Al estilo de la película ‘Nueve reinas’, un presidiario demostró una gran habilidad para enhebrar discursos persuasivos que terminaron en estafas –alguna millonaria– perjudicando a desprevenidos. No es la primera vez que un hecho de estas características es detectado por la Justicia.
En este caso, la fiscal de Delitos Complejos Valeria Rissi conduce una minuciosa investigación que logró desbaratar la banda liderada por un interno, que estuvo inicialmente en la cárcel de Cruz del Eje, luego liberado y detenido nuevamente por lo que también estuvo alojado en los penales de Bouwer y Villa María. Desde todos esos establecimientos carcelarios, habría consumado diferentes estafas.
Está imputado, junto a otras cuatro personas, de integrar una asociación ilícita que funcionaba con diferentes artilugios desde fines de 2019.
Cristian Román Romero es el principal imputado. La hipótesis es que contaba con colaboradores en el interior de los penales, aunque no pudieron ser identificados. El listado se completa con su pareja, Jennifer del Valle Aguilera, Fernando Nicolás Aguilera, Javier Alejandro Aguilera y María Soledad Guzmán. En la actualidad, todos están detenidos y la fiscal les dictó prisión preventiva. Hay otra persona imputada por aportar datos de cuentas bancarias hacia las que desviaban el dinero producido por las defraudaciones.
Según las escuchas telefónicas, el testimonio de damnificados y los movimientos financieros localizados, montaron una trampa en base al Programa Nacional de Reparación Histórica de jubilados y pensionados, y también simulando compras de bienes que se ofrecían a través de Facebook.
‘Abogado de Anses’. En uno de los hechos señalados por la fiscalía, Romero llamó por teléfono a una mujer de Río Cuarto. Se presentó como Nicolás Vivas, letrado de Anses. Engañosamente le informó que era beneficiaria de un retroactivo de reparación histórica por un monto de $98.900. Pero para cobrarlo debía ir a un banco o cajero automático. Inmediatamente la mujer concurrió a uno, mientras continuaba el dialogo telefónico. Con engaños, ella terminó transfiriendo diferentes montos a otras cuentas. Cuando consultó a una abogada amiga que conocía de sus trámites ante Anses, se dio cuenta que todo había sido una estafa, sin ningún sustento en la realidad.
Acceso a homebanking. En otro caso, el perjuicio a la víctima fue millonario. Con el mismo ‘cuento del tío’, Romero se comunicó con una mujer señalando que era acreedora de un retroactivo por más de $2 millones que debía liquidar Anses en su favor. Con el mismo ardid de engaños Romero obtuvo el usuario y contraseña del homebanking de la mujer y a partir de ahí se produjo una serie numerosa de desfalcos que incluyeron la obtención de un préstamo por $600 mil a su nombre, aunque el dinero obtenido fue extraído por los imputados. Desde marzo del año pasado, se realizaron transferencias por $240 mil, $200 mil, $50 mil, $35 mil y $20 mil en reiteradas ocasiones.
La fiscal Rissi pudo determinar que, en este caso, el perjuicio causado a la jubilada asciende a $2.136.900.
Una camioneta. Cuando se le agotaron los argumentos para engañar con las promesas de inexistentes beneficios de Anses, apeló a redes de compraventa de vehículos. En Facebook mostró interés en comprar una camioneta Chevrolet S10, modelo 2008, que el propietario había ofrecido a través del perfil de su hija en San Rafael, Mendoza.
Según la investigación judicial, Romero le habría manifestado que con el fin de poder concretar la operación debía concurrir a un cajero automático y cumplimentar los pasos que luego le indicaría. El vendedor fue con su pareja a un cajero automático. Por indicación de Romero, efectuaron operaciones que en realidad consistieron en habilitarle a él la identidad de usuario y contraseña del homebanking de una cuenta que tenían en Banco Nación.
Fueron perjudicados en $34.400, monto que terminó siendo transferido a la cuenta de Nicolás Javier Aguilera.
Cuando se hacía de usuarios y claves, se sospecha que el propio Romero desde la cárcel accedía a las cuentas bancarias y efectuaba todas las operaciones financieras. El resto de los acusados proporcionaban sus cuentas y las de terceros que se usaban como destino del dinero robado. Después, los Aguilera y María Soledad Guzmán se habrían encargado de retirar el efectivo y distribuirlo entre los miembros de la banda.
Romero guiaba cada paso desde la cárcel y daba instrucciones a su pareja, Jennifer, para recolectar luego el botín. Según la ubicación de las antenas que captaban las comunicaciones telefónicas, todos vivían en el mismo sector, en barrio Argüello Norte y una zona de Villa Monja Sierra, en la ciudad de Córdoba, en un perímetro de seis cuadras.
