Rebeldía de Bustos Fierro: la Cámara Federal pidió que se evalúe si hubo delito
No hubo unanimidad. La Fiscalía General deberá asignar el expediente a un fiscal. Se debe determinar si el exjuez, ya jubilado, cometió algún delito el 1 y 2 de febrero pasado cuando se presentó al juzgado a trabajar señalando que su renuncia al cargo no había sido aceptada por el Presidente de la Nación, a pesar de que ya estaba designado el subrogante.
Sergio Pinto. El episodio fue inédito en la
historia judicial argentina.
BUSTOS FIERRO. La Cámara envió a Fiscalía General antecedentes de lo acontecido el 1 y 2 de febrero, cuando el juez firmó decretos, para evaluar si cometió algún delito. |
Cedoc Perfil
El inédito episodio ocurrido en el Juzgado Federal N°1 de Córdoba, los dos primeros días de febrero de este año, fue remitido por la Cámara Federal a la Fiscalía General. Un fiscal deberá analizar si hubo o no delito en la actividad desplegada por el juez jubilado Ricardo Bustos Fierro en esa oportunidad.
Todo sucedió a raíz del vencimiento del mandato como titular del tribunal de primera instancia, a fines de enero. Anticipándose a esa situación, en el mes de diciembre del año pasado la Cámara Federal, con un fuerte debate interno y por mayoría, designó subrogante al juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto.
En plena feria de enero, el día en que venció el mandato, la Cámara Nacional Electoral también tomó una decisión: designó subrogante a Alejandro Sánchez Freytes en la materia específica.
A días de esa caducidad, Bustos Fierro presentó su dimisión, pero cuando reinició la actividad después de la feria judicial de verano no había decreto presidencial de aceptación. Así, se presentó a trabajar el 1 de febrero y se dio la insólita situación de encontrarse en un despacho que ya tenía subrogante. No obstante ello, se resistió a dejar el cargo y durante dos días solicitó expedientes y colocó su firma.
La situación descripta fue informada en un escrito por Pinto a la Cámara Federal, calificando los hechos como “irregulares”, aunque no concluyó que se hubiera cometido delito.
Hace 10 días, el tribunal de Alzada que tiene también poder de superintendencia en la jurisdicción, discutió si Bustos Fierro pudo haber cometido delito al seguir firmando fallos y decretos habiendo caducado su mandato como juez. Y si debían o no remitirse estos antecedentes a un fiscal.
Por mayoría, con los votos de Ignacio Vélez Funes, Liliana Navarro y Eduardo Ávalos se resolvió “poner en conocimiento las actuaciones al señor Fiscal General a fin de que estime si debe o no tomar intervención el Ministerio Público Fiscal”. En disidencia opinaron Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres.
La posición mayoritaria sostuvo que Bustos Fierro desobedeció un acuerdo de la propia Cámara que ya había designado al subrogante. Actuó como titular del juzgado cuando ya no lo era. La vocal Liliana Navarro fue por más y sostuvo que también debería evaluarse la actividad que desplegaron los secretarios porque colaboraron dando fe en la producción de los hechos irregulares.
La minoría opinó, en cambio, que fue un “momento complicado” y “confuso” y que ni siquiera procedía abrir sumario a los secretarios que dieron fe de las resoluciones suscriptas por Bustos Fierro. Se analizó que el magistrado subrogante no formuló ninguna denuncia. Pese a la sorpresa por el escándalo, que tuvo trascendencia nacional por lo extraño, tampoco los fiscales actuaron de oficio.
El vocal Abel Sánchez Torres sostuvo que si son cuestiones jurídicas, cada expediente con su resolución pudo ser rectificado a través de apelaciones e impugnaciones, naturales en el proceso. Agregó, finalmente, que no es un tema administrativo que deba resolverse por Superintendencia.
