La discusión por el servicio de recolección de residuos -y su correspondiente licitación- se convirtió en el tema del año en el Concejo Deliberante. Sorteada la apertura de sobres, y mientras se espera que haya definiciones en el Ejecutivo, en el ámbito del Concejo volvieron a objetar el convenio del Surrbac, como así también los antecedentes de las tres empresas en carrera: Solvi-Caputo, Cotreco y Lusa.
Concretamente, la concejal del socialismo, Laura Sesma, manifestó a PERFIL CORDOBA que “si se cuestiona a Solvi-Caputo por las denuncias que tiene en Brasil, las dos firmas que están acá tampoco cumplieron con los pliegos”. Para la edil, “si queda afuera una, deben quedar afuera las tres”.
Además agregó que podría ingresar el tridente completo a hacerse cargo del servicio. La jugada, reconoce Sesma, habilitaría a que Solvi-Caputo ingrese con el convenio de camioneros y deje sin efecto el que en Córdoba tiene el Surrbac, gremio liderado por Mauricio Saillén.
Hace unas semanas, en el poder legislativo municipal la propia Sesma afirmó: “El convenio de camioneros en Rosario no presenta condiciones tan leoninas como la que tiene en Córdoba ‘la pandilla’ de Saillén”. Pidió también que “el intendente (Ramón) Mestre no le tenga miedo al titular del Surrbac”. De esta manera, la edil hoy apunta no solo contra la conducción del gremio de los recolectores en Córdoba, sino también contra las empresas.
Lo que a algunos les llamó la atención fue que la referente de Elisa Carrió en Córdoba termine, por propiedad transitiva, respaldando al gremio que conduce la familia Moyano, enemigos públicos de la diputada nacional y socia fundadora de Cambiemos.
“No es que esté defendiendo a Moyano -le dijo Sesma a este diario- pero el convenio que ellos tienen en Rosario es el que rige a nivel nacional. Acá el problema que tenemos es que el gremio se maneja como dueño de la empresa y no como empleados”.
El convenio del Surrbac se originó en 2014, una vez que los Saillén y los Moyano se desconocieron. Para el respaldo cordobés fue clave la figura del entonces ministro de Trabajo de la Nación, el kirchnerista Carlos Tomada, quien hace unas semanas estuvo en Córdoba y habría vuelto a tener contacto con el sindicato cordobés.
Para que pueda darse de baja el convenio actual es necesario que las partes firmantes en aquel momento -Municipio, Lusa y Cotreco- lo denuncien y dejen sin efecto. “Ellos (Surrbac) tienen convenio de empresas, no de sector. Y eso es lo perjudicial para los cordobeses”, sostuvo Sesma.
La edil reconoce que “el intendente, por acción u omisión, es responsable de este escenario”. También insiste con que el Ejecutivo debe derribar el convenio con el gremio 60 días antes del vencimiento.
En la semana en que surgieron nuevamente las acusaciones entre las empresas, los otros competidores le apuntaron a la baja oferta de Lusa –mismo grupo empresario de Ersa- y se supo que hay en algunos estamentos del Gobierno nacional preocupación por el crecimiento del Surrbac, filas de las que en 2019 podría surgir un candidato.
