El sistema de riesgos del trabajo es uno de los componentes más antiguos de la protección social en Argentina y, al mismo tiempo, uno de los más afectados por la litigiosidad judicial. Según un análisis del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), el principal problema actual se vincula con el funcionamiento de las pericias médicas en las justicias provinciales, que incentivan una masiva cantidad de juicios laborales
El informe señala que, pese a los avances logrados en la reducción de accidentes y muertes laborales desde la creación del sistema actual en 1995, la judicialización volvió a crecer hasta alcanzar niveles similares a los registrados antes de la reforma de 2017.
Argentina implementó tempranamente un sistema de reparación automática de los daños laborales, independientemente de la culpa del empleador o del trabajador. El esquema original buscaba brindar una respuesta rápida al trabajador y previsibilidad en los costos laborales.
Tras el colapso del modelo anterior en los años noventa, se sancionó la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557), que creó un seguro social de gestión privada bajo supervisión estatal. El sistema se apoya en definiciones precisas de accidentes laborales, un listado de enfermedades profesionales, un baremo para evaluar incapacidades y comisiones médicas encargadas de dirimir controversias administrativas
El principal debate gira en torno al crecimiento de los juicios por accidentes y enfermedades laborales, a pesar de que los siniestros disminuyeron de forma sostenida en las últimas décadas.
El IERAL explica que gran parte de la litigiosidad se origina en las pericias médicas realizadas en las justicias provinciales, donde no se aplican de manera uniforme los criterios del baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo. En muchos casos, los peritos realizan nuevas evaluaciones con criterios propios y con honorarios vinculados al porcentaje de incapacidad que determinan, lo que genera incentivos a sobredimensionar los daños
Además, se observa una fuerte dispersión de criterios judiciales entre provincias, tanto en los porcentajes de siniestros que terminan en juicio como en la forma de actualizar las indemnizaciones.
Qué propone el proyecto
El Proyecto de Modernización Laboral incorpora un nuevo artículo a la Ley 27.348, que recuerda a las provincias su obligación de cumplir con la conformación del Cuerpo Médico Forense (CMF). Este organismo debe estar integrado por profesionales especializados en valoración del daño y aplicar de manera objetiva el baremo de incapacidades.
El proyecto establece un plazo de 90 días para que las provincias instrumenten estos cuerpos médicos y utilicen las herramientas operativas indicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). En caso de incumplimiento, se prevé la suspensión de asistencia técnica y financiera en materia de riesgos del trabajo
Qué analiza el IERAL
El informe advierte que, pese a la existencia de la ley que obliga a crear los Cuerpos Médicos Forenses, prácticamente ninguna provincia avanzó de forma efectiva en su implementación.
Como consecuencia, continúan funcionando pericias médicas independientes que no respetan los criterios técnicos del sistema, lo que alimenta la litigiosidad masiva. A esto se suma la falta de cumplimiento de los plazos de caducidad para recurrir a la justicia y la diversidad de métodos para actualizar las indemnizaciones, que generan montos muy dispares para casos similares.
Desde el punto de vista social, el IERAL señala que esta situación implica altos costos para el Estado y congestión judicial. Desde el punto de vista productivo, encarece de forma significativa los costos laborales, ya que el costo de los juicios equivale a alrededor del 1,2% de la masa salarial, casi la mitad de la alícuota promedio del sistema de riesgos del trabajo
Cambios clave
Entre los puntos centrales analizados en el informe se destacan:
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- Obligación de las provincias de conformar los Cuerpos Médicos Forenses especializados.
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- Aplicación estricta del baremo de incapacidades de la Ley de Riesgos del Trabajo.
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- Limitación de las pericias judiciales a la revisión técnica de lo dictaminado por las comisiones médicas.
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- Unificación de criterios para evitar evaluaciones paralelas.
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- Cumplimiento de los plazos de caducidad para recurrir a la justicia.
Frente a la situación crítica del sistema, el IERAL recomienda que el proyecto declare la emergencia del sistema de riesgos del trabajo hasta que las provincias implementen plenamente los cambios en las pericias médicas.
Durante ese período, sugiere aplicar medidas transitorias para morigerar el impacto financiero, como el pago en cuotas de indemnizaciones judiciales, especialmente en incapacidades bajas, y la utilización de un índice único de actualización de montos basado en tasas informadas por el Banco Central.
Impacto esperado
Según el informe, una aplicación efectiva de las reformas permitiría reducir la litigiosidad espuria, mejorar la previsibilidad de los costos laborales y fortalecer un sistema que mostró buenos resultados en términos de prevención y reducción de accidentes.
El IERAL concluye que, sin una corrección en el funcionamiento de las pericias médicas provinciales y en los criterios judiciales, la judicialización seguirá siendo el principal factor de distorsión del sistema de riesgos del trabajo en Argentina
