El 17 de mayo fue el día de la tragedia. Ricardo Ra fael Bot tone (6 0) asesinó a la menor de sus tres hijas, Milagros (23), y atacó salvajemente a su exesposa, Mercedes Martínez (61). La joven perdió la vida al interponerse para salvar a su madre.
La secuencia final se inició 15 minutos antes de las 10 de la mañana. El registro policial señala que Mercedes y Milagros habían salido a hacer compras en un Renault Clio. Llegaron a la casa, ubicada en General Paz al 3000 de barrio Alta Córdoba. Detuvieron la marcha del auto en la vereda. La joven se bajó para abrir el portón del garage, se subió nuevamente al auto y ambas ingresaron pero no alcanzaron a cerrarlo. No imaginaron que el agresor estaba en el interior de la vivienda.
Mercedes salió y comenzó a correr. La siguió Milagros. Desde el interior del garaje salió Ricardo Bottone empuñando un arma de fuego, apuntando a ambas y efectuando disparos. Milagros cayó y, aún tirada en el piso, Bottone se acercó y le dio patadas y golpes en la cabeza con el revólver que mantenía agarrado.
Luego, se dio vuelta y comenzó a atacar a Mercedes Milagros pudo levantarse del piso y comenzó a forcejear con su padre, intentando separarlo de su madre que estaba tendida sobre la vereda. Fue entonces que el hombre le propinó una golpiza y le disparó. Se observa a Milagros tomarse con ambas manos el pecho. Las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital de Urgencias donde se constató el fallecimiento de la joven de 23 años.
Tras el brutal ataque, Bottone ingresó nuevamente a la que supo ser la vivienda familiar y se quitó la vida en el patio. Aparentemente, no usó la misma arma. De la escena se secuestraron dos revólveres, uno calibre 32 con el que atacó a su hija y su exesposa y otro, calibre 38, con el que decidió poner fin a su vida.
El hombre había llegado hasta el lugar en un Audi A3, cuya titular era Mercedes, pero lo estacionó a una cuadra. Hasta aquí, los escasos datos que constan en el procedimiento policial.
Mañana, por primera vez desde lo ocurrido, podrá declarar y relatar cada detalle a la Justicia la sobreviviente de esta crónica del horror. Mercedes Martínez brindará su testimonio al fiscal de Instrucción, Gerardo Reyes, quien quedó a cargo de la investigación del crimen y posterior suicidio. Posiblemente, esta investigación servirá para reconstruir la secuencia final ya que el responsable del femicidio consumado de Milagros y del intento de femicidio de Mercedes ya no está, porque decidió quitarse la vida.
Tres denuncias y los magistrados que intervinieron. Apenas ocurrió esta tragedia a la vista de numerosos testigos, vecinos del barrio hicieron declaraciones periodísticas y contaron que Bottone era un violento, que tenía sojuzgada a su esposa, que su hija terminó siendo la víctima porque le hacía frente. En la Justicia, según pudo reconstruir PERFIL CÓRDOBA, hay presentadas tres denuncias que motivaron la intervención de tres magistrados diferentes.
Juzgado de Violencia Familiar. La primera presentación fue efectuada por Mercedes en octubre del 2021. Relató que era víctima de una larga historia de malos tratos, sometimiento económico y también psicológico, porque Ricardo Rafael Bottone le enrostraba siempre que “no servía para nada”. Se dio intervención inmediatamente al Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4ª Nominación, a cargo de Mariana Wallace. La magistrada le otorgó el botón antipánico y ordenó la constatación de la situación al equipo del fuero. A los pocos días, se realizó el secuestro de tres armas que tenía el denunciado, dos escopetas y un rifle de aire comprimido. La jueza también ordenó la exclusión del hogar de Bottone –él se había quedado y ellas se fueron por el miedo que les infundía la situación– y reintegró a la madre y su hija a la vivienda de barrio Alta Córdoba.
En ese expediente Bottone fue asistido por el abogado Horacio Edgardo Duhalde quien, finalmente, abandonó el patrocinio letrado del hombre en julio del año pasado. Se lo emplazó para que designe un nuevo abogado, no lo hizo y tampoco pudo asumir su representación un asesor letrado porque tenía capacidad económica demostrada. En la Justicia provincial, los abogados del Poder Judicial sólo pueden defender a personas sin recursos.
Mercedes y Milagros eran representadas por la abogada Sandra Bustos Fierro. Este medio intentó contactarla pero no obtuvo respuesta.
El 29 de agosto del año pasado finalmente se hizo una audiencia donde ambas relataron que tenían temor. En esa ocasión, Wallace extendió las medidas de restricción de acercamiento y les entregó el dispositivo ‘salva’. En febrero, esa disposición vencía. Fueron citadas al Juzgado y se presentaron.
Si bien no había hechos concretos de violencia que denunciar, reiteraron el contexto de miedo que persistía. Según declaró Mercedes luego de concretado el filicidio, lo veían pasar asiduamente por la casa haciéndoles signos con la mano –desplazándola por el cuello– como una advertencia de que las mataría. Las últimas medidas dispuestas por la jueza de Violencia Familiar datan del 22 de febrero pasado y se mantuvieron vigentes hasta el día de la tragedia. El no podía acercarse y ellas mantenían el botón antipánico.
