La semana que pasó tuvo en el centro de la escena a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic) debido a un nuevo impuesto, esta vez sobre la transmisión en línea de festivales y recitales.
La medida provocó malestar en el sector de la música y las voces de productores, asociaciones, managers y músicos independientes se hicieron oír.
La entidad que nuclea más de 30.000 socios tiene como director general a Guillermo Ocampo, quien en diálogo con PERFIL CORDOBA aclaró los alcances de la medida y detalló los acuerdos con las plataformas virtuales.
—¿Cómo quedó finalmente la medida sobre el streaming?
—Alcanza a todos aquellos recitales en línea que tengan venta de entradas o algún modo similar de procurarse ingresos. En esos casos se paga el 12% de Ingresos Brutos.
—¿Quién debe pagar ese porcentaje?
—En principio, el productor del espectáculo. Como sucede habitualmente en el mundo físico, el que paga es el productor, el que organiza el recital, cualquiera sea el grupo.
—¿Qué pasa con los músicos independientes que hacen recitales ‘a la gorra’?
—Es un tema que tiene matices. En tanto y en cuanto la restricción no esté dada por un pago previo, deberíamos analizar si cobrarle un porcentaje por derecho de autor o no. Nosotros apuntamos a una modalidad de negocio que en el mundo digital se potencia con motivo de las restricciones que hay a los espectáculos públicos, pero que claramente ha venido para quedarse. Hay una tendencia a que las plataformas digitales sean una forma de hacer recitales y llegar a mucha más gente de lo que permite un recital físico. Ahí apuntamos. Entonces, situaciones como la de un músico independiente que hace un recital porque se quedó sin ese bar pequeño en el que tocaba porque está cerrado y se traslada al mundo digital con un CBU para que colaboren, es algo que corresponde analizar.
—Claro, no es lo mismo un recital de Fito Paez, que lleva mucho público, a un músico independiente.
—Nosotros tenemos un arancel del 12% para recitales físicos, que podríamos haber aplicado al mundo digital. Hicimos una resolución específica con el afán de ser claros pero el resultado final no fue el que estábamos buscando, sino que generó un terrible revuelo. No estamos pretendiendo ir al pequeño músico o grupo musical que actúa ante poca gente, que es más ocasional, que se gana unos pesos. Si bien el marco teórico nos habilita a cobrarle porque la realidad es que están usando música, no tiene entidad económica para que estemos mandando intimaciones.
—¿Y qué pasa con los recitales solidarios?
—En el mundo físico, que es donde tenemos más experiencia, cuando se usa música de forma onerosa y hay un beneficiario, aunque sea una entidad de bien público, cobramos derechos. Porque en definitiva se están usando obras musicales que son propiedad de nuestros representados y tenemos derecho -en nombre de ellos- a cobrar por sus obras.
—¿En este caso también es el 12 por ciento?
—Sí. Lo que puede ocurrir es que la entidad solicite un descuento sobre la tarifa, por la finalidad solidaria que tiene. En ese caso se considera y se aplica el descuento.
—La Asociación Civil de Managers Musicales les pidió una revisión de montos, ¿lo están negociando?
—Ellos plantean un análisis sobre la participación de marcas en este tipo de recitales. En ese contexto, hemos abierto una vía de conversación. Hay que tener en cuenta que los managers a su vez son representantes de grupos que tienen autores, con lo cual también una buena defensa de los derechos económicos de sus socios es importante. Estamos analizando el caso y el martes tendremos una nueva reunión.
—¿Cómo es la regulación para las marcas?
—Cuando la marca está indisolublemente identificada con el recital debe pagar un arancel de $250.000 si es exclusivamente por internet o $400.000 si es internet y otros medios. Para esta regulación tuvimos en cuenta aquellos recitales en los que la marca es casi un nombre propio. Por ejemplo: Personal Fest, Quilmes Rock o Movistar Free. En el entorno digital muchas veces cobrar entrada no es tan sencillo, pero muchas veces está la posibilidad que un intérprete haga un recital para sus seguidores y tenga el auspicio de una marca. En ese caso, puede ocurrir que la marca no esté dispuesta a pagar tanto en concepto de derechos de autor; esos son los problemas que se plantean. Entonces, la realidad del mercado hace que tengamos que analizar también qué tan real es nuestra tarifa en ese tipo de situaciones. Eso es lo que estamos analizando.
—En estos casos ¿irían a acuerdos puntuales dependiendo de la envergadura del recital?
