Contra las expectativas que tenían en el gobierno provincial, finalmente no se llegó a un acuerdo con un núcleo duro de bonitas y ayer la Provincia cayó en default. La cesación de pagos se produjo luego de que se venciera el plazo de 30 días de gracia que comenzó a correr a principios de diciembre cuando no se abonó una cuota de intereses por US$ 25 millones.
El primero de enero la Provincia había hecho una nueva mejora a la propuesta de reestructuración de una parte de su deuda externa. Era la quinta mejora en busca de rediseñar el esquema de compromisos que tiene en frente la Provincia. Se trata de tres bonos (PDCAR21, PDCAR 23 y PDCAR27) que en total suman US$ 1685 millones. El primero de ellos, vence en junio de este año y es el de mayor peso. Implica afrontar US$ 729 millones, algo que las arcas de la Provincia, según han afirmado desde el ministerio de Finanzas, no está en condiciones de soportar.
La quinta mejora en la oferta de reestructuración implicaba una leve suba en los intereses a devolver en los años 2022 y 2023. Se logró acordar con un grupo de acreedores (Schroder Investment Management North America Inc.), pero quedó una parte sustancial afuera. Cabe recordar que para lograr una reprogramación de su deuda la Provincia debe lograr el acuerdo con el 66% de los tenedores de bonos nominados en dólares. Ese número aún no se logró.
El grupo “duro” de bonistas, también se expresó sobre la falta de un acuerdo. En un comunicado, el Ad Hoc Bondholder Group señaló, rechazó las modificaciones en la propuesta, recordó que está compuesto por inversionistas institucionales que mantienen posiciones de bloqueo en cada una de las series de los bonos internacionales de la Provincia y expresó: “Dichas modificaciones fueron anunciadas de manera unilateral por la Provincia sin negociar o consultar previamente con el Grupo”. En la respuesta incluyeron un duro vaticinio: “A pesar de que la Solicitud de Consentimiento Modificada representa una mejora respecto a los términos previamente anunciados por la Provincia, esta última no toma en cuenta la sólida posición fiscal y las robustas perspectivas económicas de la Provincia a mediano plazo. En consecuencia, las pérdidas de los inversionistas internacionales de la Provincia en términos de la Solicitud de Consentimiento Modificada son arbitrarias e injustificadas. Inevitablemente, las recientes decisiones de la Provincia la llevarán a un incumplimiento de sus obligaciones contractuales que afectará, a largo plazo, su acceso a los mercados internacionales de capitales”.
Para la oposición hay mala praxis. La gestión de la deuda provincial viene siendo uno de los aspectos más criticados por la oposición. Ante la cesación de pagos, algunos de los referentes opositores dejaron su análisis y duras críticas. “A los problemas que ya tiene la Provincia ahora le sumamos uno nuevo, el aniquilamiento de la confianza pública para acceder a créditos. Dinamitamos el prestigio por la picardía de hacer obras, muchas innecesarias. Hubo predilección por el cemento y no por la gente. Se usó sólo el 4% del presupuesto de obra pública para hacer viviendas, cuando hay más de 100 mil personas viviendo en condiciones infrahumanas”, reclamó el legislador Aurelio García Elorrio.
En su visión, “Estos bonos que no se pueden pagar fueron para hacer obras del 2007 al 2011 y en la última gestión, algunas innecesarias como el nuevo Centro Cívico, el faro o la Legislatura. Ahora no se pueden pagar. Schiaretti pasará a la historia como el gobernador de las grandes obras que no se pagaron”, dijo.
En tanto, el legislador radical Marcelo Cossar dijo a PERFIL CORDOBA “es claro que hubo mala praxis económica y financiera. Esto implica perder credibilidad, no acceder a los mercados, no vamos a poder comprar ni un tornillo. Se hizo obra pública cara e innecesaria, se condicionó mucho a las próximas gestiones”.
Un trabajo de los equipos técnicos del legislador pone el foco en el encarecimiento que implican las ofertas frustradas para reestructurar la deuda y advierte que la última oferta realizada planteó la posibilidad de extender el plazo de pago de los servicios de deuda y sumar 632 millones de dólares adicionales a los 456 millones de dólares ya erogados, totalizando 1.089 millones de dólares.
“Si se confirma el default este lunes, ingresaremos a un universo de imponderables consecuencias, a partir de las restricciones financieras que impactarán en el tejido productivo de nuestra provincia y atarán de manos a futuros gobiernos, obligados a pagar lo heredado, sin acceso al mercado de capitales y al dólar billete. Pero, además y es el dato clave de nuestro presente, en línea con la estrategia de negociación de la deuda del binomio presidencial, nos volverán absolutamente dependientes del gobierno nacional, es decir, rehenes políticos. Viviremos para pagar este fin de ciclo político”, señaló Cossar.