Fiscalía Distrito III Turno 3. La segunda denuncia se hizo en la Unidad Judicial 16. Fue en noviembre del 2021, apenas un mes después de la primera que motivó la intervención de la jueza Wallace. Mercedes relató que veía a Bottone merodear la casa en el auto. Esa denuncia fue ratificada por Milagros. Intervino la fiscal de Instrucción Silvana Fernández, quien lo imputó por desobediencia a la autoridad, porque violaba la restricción de acercamiento.
Fiscalía Distrito III Turno 6. Durante 2022 se presentó la tercera y última denuncia. Fue en marzo del año pasado cuando Milagros relató que se había enterado por el entorno de su padre, amistades que él tenía, que habría dicho a alguien que ella y su madre lo tenían cansado y que las iba a “cagar matando”. Intervino el fiscal de Instrucción, Iván Rodríguez quien imputó a Bottone por amenazas, a pesar de que éstas no habrían sido proferidas directamente a las víctimas.
PARÁMETROS DE PELIGROSIDAD E INTERVENCIÓN DEL FUERO ESPECIAL
El 30 de junio del año pasado, a partir de la creación de las nuevas fiscalías de Violencia de Género, el fiscal General Juan Manuel Delgado estableció en la resolución 98/22 los parámetros objetivos para determinar la intervención de las fiscalías especializadas y la peligrosidad de las situaciones de violencia familiar y de género.
En el artículo dos de la norma se enumeran los siguientes “parámetros subjetivos”: la existencia de un vínculo matrimonial, convivencial, de noviazgo o relación de pareja; parentesco por consanguinidad.
La lista de “parámetros objetivos” es más extensa e incluye: homicidios simples o agravados, aborto sin consentimiento de la mujer, abandono de persona, lesiones graves o gravísimas, privación ilegítima de la libertad calificada, incendio o daños, abuso sexual en contexto de violencia de género, a partir de la presentación de la cuarta denuncia, cuando los hechos fueron cometidos con armas “cuando el instrumento revista virtualidad ofensiva y haya representado un mal y concreto peligro en la salud o integridad física de la víctima”.
La nómina de situaciones también incluye cuando hay víctimas niñas, niños o adolescentes, personas gestantes o con discapacidades, o mayores de 70 años.
Luego de una serie de episodios protagonizados por personal de fuerzas de seguridad, se incluyó entre los parámetros de peligrosidad a situaciones donde agresores o víctimas se desempeñen en fuerzas de seguridad armadas. Y también cuando los hechos evidencien odio de género, a la orientación sexual, identidad de género o su expresión, de la víctima.
La resolución dictada por la Fiscalía General estableció que en todos esos casos, se deberán unificar las investigaciones en una fiscalía especializada en violencia familiar y de género.
Por no haberse constatado la existencia de delitos tipificados en este catálogo, en el caso Bottone no intervino una fiscalía del fuero penal de Violencia de Género.
¿Qué falló para que no se pudiera evitar el femicidio? La semana pasada, el abogado Manuel Martínez anunció que Mercedes pedirá al fiscal General que investigue a los magistrados y organismos que intervinieron desde octubre del 2021 hasta el 17 de mayo pasado. Este medio procuró en numerosas ocasiones consultarle sobre qué episodios presuntamente irregulares pudo detectar, pero dijo estar ocupado y no fue posible obtener una respuesta precisa sobre la cuestión.
En los expedientes judiciales relatados en la crónica, el que tuvo mayor actividad fue el radicado en el Juzgado de Mariana Wallace. Ahí no actuó Martínez sino la abogada Bustos Fierro en representación de las víctimas.
A la luz de los femicidios, el consumado y el intentado por Bottone, surgen varios interrogantes.
¿La Justicia pudo detectar, en cada una de las tres denuncias realizadas, cuán peligroso era el hombre para sus víctimas?
¿La Policía entregó a la Justicia todos los procedimientos por las veces en que Mercedes activó el botón antipánico?
Si Bottone tenía tres armas que le fueron secuestradas, ¿no era posible evitar que adquiriera o escondiera otras, utilizadas a la postre para asesinar a su hija?
¿El sistema de protección a las víctimas tiene los protocolos adecuados o faltarían incorporar más situaciones como alertas de peligrosidad?
¿Por qué a Milagros se la derivó a la Unidad Judicial 16 para realizar la denuncia cuando se enteró de posibles amenazas de muerte de su padre y no siguieron sumándose en un mismo organismo, como el Polo de la Mujer?
La doble vía que habilita intervención simultánea de los fueros penal y de violencia de género, ¿separa las investigaciones en vez de acumularlas para sumar indicios que permitan disparar alertas?
¿Es posible evitar la decisión de matar e incluso el suicidio en este tipo de casos?
¿Cómo motivar y hacer efectivo el cambio de la estructura mental machista que se potencia a partir de que una mujer decide denunciar que es víctima?
El péndulo toca extremos altos: una mujer es asesinada cada 30 horas en Argentina. Ese dato muestra con crueldad los límites del sistema para proteger a las víctimas, aunque es innegable que abandonarlo sería generar más desprotección.
