Saldán: detectaron 34 facturas truchas por 9,5 millones de pesos
Hay otras 10 emitidas a nombre de la Comunidad Regional Colón, presidida por el intendente Cayetano Canto. En la megacausa se investigan 80 usinas de facturación.
CAYETANO CANTO. Fue reelecto intendente de Saldán el 14 de abril del año pasado con el 77% de los votos. De ahí saltó a la presidencia de la Comunidad Regional Colón. |
Cedoc Perfil
“Las facturas apoc (por apócrifas) están de moda”, fue el comentario lanzado por un funcionario de la Justicia federal. Lo demuestra la dimensión de la presunta organización de usinas que investigan los fiscales federales de Córdoba, Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedián, y de San Francisco, Luis María Viaut.
En el marco de esta megacausa, se han detectado facturas apoc en el municipio de Saldán y en la Comunidad Regional Colón. En el primer caso, suman 34 facturas por un total de $9.591.196. Y en el segundo, 10 facturas por un total de $9.272.802. Por esos hechos, han sido imputados Cayetano del Valle Canto, intendente de Saldán y presidente del ente intermunicipal, y su colega de Mendiolaza, Daniel Salibi, por ser secretario general de la comunidad.
En el caso de los organismos oficiales, el objetivo de este tipo de maniobras no es la evasión de impuestos porque están exentos de IVA y Ganancias. La duda es si efectivamente se prestó el servicio. Caso contrario, hacia dónde se canalizó el dinero. Por eso la calificación legal que endilgaron los fiscales a Canto y Salibi es administración fraudulenta agravada.
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Las comunidades regionales son entes creados en 2004 para agilizar gestiones y obras intermunicipales, según los departamentos y canalizar dineros para obra pública. Están presididos, por turnos rotativos, por los intendentes de las localidades que las integran.
En abril del año pasado, Cayetano Canto renovó mandato en la intendencia de Saldán con el 77% de los votos. La solidez de la victoria lo catapultó a la presidencia de la Comunidad Regional Colón. El municipio cuyo intendente ejerce ese cargo se convierte en la sede del ente.
Cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria con personal de Afip allanó la Municipalidad de Saldán detectó facturas apoc abrochadas con órdenes de pago. Estaban en una oficina contable administrativa, mezcladas con las operaciones que se presume son reales. Una fuente cercana a la investigación remarcó que tenían asignado como conceptos de pago definiciones vagas como: “Demarcación de lomada” o “Asfalto”.
En la administración contable de cualquier ente oficial se requieren facturas precisas con descripción de lugar,fecha y el servicio abonado.
Fuentes cercanas a Canto consultadas por PERFIL CORDOBA descartaron que haya defraudación porque “todas las obras que se contrataron se hicieron y están certificadas”.
Bailarín. Entre los numerosos datos de la facturación, la justicia detectó una a nombre de un joven de 22 años, sin secundario completo que vive con sus padres en Malagueño. Hace trap y baila. Lo máximo que logró como ganancia económica fue trabajar una temporada en Carlos Paz en un negocio de venta de celulares. Hay una factura por $500 mil emitida a su nombre.
Con un papel de estas características no es posible determinar a dónde fue a parar el dinero que se pagó. La única certeza es que no fue hacía donde el municipio registró el destino.
Los otros imputados. Como en la mayoría de los hechos descritos en el requerimiento fiscal, aparecen también en este caso los hermanos Diego Alberto y Natalia Soledad Vieyra Ferreyra. Se les atribuye la provisión de las facturas apócrifas. Y también fueron imputados el secretario de Gobierno de Saldán, Daniel Osvaldo Barón, y la contadora, Hebe Carolina Cristori.
LA INVESTIGACION
La investigación radicada en los tribunales federales de Córdoba ha detectado 80 usinas de facturas apócrifas. Las operaciones abarcan de enero de 2018 hasta abril de este año.
Como jefe de la organización, los fiscales Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedián ubicaron a Diego Alberto Vieyra Ferreyra.
La maniobra bajo investigación consistía en la emisión y venta de facturas físicas o electrónicas apócrifas a nombre de personas sin capacidad económica para proveer servicios o vender productos, con su aprobación a cambio de algún pago o sin ella, ocasionándoles perjuicios porque quedaban inhabilitados para cobrar beneficios sociales.
La otra modalidad era la copia de facturas verdaderas de contribuyentes con capacidad económica a las cuales les cambiaban datos del cliente y valores de una operación, en realidad inexistente.
El objetivo era generar crédito fiscal espurio o gastos ficticios, en parte para disminuir la base imponible de los clientes de la organización con relación al IVA y a Ganancias, y en parte para disimular la falta de capacidad económica de las propias ‘usinas’ y ‘usinas mixtas’utilizadas para emitir facturas apócrifas.
Hay 600 usuarios de facturas apócrifas identificados. El cliente que encabeza el top ten es un call center con 193 facturas truchas por $132 millones. Figuran también firmas exportadoras, constructoras y agropecuarias.
Los delitos imputados son asociación ilícita fiscal, alteración dolosa de registros fiscales, evasión de impuesto agravada.
ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL. Por el expediente radicado en el Juzgado Federal N.º 1 hay 43 personas imputadas, 14 detenidas y 3 con prisión domiciliaria; 12 fueron indagadas.
EL ANTECEDENTE DE LA CALERA
El 13 de noviembre del año pasado, el entonces fiscal federal N.º 2 Gustavo Vidal Lascano promovió acción penal contra funcionarios de la Municipalidad de La Calera, en una causa similar a la que estalló la semana pasada en los tribunales federales.
En el período 2015, la Afip había detectado facturas falsas por $3,1 millones y $3,6 millones. Al año siguiente, por $1,1 millón. Por esos hechos imputó por evasión fiscal agravada a la intendenta a cargo, María Esther Figueroa, al subsecretario de Recursos Contables, Darío Alejandro Gómez y al secretario de Economía y Finanzas, Pablo Gustavo Facta. En disidencia con el fiscal, el juez Alejandro Sánchez Freytes, rechazó el requerimiento fiscal por considerar que “no existe delito” porque el municipio no es sujeto obligado al impuesto y por lo tanto no puede considerarse que incurrió en evasión.
El fiscal que sucedió a Vidal Lascano, Carlos Casas Nóblega, apeló la resolución del magistrado el 29 de junio pasado. Insistió en que los funcionarios de La Calera tienen responsabilidad penal porque las facturas truchas constituyen salidas no documentadas de dinero de la administración pública.
El expediente está a consideración de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones.
