensen negó que hayan evadido impuestos y aseguró que es una maniobra para alejarlos del negocio y dar por terminado el contrato.
