“El próximo gobierno no va a tener tiempo. El nivel de desacople de variables, de distorsiones acumuladas, de estancamiento económico y la situación social a la que se va a enfrentar quien asuma el 10 de diciembre, no da tregua. El que asuma tiene que llegar listo y hacer las reformas que hacen falta desde el primer día. No va a ser fácil, es una tarea titánica, pero es la única opción que vemos”.
La reflexión la dejó sobre la mesa de un almuerzo el viernes un alto referente del empresariado de Córdoba. Y sintetiza lo que ve buena parte del sector privado de Córdoba, en general más cercano a las ideas del libre mercado, la no intervención estatal y la inserción internacional. Es decir, bastante lejos de lo que, al menos en lo discursivo, el kirchnerismo ha buscado representar.
En esa línea, hay un par de convencimientos —forzados tal vez— entre los empresarios de Córdoba. El primero es que difícilmente el oficialismo pueda repetir gobierno en 2023, lo que deja buenas chances para que una figura de Juntos por el Cambio recupere la administración nacional. La segunda idea fuerza es que Mauricio Macri debe estar y aportar, pero no jugar en términos de disputar cargos electivos de preponderancia.
Y la otra idea que ven los hombres de negocios es que sin apoyo político amplio y un paquete de medidas iniciales de shock, el cambio de rumbo que necesita la macro volverá a caer en una dinámica de poca concreción. Y allí entra otro concepto que ya hicieron ‘carne’ varios sectores del empresariado local: el de involucrarse activamente para diseñar, impulsar, promover, exigir y motorizar políticas públicas con impacto en el mercado.
Primeras acciones. La idea de trabajar en la previa al posible desembarco de un gobierno más promercado ya está tomando cuerpo. La semana pasada un grupo de empresarios y ejecutivos hicieron su ‘mini desembarco’ en el Congreso de la Nación de la mano de la senadora Carmen Álvarez Rivero. Hubo referentes de la Unión Industrial de Córdoba, de la Universidad Siglo 21, del sector de la construcción, de la Asociación de Jóvenes Empresarios y del gremio Uecara.
El objetivo es que se comience a discutir la necesidad de una serie de modificaciones para el mercado laboral, que baje los costos de contratación y de desvinculación, algo que para muchos empresarios desalienta la creación de empleo privado formal.
Cabe recordar que el nivel de asalariados que trabaja de forma registrada en el sector privado ha tenido sus subas y desplomes, pero hoy está en los mismos valores de 2013. Es decir, lleva una década de estancamiento.
En el marco de un encuentro denominado ‘Argentina: Córdoba te habla. ¡Modernización laboral ya!’ es que varios referentes del empresariado, abogados laboralistas e incluso sindicalistas, avanzaron con algunas propuestas para cambios en los regímenes vinculados al mercado laboral. Para tener más chances de que las iniciativas progresen, buscan alejarse de la intención de instalar una “reforma laboral” y plantean una “modernización del mercado laboral”.
Y otro eje es evitar una confrontación con el gremialismo y los sectores políticos de izquierda y centroizquierda, por lo que no proponen una derogación o modificación amplia de la Ley de Contrato de Trabajo. Sí, en todo caso, cambios y modificaciones hacia adentro de los convenios colectivos de cada sector. Así, plantean cambios puntuales y estudiar la realidad de cada sector, para evitar los daños colaterales de reformas transversales.
Indemnizaciones. Uno de los focos de las reformas es el de establecer un nuevo esquema para las indemnizaciones. El argumento que se esgrime es que los altos costos de una indemnización terminan desalentando la contratación de nuevo personal. Quien se explayó en ese punto fue el economista y consultor Gastón Utrera, quien también dirige el Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Siglo 21.
“El gobierno que asuma el año que viene va a encontrar un contexto extremadamente delicado, con lo cual, chocarse políticamente por una reforma inviable no es la vía. La buena noticia es que probablemente no sea necesario modificar la Ley de Contrato de Trabajo”, dijo. Y avanzó con un ejemplo para justificar su planteo.
