Schiaretti se despide sin causas que horaden su imagen y con un cúmulo de reformas en marcha
Los casos Blas Correas y Neonatal no lograron torcer la voluntad popular. En sus tres gestiones Luis Angulo fue figura clave, tanto en el vínculo con el TSJ como en las políticas de derechos humanos, violencia familiar y de género e innovación de los Códigos Procesales Civil, Laboral y Penal.
RELACIÓN CUIDADA. Juan Schiaretti mantuvo un vínculo con el TSJ a través de intermediarios. A propuesta de Luis Angulo aprobó el enganche salarial de los jueces a sus pares federales. |
Cedoc Perfil
“Fue una relación muy cuidada y siempre a través de intermediarios”. Así definió un operador judicial el vínculo que mantuvo Juan Schiaretti con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) durante sus tres gestiones al frente de la Provincia de Córdoba, la primera entre 2007 y 2011 y luego dos consecutivas, que arrancaron en 2015 y se extenderán hasta el próximo domingo.
En los tres períodos nunca protagonizó enfrentamientos públicos: los episodios de tirantez con la cabeza del Poder Judicial se administraron con habilidad suprema.
Tampoco hubo causas que menguaran su imagen como dirigente político y máxima autoridad provincial. No la afectaron los casos Blas Correas –que terminó con duras condenas a policías y una declaración de violencia institucional– ni las muertes de bebés en el Neonatal, donde las responsabilidades llegan hasta el exministro de Salud, Diego Cardozo.
No es posible hablar de la relación de Schiaretti con el Poder Judicial sin mencionar a Luis Angulo como pieza clave. Hubo dos períodos claros en ese entramado: con Angulo como ministro de Justicia existió un puente institucional reconocido y avalado por todos. Comenzó otra historia cuando asumió como vocal del TSJ porque en tribunales –aseguran– se quedaron sin interlocutor.
La relación entre ambos comenzó a fines de los ‘90 cuando José Manuel de la Sota llegó a la gobernación de Córdoba y lo designó como secretario de Trabajo, dependiente del Ministerio de la Producción, cuyo titular era el propio Schiaretti. La propuesta surgió del gremialismo, más específicamente del Movimiento de Acción Sindical (Moas) que lideraron José Pihen, Walter Grahovac y Héctor Morcillo.
PIEZA CLAVE. Luis Angulo fue ministro de Justicia en las tres gestiones de Schiaretti. Renunció en 2018 para incorporarse al TSJ al año siguiente.
Apenas Schiaretti asumió como gobernador en 2007, lo convocó para el Ministerio de Justicia. Un par de años antes había sucedido la cruenta revuelta en la cárcel de San Martín. Angulo puso en marcha un fuerte trabajo de capacitación en derechos humanos articulando la tarea con la UNC y la UCC, a cargo de Carolina Scotto y Rafael Velazco, respectivamente. También incorporó –con asesoramiento de Germán Garavano– áreas para prevenir y actuar en Violencia Familiar y de Género. El apoyo de Alejandra Vigo, actual senadora nacional, fortaleció el área.
Con el fin de mostrar independencia del Poder Judicial, Schiaretti se autolimitó por decreto a respetar estrictamente el orden de mérito del Consejo de la Magistratura en cada concurso para designar jueces, fiscales y asesores letrados. La norma adquirió carácter de ley en abril de este año. Otra iniciativa que generó beneplácito en el Poder Judicial fue la ley de enganche de haberes de los jueces provinciales a los de sus pares federales. Se llegó a equipararlos en un 90%. Quien articuló esa mejora también fue Angulo.
En materia de reformas procesales, con impacto directo en la tarea judicial, durante los sucesivos gobiernos de Schiaretti se impulsaron notorias reformas en los procedimientos. Entre ellas se cuentan la oralidad en el fuero Civil, que actualmente se está ampliando a toda la Provincia. En el fuero Laboral está en plena ejecución un nuevo procedimiento que acorta de cinco años a poco más de seis meses el trámite de los reclamos. El viernes pasado se cumplió un año desde que comenzó a funcionar el Tribunal de Gestión Asociada.
La mediación y la oralidad en las causas penales también fue un avance significativo. Sobre niños y adolescentes, recientemente se puso en marcha un nuevo y más ágil trámite para adopciones y un nuevo modelo de Justicia Restaurativa en materia Penal Juvenil.
La obra pública en todos estos años también fue posible por la sinergia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Actualmente, la mayor obra proyectada es la construcción de 8.000 m2 en el Polo Judicial como futura sede de los tribunales de Familia.
Fiscalía General: delicado equilibrio entre el schiarettismo y el delasotismo
El 15 de marzo de 2019, Alejandro Moyano cumplió su mandato de cinco años como fiscal General. Había sido designado por José Manuel de la Sota. Casi dos años se tomó Schiaretti para proponer a un nuevo jefe del Ministerio Público Fiscal, lo que generó la sospecha de que quería dejar con mandato vigente a un funcionario de su confianza tras su alejamiento de la gobernación. Recién en marzo de 2021 propuso a Juan Manuel Delgado, por entonces procurador del Tesoro de la Provincia.
