La vacunación infantil y adolescente contra Covid-19 también se analiza en la Justicia. Si bien el Código Civil no prevé que para vacunarse ambos progenitores deban prestar su autorización, el tema se judicializó por oposición expresa de alguno de los padres.
En ese sentido, en Córdoba hay dos expedientes en marcha. Ambos están a consideración de la jueza de Familia de 5ª Nominación, Mónica Susana Parrello.
La magistrada informó a PERFIL CÓRDOBA que la semana pasada, en dos casos, el incremento exponencial de contagios persuadió a un padre que se oponían a la vacunación de sus hijos a aceptar la colocación del suero anti Covid. Sin embargo, en otros caso se fijó fecha de audiencia para febrero.
A partir de los 16 años, las y los adolescentes pueden decidir independientemente de la opinión de sus padres. Por eso, en uno de los expedientes un joven de 16 expresó a la jueza su voluntad de recibir las dosis. La situación de su hermano de 13 años será analizada en una audiencia fijada para febrero de 2022.
Temor a faltantes. El miércoles pasado, el padre de un niño de 6 años prestó conformidad para que sea vacunado. La madre, con quien convive el pequeño, es médica. Su padre judicializó la vacunación porque consideró que se debía esperar al año próximo para tener más datos sobre los efectos del medicamento preventivo. En este sentido, indicó que no quería exponer a su hijo a experimentación porque no se cumplió aún la tercera fase de ensayo.
Al cabo de escuchar el informe del pediatra del niño y las recomendaciones de la Comisión Europea de Medicina y las comisiones de Pediatría de la Nación y la Provincia – incorporadas por la jueza Parrello–, el hombre decidió dar su autorización. Pesó otro dato más: la reciente exigencia del pase sanitario que puede hacer crecer la demanda de dosis y provocar escasez de las vacunas Sinopharm, hasta ahora las únicas autorizadas para niños de tres a 11 años.
La complejidad en el análisis parte de que algunos cuestionan que se llame vacunas a las dosis preventivas que se utilizan en todo el mundo, por el escaso tiempo que pasó desde que fueron producidas. Sostienen que se inició con la aplicación antes de que se hayan completado todas las fases de verificación de los efectos que causan.
Por el momento, el principio que rige en la Justicia es más bien pragmático. Los últimos datos de los países donde los contagios arrecian y se ha saturado el sistema sanitario muestran que los cuadros graves de la enfermedad se verifican en personas no vacunadas. La otra premisa es que solicitar el pase sanitario para asistir a un espectáculo público o reuniones masivas “no viola derechos individuales”, sostuvo Parrello en declaraciones a este medio.
