La noticia se conoció a través de algunos medios y por comentarios de pacientes: los odontólogos están cobrando entre $1.500 y $2.000 en concepto de costo de las medidas de bioprotección, para atender en sus consultorios.
Lo que evidentemente exige una explicación, ya que una práctica de preservación de la salud, como la odontología, ahora en medio de la pandemia por coronavirus y una dura crisis económica, demanda un costo extra que en general lo afronta el paciente.
Para conocer los detalles que inciden en la fijación de esos valores, PERFIL CORDOBA habló con el doctor José Augusto Érmoli, presidente del Colegio Odontológico de la Provincia, quien aclaró que “no se trata solo del valor del kit descartable, que sería un costo indirecto, sino también del costo directo que demanda la generación del servicio”.
Y lo explica así: “Con la aplicación del nuevo protocolo, el tiempo que demanda colocarse todo el equipo de protección personal, retirarlo, el proceso de aseptizar el consultorio, más el lapso de distanciamiento entre paciente y paciente, hace que las prácticas tengan un costo extra”.
Ese costo fue evaluado entre $2.000 y $1.000, con un promedio de $1.500, y varía según la cantidad de odontólogos que intervengan en la práctica; si trabaja uno solo tiene un valor y si lo hace con un asistente tiene otro.
Muchos de los insumos para aseptizar el consultorio se usan habitualmente, pero ahora en mayor cantidad. “Un ejemplo: para una práctica de restauración simple se estima una hora de trabajo; dentro de esa hora, para calcular el valor de la práctica, tenemos el costo directo, relacionado a los materiales usados, y el costo indirecto que es la incidencia en el funcionamiento del consultorio. Esa práctica, ahora, en lugar de una hora demanda dos horas. Esto hace que la incidencia del costo indirecto sea mayor”, precisó Érmoli.
Y agregó: “Antes, hace poco más de dos meses, en una mañana podíamos atender a cuatro pacientes; ahora, no podemos recibir a más de dos pacientes”.
El kit descartable, contando todos los elementos de protección tanto para el paciente como para el profesional, tiene un costo aproximado a $700/$800; el resto es la incidencia del costo indirecto. Cabe aclarar que en esos valores no están contemplados los honorarios del profesional.
¿Quién lo paga?
La postura del colegio es la siguiente: “Tenemos que brindar un servicio y garantizar medios, hacer determinada práctica con determinados componentes. Al paciente le tenemos que garantizar una práctica biosegura y eso hoy tiene un costo que, claramente, no lo puede absorber el profesional, entonces, o lo paga el paciente, la obra social o la prepaga”.
Algunas –muy pocas– obras sociales y prepagas están cubriendo ese costo, pero las que mayor cobertura contemplan pagan $1.550; otras $1.200, y otras $800. En la mayoría de los casos, se llegó a un acuerdo para que la diferencia la pague el paciente. Hay obras sociales y prepagas que ni siquiera acusaron aviso de recibo del tema.
Existe cierta alarma por cuanto las obras sociales y prepagas dan a entender que cubrirán ese costo “mientras dure la cuarentena”, pero el virus va a seguir más allá del aislamiento. La pregunta que surge es cómo se protegen profesionales y pacientes o quién se hace cargo de los costos después. Y hay ejemplos: el HIV vino y se quedó para siempre. Los odontólogos aplican permanentemente medidas de bioseguridad para HIV y hepatitis, pero si el COVID-19 sobrevive entre nosotros “vamos a tener que terminar ‘vestidos de astronautas’ para siempre, porque no podemos propender a propagar una enfermedad infectocontagiosa”, afirmó Érmoli.
Proyecto de resolución
El pasado 14 de mayo ingresó a la Legislatura provincial un proyecto de resolución del legislador Dante Rossi y el bloque de la UCR que, según sus considerandos, “busca dar algunas respuestas a las demandas de un sector de la salud, que se encuentra en desamparo y en una crisis profunda, como es la odontología”.
“Por otra parte –señala el proyecto–no es novedoso el incremento que han sufrido los insumos necesarios para el desarrollo de esta profesión, como así también la poca oferta de los mismos, realidad esta que afecta a casi todos los rubros comerciales de la provincia. Por eso es que solicitamos se arbitren los medios para proveer de los insumos necesarios a todos los profesionales, clínicas y consultorios odontológicos de la provincia”.
Y también hace referencia a los costos de bioseguridad: “Se pide la intervención del Poder Ejecutivo, para que obras sociales, asociaciones mutuales y servicios de salud prepaga, ‘cubran los costos adicionales de productos descartables y de bioseguridad’, que deben utilizar los profesionales a raíz de la pandemia”.
