Rebeldía de Bustos Fierro podría tener derivaciones administrativas y penales

La resistencia de Ricardo Bustos Fierro (87 ) a dejar el Juzgado Federal Nº 1 (JF1) generó una situación de gravedad institucional inusitada en el retorno a la actividad de los tribunales cordobeses, tras la feria judicial veraniega. Durante 48 horas, el 1 y 2 de febrero, siguió utilizando la firma como juez, a contramano de resoluciones de dos Cámaras: la de Apelaciones de Córdoba y la Nacional Electoral, que habían designado los respectivos subrogantes y por ende considerado que ya no era más un juez en actividad.

A eso se sumó una tensión creciente por la interna que divide posiciones en la Cámara Federal de Apelaciones local.

La presidenta, Graciela Montesi, finalmente tomó la decisión de hacer cumplir el acuerdo de diciembre que había nombrado en forma provisoria al frente del JF1 al juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto. En aquella oportunidad ella disintió. Su voto, junto al de Abel Sánchez Torres, quedó en minoría frente al resto de los vocales, Liliana Navarro, Eduardo Ávalos e Ignacio Vélez Funes, quienes promovieron y nombraron a Pinto.

El viernes, Montesi resolvió dar de baja la firma electrónica de Bustos Fierro para cumplir con la designación de Pinto y cursar notificaciones a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura de la Nación sobre el particular. El mismo día también se le dio de baja al juez en Recursos Humanos.

El día anterior, Montesi había convocado a un acuerdo extraordinario al resto de los vocales. Navarro y Ávalos no asistieron por la ausencia de Vélez Funes, quien regresará mañana a tribunales.

Por su parte, Bustos Fierro no declinó su posición, ya que considera que solo dejará de ser juez el día en que el presidente Alberto Fernández le acepte la renuncia. Hay que aclarar que le puso fecha al fin de su mandato: 10 de diciembre de 2023. La solicitud choca con normas legales. Para seguir, debería tener una nueva prórroga autorizada por el Senado de la Nación. El problema es que no la solicitó. ¿Cómo podría el Ejecutivo autorizarlo a continuar sin participación del Congreso? Algunos sostienen que es una contradicción incursa en la ilegalidad.

Desde su entorno insisten que él decidió dar un paso al costado pero no en forma definitiva, sino para evitar problemas mayores. Se retiró pacíficamente, pero espera la resolución presidencial sobre su renuncia y de la Corte Suprema sobre el subrogante designado.

Un día agitado. El miércoles parecía que el Juzgado Federal 1 había ingresado a una nueva etapa. A las 8 de la mañana llegó el subrogante designado, Sergio Pinto, y se reunió con cada uno de los secretarios del tribunal. Sorpresivamente apareció Bustos Fierro afirmando que él seguía siendo juez. Hay quienes relatan que hubo gritos reclamando la ocupación de su despacho.

La reunión entre ambos duró una hora.

Inmediatamente, Pinto pidió a la Cámara Federal, por nota, que se garantizara el cumplimiento del acuerdo que lo había designado reemplazante en el tribunal. A partir de ese momento se vivieron dos días de completa desorientación, con un condimento extra: el JF1 está de turno durante este mes.

El miércoles y jueves, Bustos Fierro siguió firmando decretos a pesar de la caducidad de su mandato el 25 de enero. Varios de ellos están vinculados a amparos de salud, pero también trámites en causas penales y penales económicas. Su conducta tendrá consecuencias jurisdiccionales, ya que el viernes, por caso, se presentaron planteos de nulidad de algunas de las resoluciones firmadas.

Entre los trámites en los que imprimió su rúbrica, Bustos Fierro concedió la excarcelación a un detenido en una causa de trata. El fiscal federal Enrique Senestrari confirmó a este medio que pidió la nulidad. Aclaró que la fiscalía había dictaminado a favor de la excarcelación, pero cuestionó la firma de Bustos Fierro porque sucedió cuando había vencido su mandato.

Hay otras consecuencias probables. No hay que descartar la posible presentación de denuncias penales y sumarios administrativos, que podrían alcanzar tanto a Bustos Fierro como a los funcionarios del juzgado que siguieron acatando la orden de una persona que no era juez. Todas estas vicisitudes y matices comenzarán a ser analizados a partir de mañana por el tribunal de Alzada, en lo referente a las decisiones jurisdiccionales. La Cámara, además, tiene el poder de Superintendencia en la jurisdicción. En virtud de esa función, podría avanzar sobre sumarios administrativos. Nada estará exento de discusión.

Nunca antes, en ningún tribunal del país, se había producido una situación de tal gravedad. La desorientación reinó durante dos jornadas laborales, con plazos procesales activos. PERFIL CÓRDOBA lo constató en consultas realizadas a magistrados y funcionarios. Fueron horas en que nadie sabía quién era el juez al frente del JF1.

QUÉ DICE LA CARTA AL PRESIDENTE

Con fecha 23 de enero y firma digital de juez, Ricardo Bustos Fierro dirigió una nota al presidente Alberto Fernández para presentar formalmente su renuncia al cargo y “que la misma se haga efectiva luego de la fecha de los comicios a realizarse en el corriente año”.

