El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba avanza en un proceso de "racionalización del gasto". Esto implicará la eliminación de secretarías, la reducción de direcciones y un recorte en la planta política.
La decisión fue adoptada por el viceintendente Javier Pretto y cuenta con el aval del intendente Daniel Passerini. Se toma en el marco de un escenario de fuerte contracción de recursos y bajo movimiento comercial a nivel nacional con fuerte impacto local.
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La medida será presentada en sociedad por el mismo vicemandatario el lunes por la mañana. Desde fines del año pasado, el Ejecutivo municipal venía aplicando ordenamientos internos que ahora se profundizan en el ámbito legislativo.

La reestructuración proyectada contempla que algunas subsecretarías sean eliminadas y otras bajen al rango de dirección general. Así también, que determinadas direcciones generales pasen a ser simplemente direcciones. El recorte afectará principalmente a segundas líneas de gestión, aunque también alcanzará a contratados.
Uno de los puntos que generó mayor preocupación puertas adentro es el crecimiento sostenido de ciertos rubros de gasto, como el de limpieza, que en el último tiempo mostró incrementos significativos. La nueva política apunta a un control más estricto del presupuesto y de las erogaciones.
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En paralelo, se reducirá la estructura de asesores de los concejales. Hasta ahora, cada edil contaba con entre cuatro y cinco colaboradores. Con el nuevo esquema, deberán desempeñarse con un solo asesor, cuyo salario ronda los 1.800.000 pesos. La medida ya fue comunicada a los bloques y concejales.
Desde el Palacio 6 de Julio sostienen que el objetivo es reducir alrededor de un 30% el gasto en personas y estructura política. El ajuste se alinea con la política de austeridad anunciada por el gobernador Martín Llaryora y con la decisión de la Municipalidad de disminuir partidas destinadas al alquiler de inmuebles para oficinas públicas.
En el plano político, la movida fortalece el perfil de Pretto como dirigente alineado con la disciplina fiscal y podría proyectarlo en el escenario electoral futuro, en un momento donde la austeridad se convirtió en bandera obligada para las administraciones locales.