En esos dos años, la acefalía se cubrió con la conducción compartida de dos fiscales Generales Adjuntos, el delasotista Héctor David y el schiarettista José Gómez Demmel, un abogado de extrema confianza de Ricardo Sosa. Fue el modo de administrar poder en el órgano que fija las políticas criminales de persecución penal.
La llegada de Delgado no anuló la interna y potenció al ala oficialista. Antes de asumir fue cuestionado por su cercanía a Schiaretti –aunque él niega un trato personal más allá de la función– y su posición sobre el aborto. En el expediente que cuestionaba la aplicación en Córdoba de la Interrupción Legal del Embarazo (IVE) dictaminó en contra de la ley por limitaciones constitucionales.
TENSA RELACIÓN. En marzo del 2021, Sebastián López Peña, entonces presidente del TSJ, tomó juramento a Juan Manuel Delgado como fiscal General.
Hoy tiene en sus planes avanzar la habilitación de un Sistema de Flagrancias para tramitar con mayor agilidad las investigaciones de detenidos en el momento en el que cometen los delitos, particularmente robos. El tema evidenció discrepancias profundas entre vocales del TSJ y de algunos de ellos con el fiscal General.
Antes de la función pública, fue asesor jurídico de empresas. Tiene carácter ejecutivo en las decisiones, imposible en un terreno donde las decisiones deben ser estudiadas, consensuadas y dispuestas junto a un cuerpo colegiado como es el Tribunal Superior y el conjunto de jueces, fiscales y asesores.
Ningún fiscal puso en aprietos al gobernador que se despide
Durante los tres mandatos no hubo causas penales que alcanzaran a la persona del gobernador Juan Schiaretti. Ni siquiera las dos investigaciones, por licitaciones diferentes de los gasoductos troncales, pasó el primer peldaño de un expediente penal. Mientras en los países donde actuó Odebrecht causó un tembladeral político con imputaciones a presidentes, en Córdoba no movió el amperímetro.
Las denuncias presentadas se archivaron. Son contados con los dedos de una mano –y sobran– los funcionarios investigados y juzgados por sus gestiones. Hubo sólo dos condenas: al exintendente Germán Kammerath, por negocios incompatibles con la función pública, y al exsecretario de Ambiente, Raúl Costa, por incumplir la ley ambiental.
Dos expedientes recientes tuvieron impacto político: la condena a 12 policías –dos recibieron la pena máxima de prisión perpetua–por el crimen de Valentino Blas Correas en agosto del 2020 y la investigación por ataques y asesinatos a recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal.
En el primer caso, después de la sentencia hubo derivaciones en el Fuero Anticorrupción para analizar la conducta del exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera y la rápida reacción del gobernador hizo que se impulsaran dos medidas importantes: la extensión de 10 meses a tres años de la formación de policías y la creación del Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad y Penitenciarias fuera de la órbita policial. La primera tuvo una contracara difícil de sobrellevar: por tres años hubo baja de efectivos y no se incorporaron nuevas camadas.
DIEGO CARDOZO. El exministro de Salud es el funcionario de mayor rango de la gestión Schiaretti que fue imputado por la Justicia por omisión y encubrimiento, a raíz de las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal.
En la causa del Neonatal la pirámide de responsabilidades llegó hasta el exministro de Salud, Diego Cardozo. No obstante la gravedad de los hechos, en cada elección la voluntad popular respaldó la gestión, lo que permite deducir que no impactaron negativamente en la imagen de Schiaretti, incluso como candidato presidencial. En la campaña, ninguno de estos casos tuvo preponderancia.
Actualmente hay otro expediente caliente que investiga la presunta corrupción en el Servicio Penitenciario de la Provincia.
Por el momento no escala más arriba. Podrá conjeturarse que el Fuero Anticorrupción, creado por José Manuel de la Sota, fue diseñado con el objetivo de tamizar las denuncias por presuntos hechos de corrupción, dejándolas en el camino sin la mínima posibilidad de que querellantes pudieran intervenir para movilizar los expedientes.
De hecho, el gobierno ni siquiera sufrió el sobresalto por el ingreso de querellantes a esas causas que pudieran controlar, empujar u ofrecer prueba en cada investigación. Cuando un grupo de exlegisladores –Aurelio García Elorrio, Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros– decidió formar ‘Asoma’, una asociación en contra de la corrupción, el Tribunal Superior de Justicia le vetó la posibilidad de litigar en estos casos. Todos admitieron que la letra chica de la ley que creó el fuero prohibió la participación de terceros.
El único damnificado es el Estado, la administración pública; pero si se investiga a un funcionario es imposible que se permita acusar a actores de la gestión propia.
Fue la vocal Aída Tarditti quien reconoció públicamente la inoperancia del Fuero Anticorrupción e hizo lo que tenía a mano: crear un espacio virtual para que fiscales y jueces informen sobre las investigaciones a funcionarios públicos. Aportó transparencia, no mucho más que eso.