La interpuso, aparentemente, en Presidencia de la Nación. Este medio intentó confirmar si había tomado intervención el Ministerio de Justicia. Hasta el viernes, eso no había ocurrido.

Textualmente dijo en la misiva: “Ofrezco continuar ejerciendo mi magistratura de modo que el proceso electoral del presente año se desarrolle con total normalidad, como se viene desarrollando desde 1994 que asumí esta responsabilidad”. El argumento que presentó es la complejidad para designar subrogante en materia electoral y el largo proceso que implica el concurso y posterior nombramiento de un magistrado titular.

“Señalo que es habitual que los magistrados al renunciar fijen una fecha que permita culminar con su responsabilidad en el ejercicio de la magistratura –agregó–, tal como fue en los casos de las renuncias de los Dres. José María Pérez Villalobo, José Vicente Muscará y Carlos Julio Lascano”. Finalizó la nota afirmando: “Pongo a su consideración mi renuncia al cargo a partir del día 10 de diciembre de 2023, fecha en que todo el proceso electoral habría culminado con la asunción de las autoridades electas”.

Nadie supo en Córdoba que la había presentado hasta el jueves pasado, después de la situación narrada más arriba. Recién ese día notificó a la Cámara su dimisión. ¿Por qué tardó en notificar si había enviado la carta al Presidente el 23 de enero?

El futuro. Ahora, Bustos Fierro espera que el Presidente le acepte la renuncia. Y, por defecto, aguarda la decisión de la Corte Suprema sobre los planteos que hicieron sus colegas disconformes con la designación de su reemplazante, Sergio Pinto.

No queda claro qué piensa sobre la caducidad del mandato. Solo el Senado de la Nación puede habilitar una nueva prórroga. Desde 2017, a partir de la aplicación del fallo Schiffrin, las reglas cambiaron y el Consejo de la Magistratura de la Nación puso controles más exigentes y puntuales para los jueces, a partir del día en que cumplen los 75 años de edad.

Bustos Fierro está aferrado al texto del Reglamento para la Justicia Nacional que indica que los magistrados continuarán en funciones “hasta tanto la renuncia le fuere aceptada”. Por eso, él espera. Fuentes de su entorno próximo señalaron a este medio: “Todo puede cambiar”.

IDAS Y VUELTAS EN LA CÁMARA FEDERAL 

La secuencia de hechos sucedidos en el JF1 durante la semana pasada, tiene su correlato en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Integrada por cinco vocales, es notoria una fuerte interna entre sus miembros.

El 14 de diciembre, el tribunal emitió un acuerdo donde por mayoría –con los votos de Eduardo Ávalos, Liliana Navarro e Ignacio Vélez Funes– dispuso anticiparse a la vacancia que se produciría en enero en el JF1 y designó subrogante al juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto. La discusión fue ardua y hay testimonios de ello en el texto del acuerdo.

Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres –que quedaron en minoría– se opusieron porque la vacancia aún no se había producido y alegaron que el subrogante debía ser de la ciudad de Córdoba, es decir Alejandro Sánchez Freytes o Hugo Vaca Narvaja, ya que pertenecen a la misma “jurisdicción territorial”, entendiendo como tal a la ciudad Capital y no a la Provincia. Propusieron un sorteo.

Ávalos, por su parte, propuso a Pinto y mostró, con números, que era el magistrado cuyo juzgado tenía estadísticas aceptables, frente a la excesiva cantidad de expedientes en trámite –alrededor de 100.000, cada uno– que presentaban los de Córdoba Capital.

No hubo unanimidad. Pinto fue nombrado subrogante del Juzgado con competencia múltiple por mayoría.

A fines de diciembre, Sánchez Freytes y Vaca Narvaja sumaron su disconformidad y pidieron avocación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa decisión del máximo tribunal no se produjo aún.

El 26 de enero, el juez Daniel Bejas, vocal de turno durante la feria en la Cámara Nacional Electoral, consideró que se había generado la vacante del JF1 por el cese del mandato de Ricardo Bustos Fierro y designó subrogante en la materia a Sánchez Freytes.

¿Qué pasó a partir del 25 de enero cuando caducó la prórroga que había prolongado la permanencia de Bustos Fierro en 2018? La Cámara Federal de Córdoba no hizo nada. No dio de baja la firma de Bustos Fierro. Y eso permitió que el 1 de febrero pudiera seguir firmando decretos como juez en ejercicio.

Se avizoran tiempos turbulentos. Habrá discusiones de la Cámara, como tribunal de Alzada, sobre nulidades planteadas. Y, como órgano con poder de Superintendencia, por las conductas de funcionarios que acataron órdenes de Bustos Fierro sabiendo que su mandato había finalizado.

La gravedad de la situación no solo radica en la disputa de poder por un Juzgado Federal, sino en la enorme energía y recursos que se malgastan en luchas internas dentro de un sector privilegiado, mientras la sociedad espera que se imparta Justicia.