El fiscal de Instrucción, Juan Pablo Klinger, elevó a juicio a siete policías miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), acusados de mantener un sistema de procedimientos antidrogas ilegal. Comprobó que, por lo menos, desde el 2020 y hasta el año pasado se quedaban con parte de las sustancias que secuestraban en los operativos y con eso pagaban a dateros que, a su vez, les entregaban información de puntos de venta al menudeo. El objetivo era "hacer número" y mostrar una presunta efectividad en la lucha contra el narco.
El viernes pasado, Klinger firmó el requerimiento de elevación a juicio en contra de Luis Rubén Benavidez, Diego Omar Bertino, Néstor Javier Márquez, Raúl Eduardo Moreno, Isidro David Rivero, Eduardo Ruiz y Sergio Ruiz, alias Soarcito. La mayoría integró las Brigadas de Cruz del Eje, otros se desempeñaron en Deán Funes y alguno tuvo asignación de tareas en Cosquín.
Están acusados de integrar una asociación ilícita. Moreno y Sergio Ruiz, también están acusados por el delito de entrega de estupefacientes de manera ocasional agravado por la calidad de funcionario público.
Los otros tres imputados son civiles que actuaron como informantes de los policías. Los nombraban como “deltas”. Todos permanecen detenidos.
Durante la instrucción de la causa, Moreno confesó su participación en las maniobras y pidió ser sometido a un juicio abreviado. No sería extraño que otros policías continúen el mismo camino.
Con el requerimiento de elevación a juicio se considera concluida la recopilación de pruebas que, a decir del fiscal, son contundentes. Quedaron totalmente expresadas en las comunicaciones telefónicas entre los acusados.
Revés a las pretensiones del fiscal Ramírez
El fiscal Raúl Ramírez, en uso de licencia, también se encuentra acusado en una causa conexa radicada en el Juzgado de Control N° 3 de la ciudad de Córdoba. Son investigados junto a él, el secretario de la Fiscalía, Patricio Bazán, y el exjefe de la Brigada de la FPA de Cruz del Eje, Mauricio Oyola.
Los tres fueron elevados a juicio semanas atrás, también con acusación del fiscal Klinger, por los delitos de encubrimiento agravado y abuso de autoridad.
El defensor de Ramírez, Gustavo Núñez, planteó la incompetencia del juez de esta Capital y procuró llevar el expediente a Cruz del Eje.
La Cámara de Acusación rechazó el pedido. La autora del primer voto, la vocal Patricia Farías -al cual adhirieron Carlos Salazar y Maximiliano Davies- tuvo expresiones contundentes para no remitir el expediente a la sede del norte cordobés.
“Resulta imperativo ponderar la gravedad y la complejidad del contexto institucional en el que se enmarca la presente investigación, en la cual se encuentran involucrados, en calidad de sospechosos, funcionarios adscritos al Poder Judicial de la provincia con sede en la ciudad de Cruz del Eje en el marco del ejercicio de sus respectivas funciones”.
Párrafo seguido, consideró que la intervención del juez de Control 3 garantiza “imparcialidad y objetividad (...) a los fines de evitar cualquier tipo de interacción con el personal vinculado a aquella repartición, procurando salvaguardar la autonomía en el ejercicio de un control externo idóneo y asegurar la transparencia”.
