¿Qué queda de la Ley Ómnibus? Empresas a la venta, la nueva oficina Anticorrupción y otros aspectos claves
La iniciativa del gobierno de Javier Milei se redujo a 384 artículos de los 664. Se modificaron temas referidos a seguridad y administrativos. Los SRT, Diositex y las otras empresas en la mira.
Lo que ingresará a Diputados será una Ley Ómnibus lavada. Al ser removido por decisión del ministro de Economía todo el capítulo fiscal, quedará para el debate aspecto ligados a la administración pública nacional, el listado de empresas a privatizar y la creación de la Oficina Anticorrupción, como los aspectos más importantes.
La presión de los gobernadores con respecto a las retenciones y las continuas negociaciones con los diferentes bloques desplumaron una legislación con 664 artículos y la redujeron a 384. De la “Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos” quedó apenas el nombre: jubilaciones, retenciones para el campo, blanqueo y moratorias de debatirá en otro momento. Como así también la reinstalación del Impuesto a las Ganancias, una puerta a fondos coparticipables, pero sin acuerdo con las provincias.
Qué quedó de la Ley Ómnibus
La mayoría de los artículos corresponden a cuestiones administrativas del Estado. Se destacan la declaración de “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024”. Algo que se interpreta como la readecuación tarifaria de los servicios de púbicos como la energía, agua y subsidios al transporte.
En cuanto al manejo de fondos discrecionales por parte de las carteras y ministros, se eliminarán los fideicomisos o fondos fiduciarios para pasar a ser parte de Rentas Generales con el objeto de asegurar una mayor transparencia en su administración.
Venta y reventa de entradas. Desde la sanción de la Ley Ómnibus, las entradas deportivas podrán ser revendidas sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación y el encargado de ventas de entradas no podrá imponer restricciones a dicha reventa.
En el artículo 7, se faculta al Estado a iniciar un plan de privatización total o parcialmente las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional. El texto original del proyecto de ley presentado por el Gobierno proponía la privatización de la totalidad de las empresas estatales, luego de las negociaciones se decidió retirar YPF como así también al INTA y al CONICET.
La oficina y fiscalía Anticorrupción
En el marco del análisis de la ley ómnibus, los diputados libertarios y sus bloques aliados han plasmado en el dictamen de mayoría el rol de la nueva Oficina Anticorrupción (OA). El Capítulo V de la mencionada ley establece que la OA tendrá la función de "constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia". Este punto ha sido objeto de fuertes reclamos, especialmente por parte de diputados opositores.
No obstante, cabe destacar que esta disposición no alineaba con la intención del ministro de Justicia, quien abogaba por despojar a la OA de dicho rol. En diversas entrevistas, el ministro expresó su preocupación por el "uso indiscriminado de los Tribunales, de las agencias del Estado, de la OA, de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), para perseguir opositores".
Listado de empresas a privatizar
En el Anexo I de la Ley se detallan las siguiente empresas que están sujetas a privatización.
Administración General de Puerto SE
Aerolíneas Argentinas S.A.
Agua y Saneamiento Argentinos S.A.
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A
Casa de Moneda S.E.
Contenidos Públicos S.E.
Corredores Viales S.A.
Correo oficial de la República Argentina S.A.
Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E.
DIOXITEK S.A.
EDUC.AR S.E.
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.
Energía Argentina S.A.
Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A.
