Re-re: Intendentes vuelven a la carga con el “plan A”
Tras el freno del TSJ a la “Ordenanza Tanti”, pese que advierten que no se expidió sobre el fondo de la cuestión, un grupo de intendentes boina blanca retomarán su reclamo ante los legisladores en base al “plan A”. Los peronistas también insistirán por su cuenta. Por caso, Orlando Arduh se comprometió a fogonear un acuerdo político-legislativo para enmendar el “error”.
SUBEN LA VARA. Los jefes comunales afectados por el cepo de la ley 10.406 redoblarán la presión ante los parlamentarios para que corrijan el “error” de la retroactividad de la norma sancionada a fines de 2016. |
CEDOC PERFIL
Rodrigo Miranda
Los jefes comunales afectados por el cepo de la ley 10.406 redoblarán la presión ante los parlamentarios para que corrijan el “error” de la retroactividad de la norma sancionada a fines de 2016. En paralelo, Daniel Salibi (Mendiolaza) hará una presentación en Tribunales –una especie de plan B- para que la Justicia se expida sobre la base de este planteo que concentra la atención de sus pares peronistas y vecinalistas que se encuentran en la misma situación.
El titular de la UCR, Marcos Carasso, lanzó la pelota a terreno pejotista. “Que hable el peronismo, que muestra las cartas”, retrucó el radical, quien insistió en que “el oficialismo tiene los votos” para avanzar en la modificación de la ley.
Los intendentes radicales muestran su enfado ante esta postura partidaria y prometen dar pelea. Este tema se colará en la discusión del cónclave de este lunes en Casa Radical. A su vez, retomarán la presión sobre los legisladores para avanzar con el “plan A”. Los dos radicales del sur (Juan Jure y “Tonio” Rins) ya sienten la presión de los jefes locales del departamento Río Cuarto.
El intendente Oscar Saliba (Huinca Renancó) dijo que la solución a este problema pasa por una salida en “el plano político-legislativo”. Por eso, adelantó que los jefes comunales retomarán durante la semana las conversaciones con los legisladores radicales.
“La ley no puede ser retroactiva”, argumentan los intendentes (de todos los colores políticos) que motorizan la demanda para que se modifique el artículo 7 de la 10.406 y se tome como primer mandato el período 2019-2023 y no el 2015-2019, ya que ley en cuestión fue sancionada a fines de 2016 y promulgada en 2017.
En este sentido radica –en paralelo– el planteo que presentará en estos días Salibi en Tribunales bajo el patrocinio de Tirso Pereyra. El radical le confirmó a PERFIL CÓRDOBA que están “ultimando detalles” y sumando antecedentes de la jurisprudencia que avalan el planteo en contra de la retroactividad de la ley.
El peronismo también. Hay intendentes peronistas autoconvocados en el reclamo que se reunieron este sábado en la capital cordobesa. El enojo con la cúpula pejotista en inocultable (a un día del lanzamiento de Llaryora) y le ponen todas las fichas a la presentación de su par radical de Mendiolaza.
En clara sintonía con la demanda de los jefes comunales, el legislador Arduh se pronunció a favor de subsanar “el error” de la ley respecto a su retroactividad. El radical cambiemita se comprometió a impulsar el “plan A” en el seno de la Unicameral. Aseguró que trabajará para llegar a “un acuerdo de índole político-legislativo” para destrabar la situación de los intendentes que, por el cepo de la 10.406, están impedidos de jugar electoralmente en 2023.
En el universo de los jefes territoriales que no podrían acceder a un tercer mandato la mayoría son de Hacemos por Córdoba (unos 137), aunque hay 73 de signo radical. En menor proporción también alcanza a dirigentes del Frente de Todos (43), del PRO y vecinalistas.
