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POLÉMICA EN LAS BAJADAS

Por reclamo de seguridad, legisladores de la UCR volvieron a la carga con la renuncia de Quinteros

La oposición denuncia que el Ministerio de Seguridad cedió en comodato el viejo edificio del destacamento policial de Las Bajadas a una asociación civil. La ONG está encabezada por la excandidata a presidenta comunal del oficialismo. La UCR se quejó por la decisión de no recuperar la posta policial y, en cambio, destinarla "a hacer política partidaria del gobierno".

Oposición en la Unicameral
Oposición en la Unicameral | Cedoc

La bancada radical apuntó duro contra el titular de la cartera de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, por "un nuevo escándalo" que lo involucra, a raíz de la decisión de ceder en comodato la sede del destacamento policial, aunque sin uso, de la localidad de Las Bajadas a una ONG denominada "Asociación Civil Espacio Confluir", que cuenta con personería jurídica desde julio del 2024.

Al renovar su pedido de renuncia del funcionario de la primera línea del Gabinete llaryorista, los legisladores de la UCR acusaron al ministro Quinteros de "utilizar el patrimonio provincial como si se tratara de una inmobiliaria de lujo para los amigos del poder".

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De acuerdo a la denuncia impulsada por el legislador departamental de Calamuchita, Mauricio Jaimes, a la que se sumó todo el bloque UCR, "el ministro Quinteros cedió, en carácter de comodato, un destacamento policial de la localidad de Las Bajadas a una ONG denominada 'Asociación Civil Espacio Confluir' para que desarrollen allí sus actividades", pese al reclamo de la comuna de rehabilitar la posta policial.

El "escándalo" cobra mayor dimensión, según los opositores, al conocerse que la ONG mencionada está encabezada por Marta Ofelia Acuña, excandidata a presidenta comunal por Unidos por Las Bajadas. El gobierno, a través del ministro de Seguridad, "está cediendo un edificio público a la actividad militante", afirmó el brazo parlamentario deloredista en un pronunciamiento.

"Sorprende el descaro con el que se lleva adelante, hasta con la firma de un contrato para refrendar este hecho, como si se tratara de algo ético o incluso, bajo nuestras sospechas, legal", resaltó el bloque UCR.

En su avanzada, los parlamentarios radicales presentaron un nuevo pedido de informes para que se aclare esta situación e insistieron en su pedido de renuncia del ministro Quinteros. "En tiempos donde la seguridad escasea en cada rincón de nuestra provincia, no podemos darnos el lujo de tener un ministro que utilice el patrimonio provincial como si se tratara de una inmobiliaria de lujo para los amigos del poder", fustigó la primera minoría opositora en la Legislatura.

Destacamento, en foco

Hace más de 15 años, el destacamento policial de Las Bajadas se cerró. "La Policía de Córdoba se quedó sin un lugar para atender las necesidades de los vecinos. Tampoco se hizo la inversión por parte del Estado Provincial para mantener ese edificio y lo cerraron", dijo Jaimes.

El radical advirtió que se pidió en distintas oportunidades que "se reabriera ese destacamento". "Que lo dotaran de personal policial para brindar contención no solo a Las Bajadas, sino a toda la región", remarcó.

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Al referirse al hecho denunciado por su bancada exhibiendo el contrato de comodato gratuito por 20 años rubricado por Quinteros y Acuña, el departamental de Calamuchita afirmó que la sede del viejo destacamento "estará destinada a hacer política partidaria del gobierno y no como nosotros veníamos pidiendo".

Jaimes calificó de "penoso" esta situación "si se toma en cuenta que Calamuchita necesita seguridad". "Hoy la localidad más grande, de más de 20 mil habitantes, que es Santa Rosa de Calamuchita, no tiene un edificio en condiciones. Se licitó la obra y no se ha empezado", se quejó.

Tras señalar que el gobierno "se equivoca en las decisiones que toman en materia de seguridad", el integrante del bloque UCR remarcó: "No se nos está escuchando por el solo hecho de pertenecer a otro partido político".

Según una resolución del Ministerio de Economía de la provincia, la asignación se realizó para que en ese inmueble sin uso se realicen "actividades educativas, culturales y deportivas".

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"Tenemos pensado dictar diferentes tipos de talleres, clases particulares de deportes y que sea un espacio para la recreación de la población. Todavía no tenemos ningún proyecto determinado porque estábamos esperando la cesión del espacio", le dijo a Cadena 3 Acuña, quien manifestó que la jefa comunal se negó a recuperar el espacio con el argumento de que "salía muy caro arreglarlo".

"Somos un grupo de vecinos donde no hay otros que participen de política. Nos motivó la cantidad de cosas que faltan para el pueblo", añadió.

Pedido de informes

La iniciativa opositora ya ingresó a la Unicameral. El radicalismo le demanda a Quinteros conocer entre otros puntos- las razones por las cuales cedió el inmueble a la ONG en cuestión y por qué no se avanzó en la instalación del destacamento policial.

Se pide, además, que se especifique si se cumplieron con todos los pasos procesales de averiguación de antecedentes de los miembros de dicha fundación. Asimismo, la UCR pide saber si el Ministerio consultó a las fuerzas sociales y políticas del Departamento Calamuchita para determinar la instalación de la ONG “Asociación Civil Espacio Confluir”.