Juliana Érica Companys (45) fue designada fiscal de Instrucción del 2° turno de Villa María el 18 de julio de 2019, pero el despacho de esa fiscalía no le era extraño. Desde hacía un año ocupaba el cargo en forma interina luego de aprobar el examen para el concurso abierto por el Consejo de la Magistratura y quedar en primer lugar en el orden de mérito.
Companys se recibió de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Pasó por diferentes funciones en las áreas legales de la Secretaría de la Gobernación durante la gestión de José Manuel de la Sota. Ingresó al Poder Judicial en 2005. Estuvo en la sede de Oliva, en Río Segundo y en 2016 llegó a Villa María, donde fue prosecretaria del Juzgado de Juventud, Niñez, Violencia Familiar y Penal Juvenil.
Mientras estuvo al frente de la Fiscalía de Instrucción en forma interina –ya había rendido el concurso, pero todavía no tenía el acuerdo de la Legislatura y la designación– resolvió el archivo de dos investigaciones contra el exintendente de Villa María, Eduardo Accastello. Una era por presuntas irregularidades en obras del Anfiteatro municipal y otra sobre conciliaciones bancarias. Companys llegó a la conclusión, después de diferentes pericias, de la inexistencia de delito.
En julio de 2020, durante la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus, imputó al intendente de Villa María, Martín Gill. En ese momento, el funcionario integraba el gabinete del presidente Alberto Fernández y estaba al frente de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación. Le endilgó incumplir el artículo 205 del Código Penal, porque participó de una reunión familiar por el cumpleaños de su madre que excedía el límite de personas permitidas para un encuentro social, según las medidas sanitarias vigentes en ese momento.
Ambos expedientes son citados por quienes le asignan buenos vínculos con el peronismo cordobés.
Causas resonantes. En septiembre del año pasado, después de 16 años de la desaparición de Mariela Bessonart, en Villa María, resolvió reabrir el caso e imputó al exmarido de la víctima, Rodolfo del Pino. La resolución causó gran sorpresa. En ese expediente recibió críticas de los hijos de la mujer quienes siguen defendiendo al padre.
También el año pasado elevó a juicio a policías que ocuparon la cúpula de la Departamental San Martín por el faltante de autopartes de un depósito judicial.
En el foro judicial villamariense le atribuyen mano dura, en especial en casos de violencia de género, donde aplica medidas rigurosas a los victimarios.
“Es polémica” la definen algunos. Y recuerdan un caso, ocurrido en julio del año pasado, cuando un matrimonio mayor fue a denunciar una golpiza que habría recibido su hijo por parte de policías. La fiscal ordenó la detención de la pareja por entorpecimiento a la labor policial.
En efecto, un grupo de letrados realizó una presentación pidiendo que sea investigada por posibles excesos en el ejercicio de su función. El pedido fue interpuesto en el Colegio de Abogados de Villa María y luego girado a la Fiscalía General.
Esposo fiscal. Companys es madre de dos hijos y está casada con el abogado Juan Fernando Ávila Echenique, quien juró como nuevo fiscal de Instrucción de Morteros. En el concurso realizado por el Consejo de la Magistratura, quedó en el décimo cuarto lugar del orden de mérito con un promedio de 74,87 puntos. Asumió el 1 de febrero pasado.
Causa ZOE. Juliana Companys fue la primera fiscal en el país en ordenar la detención de Leonardo Cositorto. Si bien el fiscal federal porteño Eduardo Taiano había imputado al líder de Generación ZOE por defraudación al fisco, fue la magistrada villamariense quien avanzó con detenciones, allanamientos, secuestros de material de prueba y detenciones. Antes, en el mayor de los hermetismos, había abierto de oficio una investigación a la titular de la Fiscalía Federal de Villa María, María Schianni.
Pero no encontró elementos que permitieran encuadrar los delitos a imputar en materia extraordinaria. “No se pudo probar la existencia de intermediación financiera”, explicó Schianni. Por eso, apenas aparecieron los primeros damnificados de las supuestas estafas en la Justicia provincial, el material reunido por Schianni terminó sobre el escritorio de Companys quien avanzó veloz y decididamente. La causa está encuadrada en los delitos de estafa y asociación ilícita. No se descarta, a futuro, que pueda haber una investigación por lavado de activos que avance en los tribunales federales.
Companys asestó un golpe certero al corazón del holding en la ciudad del interior del interior donde había sentado sus bases.
