Policías, guardias municipales y agentes privados: qué rol tendrá cada fuerza en el nuevo plan de seguridad en Córdoba
El proyecto de ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana autoriza a los efectivos de las tres fuerzas a utilizar armas de letalidad reducida tras la capacitación correspondiente en un instituto que se creará para tal fin.
Las fuerzas estarán autorizadas al uso de armas no letales. |
CEDOC
“La seguridad es un eje absolutamente fundamental para el gobierno”, fue una de las primeras frases del flamante ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, en la presentación de la nueva ley que pretende, entre otros puntos, integrar las prestaciones de la Policía, de guardias locales y de agentes de empresas privadas. Cuáles serán los alcances, funciones y límites de cada una.
La nueva ley establece un sistema integrado en el cual personal de empresas privadas de seguridad y guardias locales de prevención y convivencia, sean “auxiliares” de la Policía. Por lo tanto, ninguna de estas dos fuerzas adquirirá “estado policial” al ejercer sus tareas.
“La tarea de la Policía no se reemplaza. Tienen un ámbito delimitado que la ley lo deja claro y no se extralimiten en las funciones”, explicó Quinteros.
En tal sentido, el ministro indicó que, tanto los agentes de seguridad privada como los guardias municipales o comunales, recibirán capacitación en el Instituto de Planificación y Formación que se creará para la “planificación, control y evaluación de las políticas de prevención y lucha contra las contravenciones y los delitos”.
Armas no letales: cómo se implementarán
La ley les otorga a los guardias locales y al personal de empresas privadas la facultad de uso de armas menos letales en el ejercicio de sus tareas. Sin embargo, deberán ajustar su utilización “a los protocolos de uso de la fuerza que, a ese fin, dicta la Policía de Córdoba”.
En el articulado de la norma se indica que los agentes municipales de prevención y convivencia no podrán portar armas menos letales “sin su correspondiente certificación”. Lo mismo ocurrirá con los efectivos privados, cuyas empresas de seguridad deberán estar “legalmente constituidas”.
“Al momento de requerir la autorización, la empresa solicitante debe adjuntar el listado del personal que haría uso de las armas menos letales, así como los lugares donde se prestarán los servicios”, indica la ley.
Los policías, guardias municipales y agentes privados utilizarán armas de letalidad reducida Byrna Bersa, “que lanzan con aire comprimido, pero tiene un proyectil cinético de caucho y otro que al impactar emana gas”, explicó el ministro, e indicó que “ya hay más de 5 mil policías especializados en el uso y manejo de estas armas”.
“Garantizo que ningún personal civil que pertenezca a uno de estos grupos saldrá a la calle si no tiene absoluto conocimiento de su uso y manejo”, aseguró Quinteros en la presentación de los puntos de la norma.
Tareas y limitaciones
El pretendido Sistema Integrado de Seguridad Pública en Córdoba asigna funciones y tareas específicas a los “auxiliares de la Policía”, como catalogó Quinteros a los guardias locales y los agentes de empresas privadas. También impone limitaciones a sus acciones en las intervenciones.
Disuadir, prevenir y, en su defecto, hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas; cooperar al mantenimiento del orden público; detectar conflictos entre vecinos y procurar resolverlos pacíficamente; labrar actas de infracción, realizar clausuras, secuestros y decomisos, son algunas de las funciones de estas fuerzas.
La ley indica que también podrán detener a quien esté cometiendo un delito, a punto de cometerlo o de fugarse después de haberlo cometido, “en los términos del Código Procesal Penal y comunicando la aprehensión inmediatamente a la Policía de Córdoba”. Y deberán elevar un informe sobre lo sucedido, de acuerdo con los protocolos para estas actuaciones.
Los guardias locales y los agentes de empresas privadas de seguridad tendrán prohibido desarrollar investigaciones criminales; albergar detenidos en sus instalaciones; realizar citaciones o notificaciones judiciales; y efectuar tareas administrativas ajenas a sus funciones.
