El 24 de marzo próximo se cumplirán 45 años desde el golpe cívico militar que consolidó una oscura etapa de la historia argentina a partir de 1976. Por hechos que se cometieron en aquella época, en Córdoba hubo 12 juicios con condenas, muchas a prisión perpetua de altos mandos militares del Ejército, encabezados por el exjefe del Comando del Tercer Cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez (ya fallecido), y de la D2, el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba.
Pero a poco menos de medio siglo quedan más de 40 expedientes en instrucción. Este año, la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal 1, donde están abiertos esos expedientes, se ha fijado como meta avanzar en una megacausa cuya carátula remite a Miguel Ángel ‘Gato’ Gómez, el represor riocuartense ya condenado a perpetua y uno de los señalados como abusador de mujeres detenidas.
Los números son elocuentes de la densidad del expediente: tiene 500 víctimas. De ellas, hay 58 hechos en los que se investigan delitos sexuales cometidos en La Perla, D2 y UP1; 56 casos de desaparición forzada, y 67 de homicidio. En todos los hechos están incluidos los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos.
“Es una causa que tiene perspectiva de género por la cantidad de hechos que, por primera vez, se pone de relieve”, subrayó el fiscal federal Facundo Trotta. Recordó que inicialmente las vejaciones sexuales estaban contenidas en los tormentos, pero en la causa La Perla se analizó el delito contra la integridad sexual aparte. Era una víctima. En este caso son 58.
En relación a los imputados en este expediente, hay 235. De ellos, hay 90 identifica dos, 75 ya fallecieron y hay cuatro con declaración de incapacidad, lo cual los alejará del proceso. Aún falta identificar a 66. Los acusados todavía no fueron indagados. Es la tarea que le espera al equipo de Derechos Humanos del Juzgado, a cargo de Ricardo Bustos Fierro.
Los hechos incluidos abarcan desde 1975 hasta 1979. Se fueron sumando a partir de testimonios vertidos en los juicios anteriores, a los que asistían sobrevivientes, identificaban a víctimas y a los represores. El tribunal oral, al concluir las audiencias, fue remitiéndolos al juzgado de Instrucción considerando que los testigos que declararon también habían sido víctimas y las circunstancias que describieron también debían ser investigadas.
De ese modo, acumularon los hechos hasta llegar a las 500 víctimas. Sobre ellas y los padecimientos que atravesaron hay abundante documentación. En la mayoría de los casos fueron mujeres y hombres detenidos que pasaron por la cárcel y varios centros de detención clandestinos, D2, UP1 y Campo de la Ribera. Al momento de la aprehensión se les abría una ficha con sus datos; por eso, entre los imputados hay personal policial y del Ejército.
A la documentación que se constató en la Policía, se sumaron los expedientes judiciales a raíz de los interrogatorios a los que fueron sometidos los que habían sido encarcelados. La inmensa mayoría declaró que habían firmado las actas bajo tortura. El objetivo es llegar a fin de año con todos los imputados indagados. Río Cuarto. El otro objetivo que se impuso el juzgado es concluir con la investigación del expediente Gutiérrez, Hermes Vicente. También aquí se investigan torturas, desapariciones, delitos sexuales y privación ilegítima de la libertad. Hay 60 víctimas en total, de las cuales 59 son sobrevivientes, y una permanece desaparecida.
UNA DISCUSIÓN QUE DURÓ SIETE AÑOS
A la complejidad de las investigaciones se sumó una discusión sobre la competencia que paralizó, en la práctica, el avance de las causas. En 2014, cuando asumió el juez federal N°3 Miguel Hugo Vaca Narvaja, los defensores de los represores imputados lo recusaron por considerar que, al ser hijo y nieto de víctimas de la dictadura cívico militar, no era garantía de imparcialidad.
El planteo se resolvió recién a fines de 2018 cuando la Cámara de Casación confirmó que las causas debían ser tramitadas en el Juzgado Federal 1, de Ricardo Bustos Fierro. Y a partir de ahí llovieron los pedidos de nulidad de los trámites procesales que había realizado Vaca Narvaja. Bustos Fierro discriminó los trámites atacados. Fue a mediados de 2019. No anuló todo, ya que dejó en pie algunos oficios y particularmente las testimoniales; pero las indagatorias que se habían realizado se cayeron. Este hecho motivó un fuerte atraso en las investigaciones.
Hasta que sus decisiones quedaron firmes no pudieron ser citados los imputados porque no estaba claro qué pruebas eran válidas. Recién a fines del año pasado pudo retomarse la actividad a pleno y por eso ahora la decisión es avanzar a paso firme en la megacausa de Gómez y en la de Río Cuarto.