—No, tendríamos que sacar un régimen tarifario que tome como base de cálculo el 12% o un criterio diferente, que reconozca la importancia de la música, que genere una remuneración por su uso, pero que además contemple que el mercado no tiene la potencia que puede tener en el mundo físico. Tenemos que buscar términos medios.
El Cosquín Rock y una edición interactiva que llega para quedarse
PALAZZO. El productor musical prepara una edición interactiva del Cosquín Rock y asegura que el formato llegó para quedarse.
“Creo que fue una medida un tanto inoportuna por la situación tan particular que vive la industria de la música, sobre todo para los que tienen emprendimientos grandes y los empresarios que se dedican a la producción de espectáculos. Por otro lado, como se defienden intereses de artistas que también necesitan los ingresos de Sadaic, es una situación compleja”, reflexiona José Palazzo sobre el nuevo escenario.
El organizador de Cosquín Rock señala que está en negociaciones con Sadaic por la realización de una edición especial del clásico festival. “El Cosquín Rock tiene ventas en todo el mundo y tributa solo por las entradas que se venden en Argentina. Pero cada una de sus sedes (Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Chile, México, España y Estados Unidos) tiene sus propias reglamentaciones”, explica.
Palazzo asegura que casi todas las marcas que acompañan históricamente al Cosquín Rock se sumarán a esta edición especial y aclara que ésta será interactiva/ online, que se transformará en una plataforma que va a persistir en el tiempo. “Este es un formato que tiene que ver con un consumo en un determinado horario del festival en vivo. Pero después podés ver todos los contenidos que genera la plataforma en el horario y tiempo que vos quieras”, agrega.
Acuerdos con grandes plataformas
DIRECTIVO. Guillermo Ocampo asegura que el streaming es un negocio que llegó para quedarse.
La entidad tiene acuerdos con el 90% de los jugadores fuertes del mercado, en materia de utilización digital de obras musicales: Spotify, YouTube, Google Music, Deezer, Facebook, Instagram, Claro y Movistar Música, por nombrar solo algunas.
“Con todas tenemos acuerdos de licencias. En algunos casos es un porcentaje sobre los ingresos que tengan por la utilización de obras musicales en la plataforma; otros, que se financian con suscripción, pagan un 12% de lo que cobran por suscripción. Quienes se financian con publicidad abonan un porcentaje de lo que obtienen por esos ingresos y hay otros que están en las primeras etapas de desarrollo de su negocio y nos han pedido una fórmula fija hasta que su negocio se desarrolle”, detalla Ocampo.
La característica común a todas ellas -excepto el caso de Spotify- es que el uso de la obra digital debe ser siempre gratuito para quien accede a la plataforma. “Instagram no tiene como negocio específico el uso de música, ya que permite una cantidad de cosas; entonces, la licencia que tiene con nosotros es que puede haber uso de música, siempre y cuando sea gratuito para el usuario. Pero si el uso de la plataforma deriva en un negocio oneroso, ahí sí se tienen que pagar derechos; y el que paga derechos es el productor”.
Pelea por aranceles en stand by por la pandemia
El comienzo de este año prometía ser clave para la disputa entre hoteleros, organizadores de eventos y Sadaic debido a la activación del decreto 600/2019 que pondría topes arancelarios a la entidad.
Ocampo señala que en su momento interpusieron un recurso jerárquico ante la Presidencia de la Nación contra la decisión del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Turismo de la Nación. “Fijaron una tarifa que afectaba al 90% de nuestros ingresos por el uso de música en hoteles; eso está hoy a consideración del Presidente de la Nación, quién dirá si es procedente o no. Pero ahora está todo frenado por la cuarentena y los hoteles cerrados”.
Desde Fehgra, Alejandro Moroni señala que al no haber resolución por parte de la Justicia -ni modificando ni objetando- el sector decidió poner en marcha el procedimiento que implica el nuevo decreto. “Esto es, antes del 31 de enero hacer una declaración jurada sobre el valor de cada habitación single nueva, informar la cantidad de habitaciones y aplicar la fórmula que marca el propio decreto.
La entidad estaba obligada a responder con la factura y un CBU para hacer el depósito de transferencia (NdelE: el importe final se tenía que dividir en las cinco entidades de gestión colectiva: Sadaic, Argentores, Aadi-Capif, Sagai y DAC y repartir en partes iguales). Obviamente no han respondido ni facturado porque desconocen la aplicación del decreto, especulando con que la Justicia diera un fallo directo o rápido, pero ya han pasado cinco meses. De todos modos, estamos en una especie de stand by obligatorio”.