“Si un comercio desvincula a un empleado con cinco años de antigüedad, por ley la indemnización es un salario por cada año de antigüedad, más el preaviso. Unos $600 mil. El problema para la pyme es que esa cuenta le puede costar $3 millones. Los otros $2,4 millones salen de lo que le imponen la Ley 24.013 y la 25.323, con indemnizaciones agravadas y multas que no tienen nada que ver con la Ley de Contrato de Trabajo, que buscaron incentivar el empleo en blanco y que han fracasado totalmente. Hay que salir de ese esquema”.
Y detalló: “El planteo es no tocar una coma del régimen indemnizatorio de Ley de Contrato de Trabajo, pero sí derogar las indemnizaciones agravadas y para lo que establece la misma ley —245 y 232— hacer un fondo de cese laboral en el ámbito de los convenios colectivo de trabajo, de tal manera que las empresas aporten un porcentaje de remuneración y después el fondo de cese laboral se encargue de pagar las indemnizaciones que establece la Ley de Contrato de Trabajo. Esa es una forma de empezar a limpiar los pasivos contingentes de las empresas y a los empleos nuevos que ingresen se les aplica el esquema de fondo de cese laboral”.
Según Utrera, al trabajar con modificaciones de los convenios colectivos de trabajo y no de reformas a la Ley de Contrato de Trabajo, cada sindicato puede negociar, hacer modificaciones y cuenta con poder de veto. Tiene la lapicera. La otra ventaja del esquema es que el fondo de cese laboral que se genera para esa actividad se administra en el sector y no debe ir a la caja de la Anses u otra dependencia estatal.
Y una tercera ventaja sería que con los recursos del fondo de cese laboral se puede hacer un puente para combatir el déficit habitacional, ya que se podrían usar para invertir en cédulas hipotecarias indexadas por salario para que los bancos le den a los trabajadores crédito hipotecario indexado por salario.
“Son tres motivos que generan el interés sindical de sentarse en la mesa de negociaciones. Este trabajo está llegando al G6 nacional por el interés de la Cámara de la Construcción. Y se está estudiando en el sector comercial de Córdoba para llevar la propuesta al sindicato de Comercio y a la Cámara de Comercio. Esta propuesta es importante en el sector comercial porque tiene uno de cada seis empleados del sistema privado. Si prospera ahí puede adaptarse y expandirse a otros”, remarcó.
El exministro de Trabajo, Jorge Triaca, también se sumó a la mesa y subrayó que con la suma de distintas normas, regulaciones, modificaciones actuales, se llegó a la imposibilidad de que más del 50% de las personas activas hoy puedan desarrollarse bajo la tutela de un régimen previsional, de un régimen de cobertura de riesgo de trabajo, de asistencia de salud, generando trabajadores de primera, con derechos, y de segunda, sin derechos.
“Hay que ponerle la lupa a esas regulaciones y a las conductas vinculadas a ese marco institucional que favorece el conflicto en lugar de encontrar entendimientos. Si no somos inteligentes, vamos a seguir generando esta distinción entre trabajadores de primera y de segunda. Tenemos un sistema previsional con casi siete millones de jubilados, muy pesado y difícil de modificar y que encima no alcanza. Hay que mirar todo en conjunto, porque el sector del trabajo tiene vasos comunicantes con el sistema previsional. Si decimos que el 50% que trabaja no hace aportes, estamos mirando el problema de las jubilaciones y pensiones del futuro. Hay que mirar todo eso para resolverlo”, destacó.
“Hay que trabajar por sectores, en cada convenio colectivo y evitar la conflictividad buscando modificar la ley de organizaciones sindicales. Pero se puede avanzar buscando soluciones para el esquema de indemnizaciones. Hay que poner a funcionar la economía rápidamente porque va a haber problemas muy difíciles de resolver en la macro. Para todos tiene sentido crecer y trabajar y para eso hay que resolver lo tributario, lo previsional y lo laboral”, concluyó Utrera.
